Una oficina de control interno anunció una investigación en Perú ante la denuncia de la prensa limeña de que desaparecieron archivos electrónicos de un sonado caso de espionaje político e industrial que golpearía colateralmente al gobierno de Alan García.
Perú
La investigación fue anunciada el jueves, casi simultáneamente con un comunicado del Poder Judicial que negó que estos archivos electrónicos hubieran desaparecido.
La Oficina de control de la magistratura (OCMA), un órgano de control interno judicial, anunció una investigación para determinar qué ocurrió con los 592 archivos almacenados en dos USB (dispositivos de almacenamiento) que estaban en poder de la jueza María Martínez, encargada del caso.
La revelación de la desaparición de esos archivos se produce a escasas semanas del 12 de abril, plazo en el que debe concluir la investigación por este caso de interceptación telefónica, que ha generado gran revuelo político.
Sin embargo, el Poder Judicial calificó como falsas las denuncias periodísticas “del robo de audios” contenidos en los archivos electrónicos.
“Es falso. Nunca se ha producido robo de audios, asaltos, ni sustracción o pérdida de alguno de los bienes incautados como refiere la versión periodística”, señaló un comunicado del Poder Judicial.
Según el Poder Judicial, “las pruebas se encuentran en una bóveda del juzgado, donde existe un total de 7 cámaras de video que registran las ocurrencias 24 horas del día todos los días. Nadie ha ingresado al Juzgado y menos a la bóveda”.
“Yo he testificado en el juzgado que investiga el caso y éste tiene controles de seguridad que nunca había visto. Y ahí se han metido y han borrado archivos ¡Es increíble! Ahí, seguro, está la mano de gente poderosa”, denunció el ex ministro del Interior (2002), Fernando Rospigliosi citado este viernes por el diario El Comercio sobre el caso.
La prensa insistió este viernes resaltando que “existe evidencia forense de que se adulteraron los archivos el 4 de mayo de 2009, con el objetivo de borrar su contenido”.
La prensa sospecha que altos magistrados del Poder Judicial estarían encubriendo a algunas personalidades vinculadas al gobierno debido a la negativa de la jueza a colaborar con una comisión del Congreso que investigó el tema.
La jueza Martínez jamás entregó al Congreso los audios ni los archivos con conversaciones telefónicas y correo electrónicos incautados, cuando el caso estalló en enero de 2009.
Personajes del gobierno, como el vicepresidente, Luis Giampietri, y la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas, están involucrados en esas presuntas acciones de espionaje, concluyó en marzo la comisión legislativa.
El espionaje a políticos opositores y empresas fue realizado por la firma privada de seguridad Business Track, del contraalmirante en retiro Elías Ponce, preso y acusado del espionaje telefónico, pero que niega esa actividad.
Según la comisión parlamentaria, esa firma se dedicó “de manera organizada, planificada y sistematizada a obtener información clasificada a través de las interceptaciones telefónicas y electrónicas”.
El informe indicó que entre los políticos espiados figuran opositores como el nacionalista Ollanta Humala, la ex candidata presidencial Lourdes Flores y el ex secretario general de la ONU Javier Pérez de Cuéllar, entre otros.
