Familiares de víctimas francesas de un atentado en 2002 en Pakistán y líderes opositores insistieron en pedir explicaciones al presidente Nicolas Sarkozy sobre la presunta existencia de comisiones ilegales para financiar una campaña política en los años 90 tras una millonaria venta de submarinos franceses.

“Es necesario que Nicolas Sarkozy aclare cualquier ambigüedad”, afirmó el jueves el abogado de las familias, Olivier Morice, que también reclamaron al juez Renaud Van Ruymbeke que cite a otros responsables políticos de entonces como el ex presidente Jacques Chirac (1995-2007) o su entonces primer ministro Dominique de Villepin.

Las familias de las 11 víctimas francesas del atentado ocurrido el 8 de mayo de 2002 en Karachi (Pakistán), que dejó otros tres muertos, volvieron a pedir a la justicia que “interrogue a Nicolas Sarkozy, aún si está cubierto por la inmunidad presidencial”, precisó el letrado.

Informes aportados al sumario indican que las comisiones, entonces legales, que Francia pagó a Pakistán para obtener un contrato por 5.400 millones de francos (unos 1.100 millones de dólares) para venderle submarinos “Agosta” en 1994, dieron lugar a comisiones, esta vez ilegales, en el sentido inverso.

Según el diario Liberation, la campaña presidencial de 1995 del rival de Chirac, el primer ministro Edouard Balladur, cuyo ministro de Presupuesto y portavoz de campaña era Nicolas Sarkozy, habría recibido 10 millones de francos (2,4 millones de dólares) provenientes de esas comisiones ilegales.

En junio la policía luxemburguesa confirmó en un informe que “una parte de los fondos que pasaron por Luxemburgo fueron a Francia para financiar campañas políticas”.

Sarkozy calificó meses atrás de “fábula” las sospechas de comisiones ilegales para financiar la campaña de Balladur.

Pero el miércoles, el ministro de Defensa francés de entonces, Charles Millon, explicó que tras su llegada a la presidencia Chirac le pidió que revisara los contratos de armas y verificara si había indicios de “comisiones ilegales”.

“En el contrato de Pakistán y a la luz de los informes de los servicios secretos y los análisis del ministerio (de Defensa), tuvimos la íntima convicción de que esas comisiones (ilegales) existieron”, afirmó Millon.

Una de las hipótesis que maneja la justicia francesa es que Chirac ordenó poner fin a las comisiones ilegales que Balladur había prometido a Pakistán.

Las declaraciones de Millon no sólo reforzaron el reclamo de los familiares de las víctimas del atentado, que trabajaban para la Dirección de Construcciones Navales francesa (DCN), sino también de la oposición política.

Balladur nunca compareció ante la justicia y sólo habló a puertas cerradas ante una misión parlamentaria. Interrogado por la prensa sobre el papel de Sarkozy negó que éste estuviera a cargo de la tesorería de campaña y dijo que el pedido de explicaciones “es una manera de ponerlo en tela de juicio”.

Sin embargo, tres relatores del Consejo Constitucional francés rechazaron en esa época sus cuentas de campaña pues encontraron donaciones en efectivo por decenas de millones de euros “sin justificativos”.

Dirigentes socialistas reclamaron el jueves “transparencia” e insistieron en que se levante el “secreto de defensa” que sigue pesando sobre documentos vinculados al atentado de Karachi, cuyas investigaciones judiciales podrían empañar la campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2012.

“Creo que Nicolas Sarkozy tiene que dar explicaciones pues era ministro de Presupuesto y portavoz de Balladur”, afirmó el diputado socialista Jean Christophe Cambadelis, antes de advertir que estas sospechas podrían “reeditar el escándalo de los diamantes” que en 1979 recibió el entonces presidente francés Valery Giscard D’Estaing del emperador centroafricano Jean Bedel Bokasa.