En un capítulo más de la larga y polémica novela de la Villa Génesis, un grupo de vecinos requirió a la Contraloría General de la República para que aclare si la Municipalidad de Los Ángeles está facultada para administrar el sistema de agua potable.
Dicha presentación se suma a las denuncias de los últimos días respecto de la calidad del agua que consumen las familias del sector, situación descartada por las autoridades sanitarias.
En un oficio presentado a mediados de agosto, que fue firmado por seis vecinos, se pide al organismo contralor que verifique la legalidad del mecanismo por el cual se traspasó al municipio el sistema de agua potable comunitario.
Además, los firmantes se cuestionan si la corporación edilicia está facultada para asumir funciones que son privativas de las empresas sanitarias, lo cual se refrendaría por el cobro del servicio a razón de 3 mil 500 pesos por cada familia residente.
Un tercer aspecto es la interrogante sobre los anuncios de trabajos en el pozo que bordea los 50 millones de pesos, pero donde los residentes aseguran que esa inversión no se expresa en mejoras del servicio.
A este reclamo se suma la pugna legal entre el municipio con la empresa formada por antiguos socios de la coordinadora que dio forma a la villa Génesis, la cual figura como dueña del pozo profundo que surte a las 600 familias que viven en el sector.
Dicho pozo, de más de 60 metros de profundidad, fue inscrito en la Dirección General de Aguas, DGA, por dicha empresa para ser el inicio de una sanitaria que viera la forma de surtir el vital elemento.
Aunque el municipio pidió al mismo organismo público que revocara los derechos a la empresa y lo traspasara a la junta de vecinos, la DGA definitivamente descartó dicha acción, por lo que el conflicto legal sigue abierto.
