El Gobierno ingresó indicaciones al proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones, entre las que se encuentra la creación de la entidad pública que licitará la administración del 4% de cotización adicional con cargo al empleador. En la oposición quedaron de manifiesto las diferencias, tras la cancelación de una conferencia de prensa en que supuestamente se presentaría un principio de acuerdo con el Ejecutivo.
En un documento de 80 páginas, firmado por los ministros Andrés Chadwick, Felipe Larraín y Nicolás Monckeberg, el Ejecutivo envió las correcciones al proyecto inicial para continuar el proceso legislativo.
Las indicaciones proponen la creación de un Consejo de Ahorro de Seguros Sociales, un organismo autónomo, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá la obligación de licitar la administración del ahorro previsional adicional del 4% y se hará cargo de otros seguros en un ente fiscal, tales como el seguro de dependencia y el seguro para el acompañamiento de niños y niñas de la Ley 21.063, también conocida como Ley Sanna.
Podrán participar en la licitación Cajas de Compensación de Asignación Familiar, las Administradoras Generales de Fondo, las Cooperativas de Ahorro y Crédito sometidas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y Compañías de Seguros de Vida.
Asimismo, se establecen dos categorías de fondos: Fondos por Ciclo de Vida, en función de la edad de los afiliados y el tiempo que les falta para pensionarse; y Fondo de Riesgo Moderado, de características similares al Fondo C actualmente vigente.
“Esta no es la reforma que nosotros hubiésemos querido, pero es la reforma que la oposición nos ha pedido para poder avanzar”, comentó al respecto el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Patricio Melero.
Polémica en la oposición
La presentación de las indicaciones generó polémica en el Parlamento. Durante la mañana, se había convocado a una conferencia de prensa conjunta de la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS), el Partido Radical (PR) y el Partido Por la Democracia (PPD) para abordar un principio de acuerdo con el Ejecutivo sobre las características del ente público.
Pero dicho punto de prensa no se realizó, pues diputados de distintos sectores aseguraron que se había acordado revisar las posiciones sobre las indicaciones entre las distintas bancadas antes de que fueran presentadas, lo que no ocurrió.
“Nosotros no teníamos concordado un acuerdo con el Gobierno por un protocolo, tenemos acordada una conversación con el resto de las bancadas para saber si todos concordamos en su contenido”, afirmó el jefe de bancada del PS, Manuel Monsalve.
Mientras, el jefe de bancada del PPD, el diputado Ricardo Celis, dijo que el “espíritu para llegar a un acuerdo en materia de pensiones sigue intacto, (…) pero no como una cuestión decorativa de un acuerdo que tenga la Democracia con el Gobierno”.
“Yo creo que los chilenos no quieren una lucha de egos (…) En los objetivos, en lo que queremos para el sistema de pensiones, yo diría que no hay diferencias significativas entre el Partido Radical, el Partido Por la Democracia, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana”, aseveró el presidente de la DC, Fuad Chahín.
Demora en las indicaciones
Pese a que el Gobierno habría querido que las indicaciones se votaran ayer, finalmente no fueron presentadas a tiempo en la comisión de Trabajo de la Cámara.
“El Gobierno incumplió su acuerdo y no presentó a tiempo las indicaciones de la reforma. Las seguimos esperando. Por su retraso, estamos obligados a mover la votación en la siguiente sesión para poder estudiarlas. Las pensiones de Chile no son un juego”, publicó ayer en Twitter la presidente de la instancia, Gael Yeomans.
Por la tarde, al conocer el detalle de las indicaciones, el diputado Monsalve manifestó el rechazo de la bancada del PS a estas.
“Tenemos un acuerdo conceptual con el Gobierno, que debería reflejarse en una indicación que fuera muy clara respecto de los acuerdos conceptuales. Esta indicación no lo resuelve. Una alternativa sería que le quitara la urgencia. Pero si el Gobierno quiere forzar la votación vamos a votar en contra”, comentó.
