La mayoría de las 11 provincias de producción minera de Argentina, con fuertes inversiones extranjeras, rechazaron este martes la posible aprobación de una ley del Congreso de protección a los recursos hídricos (glaciares) y amenazaron con presentarse a la justicia.
Los distritos, ubicados en una extensa región andina limítrofe con Chile, señalaron que recurrirán a la justicia al considerar que la ley de glaciares aprobada como primer paso por la Cámara de Diputados, restringirá la actividad minera y dañará las inversiones de las compañías, la mayoría canadienses.
En el primero de una serie de debates en el Senado sobre la ley antes de la discusión en el pleno, prevista para el 30 de septiembre, los gobernadores criticaron la norma por considerar que perjudica la actividad minera, mientras los legisladores opinaron que su intención es preservar los recursos hídricos como reserva estratégica.
“Hemos acordado con los gobernadores (de las provincias mineras) hacer un planteo de inconstitucionalidad” si el Senado ratifica la ley de glaciares votada por la Cámara de Diputados”, dijo este martes el gobernador de Jujuy (noroeste), Walter Barrionuevo, en un encendido debate de una comisión legislativa sobre la iniciativa.
La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados, apoyada por organizaciones ambientalistas, restringe “la explotación minera e hidrocarburífera” en la zona de glaciares y periglaciares, formaciones diseminadas en la Cordillera de los Andes y consideradas grandes reservas de agua dulce.
El texto señala que busca preservar los glaciares “como reservas estratégicas de recursos hídricos” y los considera “bien de carácter público”.
“Esta ley está signada por la negación de una actividad (la minera)”, dijo en cambio José Luis Gioja, gobernador de San Juan (oeste), donde la canadiense Barrick Gold explota la mina de oro y plata de Pascua Lama, un emprendimiento argentino-chileno, enclavado a 4.000 metros de altura.
Gioja, un aliado de la presidenta Cristina Kirchner, dijo que las inversiones mineras en San Juan permitieron la creación de 800 pequeñas y medianas empresas y sostuvo que los mineros “antes ganaban 20 pesos (5 dólares) por día y ahora perciben entre 4.000 (USD 1.000) y 5.000 pesos por 15 días de trabajo”.
“Todos queremos el desarrollo económico, pero no lo queremos a costa del agua, que es considerado un derecho humano esencial”, replicó en el debate el senador oficialista Daniel Filmus, uno de los autores de la iniciativa.
Se estima que más de un centenar de companías mineras, la mayoría extranjeras, operan en Argentina, incluyendo las que ya desarrollan actividades de explotación y las que están en proceso de prospección.
Tras la aprobación de la Cámara de Diputados, el Senado discutirá a finales de mes un proyecto que retoma el texto de una ley aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso en 2008, pero que luego fue vetada por la presidenta Kirchner alegando problemas técnicos en su texto.
Más de cien organizaciones sociales, asociaciones de productores y partidos políticos entregaron este martes a los senadores una declaración en la que expresaron su plena adhesión al proyecto de ley de glaciares.