Una serie de indicaciones que buscan terminar con las “prácticas abusivas, falta de transparencia y discriminaciones hacia los consumidores” ingresaron los diputados DC, Fuad Chahín y Patricio Vallespín, integrantes de la Comisión de Economía de la Cámara.
Imagen: Camara.cl
Estas indicaciones se suman al proyecto que la bancada ingresó el año pasado y que busca, como objetivo principal, aumentar la transparencia en el mercado de los plásticos, debido a la creciente cantidad de reclamos, según indicó el portal de la Cámara de Diputados.
Esta semana, en tanto, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (SBIF), emitió su Informe trimestral de tarjetas de crédito no bancarias, con información actualizada a marzo del presente año.
El documento señala que el número de tarjetas de crédito no bancarias emitidas y válidas, alcanza la cifra de 16.249.029. Considerando las bancarias, la cifra llegaría a los 29 millones de plásticos.
Según explicaron los diputados Fuad Chahín y Patricio Vallespín, las indicaciones apuntan a reforzar la transparencia en los contratos entre las distintas entidades bancarias, comerciales y el dueño de la tarjeta. Los parlamentarios agregaron que los contratos presentan una serie de debilidades como por ejemplo, el término de los beneficios discriminatorios, ya que normalmente las ofertas y descuentos están sólo disponibles para quienes tienen tarjeta, impulsando al endeudamiento de los consumidores o la posibilidad que el dueño de la tarjeta pueda poner fin al contrato cuando estime conveniente mediante carta certificada.
Las indicaciones consideran fuertes multas en caso de infracciones, y sanciones como la revocación o suspensión de la autorización para emitir tarjetas, además de multas, con beneficio fiscal de hasta 10 mil UF.
El proyecto de la Bancada DC, que ya se tramita en la comisión, considera, además, la obligación de los emisores de las tarjetas de crédito de avisar con 15 días de anticipación de todo aumento en las tasas de interés tanto en la cartola, como a través de los distintos medios que se expresan en la ley; y, que las instituciones emisoras de tarjetas de crédito deban establecer una tasa única para cada tipo de tarjeta que emitan, entre otras exigencias.
