Cuando este lunes se cumple un año del golpe de Estado en Honduras, el país sigue polarizado entre los partidarios del derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya y los simpatizantes del ex mandatario, que promueven manifestaciones a partir de este domingo para exigir una Asamblea Constituyente.

Manuel Zelaya

“Aquí todo sigue lo mismo; yo tengo dos hijas, una es golpista y otra es resistencia; y son estudiantes de medicina”, se queja Carlos Hernández, un taxista de 51 años.

“A donde quiera que uno vaya se va encontrar con que las familias están divididas; a Mel (Manuel Zelaya) muchos se le dieron vuelta, porque el hombre quería hacer algunas cosas en favor de los pobres”, expresa por su parte Carlos Castro, otro taxista de 63 años.

“Hay un 90% con la Resistencia y el otro 10% con los golpistas, sigue la división y esto no se va a acabar”, dijo por su lado el ciudadano Edgardo Rodríguez.

El experto en derecho internacional, Roberto Herrera Cáceres, dijo a la AFP que “hay intereses en mantener la polarización y eso no deja avanzar la unidad nacional y la reconciliación que pretende el presidente Porfirio Lobo”.

A nivel de organizaciones continúa la polarización entre el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP, izquierda) –que tras el golpe realizó las marchas de los “rojos” por el regreso de Zelaya– y los “blancos” de la Unión Cívica Democrática (UCD, derecha), que apoyaban al gobierno de facto.

El FNRP, una alianza de organizaciones sociales y disidentes del ahora opositor Partido Liberal (PL, derecha que con Zelaya giró a la izquierda), conmemorará el aniversario del golpe, que se cumple este lunes, con movilizaciones y actos culturales.

La organización recolecta firmas para presionar al gobierno de Lobo para que convoque a una Asamblea Constituyente y se permita el regreso de Zelaya al país. Para el 15 de septiembre -cuando se conmemora la independencia del país- el FNRP espera reunir 1.250.000 firmas.

También habrá durante este domingo y el lunes, caminatas, vigilia, una gran movilización y actos culturales.

Lobo ha reconocido que “varios sectores, incluso algunos empresarios”, le han planteado que convoque la Constituyente y se ha ofrecido como “facilitador” del proceso.

Según el proyecto de los seguidores de Zelaya, la Constituyente se encargaría de redactar una nueva Constitución, a lo que se oponen políticos conservadores, empresarios, iglesias y organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la UCD.

La Constitución, vigente desde 1982, contiene siete de los 343 artículos que son “pétreos” o irreformables, entre ellos la reelección presidencial, objetivo que perseguía Zelaya, según sus opositores.

La insistencia de Zelaya en celebrar una consulta popular destinada a convocar un referéndum sobre la Asamblea Constituyente, condujo a su derrocamiento, dispuesto por el Poder Judicial, avalado por el Congreso y ejecutado por los militares, que lo detuvieron en su casa y lo enviaron en pijama a Costa Rica el 28 de junio de 2009.

Esa situación llevó a Honduras a sufrir el aislamiento internacional y el bloqueo de la ayuda financiera.

Un año después del golpe que derrocó a Zelaya, Honduras todavía lucha por ser reintegrada en instituciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), debido a la oposición de varios países, como Argentina, Brasil o Venezuela.

A nivel interno, Lobo tiene que hacer frente a los sectores más conservadores de su propio grupo, el Partido Nacional, donde ha denunciado que se han producido conatos golpistas, y con algunas instituciones, como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, controladas por partidarios del golpe.