El abogado de la familia de uno de los 12 presos muertos la semana pasada en un incendio en una cárcel uruguaya afirmó el lunes que el Estado es responsable de crímenes de lesa humanidad por ese hecho.

El abogado defensor Gustavo Salle, que representa a la familia de un recluso que murió calcinado y a la de otro que resultó herido, presentó el lunes un escrito ante la justicia de Rocha (210 km al este de Montevideo), donde ocurrió el hecho, recusando su accionar por entender que no tiene suficiente imparcialidad en el tema como para investigarlo.

Salle dijo a la AFP que también pidió la nulidad de lo actuado hasta ahora por entender que el marco jurídico en el que debe investigarse esta “masacre atroz” es el de la ley referida a crímenes de lesa humanidad y al trato cruel como una de las formas de consumar la tortura.

“En la cárcel de Rocha con anterioridad al incendio ya el Estado observaba una conducta intencionalmente antijurídica, en cuanto consumaba el delito de tortura”, afirmó.

El incendio, aparentemente accidental, ocurrió la madrugada del jueves en la cárcel de Rocha, dejando 12 presos muertos y 8 con quemaduras graves.

La cárcel albergaba a 133 personas, aunque fue construida para alojar a no más de 60, admitieron las autoridades.

El abogado, que no descartó llevar más adelante el caso ante la justicia internacional, recordó que el ex presidente Tabaré Vázquez decretó el 1 de marzo de 2005 la emergencia humanitaria en las cárceles, “por lo que hay un reconocimiento explícito del Estado con respecto a esa emergencia”.

“Al cabo de seis años de gobierno de esa fuerza política, la emergencia humanitaria se ha profundizado a niveles inéditos en la historia carcelaria del país”, acusó.

Salle indicó que enviará información sobre el caso al relator especial de la ONU para la Tortura, Manfred Nowak, que en su visita a Uruguay en marzo de 2009 señaló que “existe una urgente necesidad de tomar medidas” para evitar “violaciones a los derechos humanos” en las cárceles.