El Estado deberá pagar cerca 29 millones de pesos por los perjuicios causados a una familia que sufrió un accidente de tránsito el 15 de diciembre de 2006, cuando un vehículo de la Policía de Investigaciones colisionó el automóvil en que viajaban en el sector nudo Barón de Valparaíso.

El pago indemnizatorio fue determinado en fallo unánime y de primera instancia por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Según la resolución del tribunal de alzada porteño, los antecedentes del proceso determinaron que Carlos Valenzuela Herrera, el funcionario policial que conducía el vehículo institucional, impactó al automóvil particular conducido por Miguel Bustamante Tapia, virando de manera antirreglamentaria.

Testigos del hecho señalaron que los funcionarios de Investigaciones no prestaron ninguna ayuda a la familia y luego de ocurrido el accidente colocaron las balizas para aparentar que estaban funcionando al momento del choque.

El accidente de tránsito provocó lesiones al conductor del vehículo particular y también a sus dos hijos menores de edad, además a su esposa, Claudia Mosquera Vargas, quien sufrió la ruptura de una prótesis mamaria. Sólo esta última afectada gastó 45 millones de pesos en intervenciones médicas.