Amnistía Internacional (AI) instó al gobierno nicaragüense a que brinde apoyo médico a una mujer embarazada de 27 años que padece cáncer para que pueda recibir quimioterapia.
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La investigadora de Amnistía Internacional para Centroamérica, Esther Major, se declaró “sorprendida” de que Nicaragua “niegue a una paciente de cáncer la posibilidad de salvar su vida con un tratamiento porque está embarazada”.
“Los médicos que tratan Amalia se han negado a utilizar la radioterapia y la quimioterapia” para salvarle la vida porque temen ser enjuiciados, reprochó AI.
La nicaragüense, quien ha sido apodada ‘Amelia’, tiene 10 semanas de embarazo y se encuentra hospitalizada desde hace 22 días en delicado estado de salud en un hospital del departamento de León, 93 km al noroeste de la capital tras diagnosticarle un cáncer.
Nicaragua aprobó en noviembre del 2006 una ley que penalizó con uno a tres años de cárcel a los médicos y mujeres embarazadas que se sometan a un aborto terapéutico.
“La prohibición en Nicaragua de los abortos terapéuticos es un escándalo de derechos humanos que se burla de la ciencia médica, convirtiendo la ley en un arma contra la prestación de asistencia médica básica a las mujeres embarazadas y niñas”, consideró Major.
El pasado 18 de febrero 20 organizaciones humanitarias, civiles y la Asociación de Ginecólogos pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “medidas especiales” para obligar a Managua a proteger el derecho de Amalia a recibir tratamiento contra el cáncer para salvar su vida.
El caso de Amalia ha provocado controversia entre la iglesia y algunos sectores médicos que alegan que un aborto no salvará su vida, versus feministas y otras organizaciones civiles que exigen que se interrumpa el embarazo para intentar su recuperación.
