Representantes del Partido Socialista (PS) y del Movimiento Amplio Social (MAS), encabezados por el consejero regional de Bío-Bío, Eduardo Araya, llegaron hasta los Tribunales de Concepción para interponen una acción de amparo para que se les informe acerca del grupo de funcionarios que se incluyó en el presupuesto operativo 2011 del Gobierno Regional y que fueron presentados como “equipo de reconstrucción”.

Éstos últimos en realidad corresponderían a operadores políticos, conocidos como “territoriales”, según indicó el consejero, quien agregó que el detalle de esto fue solicitado en en agosto y octubre a la intendenta Jacqueline Van Rysselberghe.

Asimismo, aseguraron que esto reporta un costo de más de 150 millones de pesos anulaes para el GORE con sueldos que fluctúan entre los 500 mil y 1 millón y medio de pesos para personas de las que no se conoce su perfil técnico.