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El monopolio de la música: los cobros que SCD, Profovi y otras imponen a locales, pubs y restaurants

El monopolio de la música: los cobros que SCD, Profovi y otras imponen a locales, pubs y restaurants

Publicado por Joaquín Reyes y Felipe Reyes.

Lunes 18 enero de 2021 | 06:11

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Vox.com

Desde el Wurlitzer emanan los sonidos de Creedence Clearwater Revival, despertando unas frenéticas ganas de bailar en los adolescentes. En sus bolsillos solo cargan la billetera y un manojo de llaves; aún no ha llegado la época de retratar cada instante con un celular. El Dj, parapetado en un rincón de la disco, se pregunta cuál de las mezclas provocará mayor furor en el público: nombres como YouTube o Spotify le parecen sacados de un filme de ciencia ficción.

Así eran las noches de 1970, año en que se promulgó la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual en Chile. La norma, según se establece en su primer artículo, “protege los derechos que (…) adquieren los autores de obras en los dominios literarios, artísticos y científicos”. En el ámbito musical, la encargada de resguardar estos derechos es la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), entidad privada y sin fines de lucro que cuenta con la venia del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

El monopolio del sonido

Desde su creación en 1987, la SCD visita mensualmente todos los locales comerciales del país que utilizan música (desde bares hasta supermercados) para cobrar derechos de autor. El artículo 100 de la Ley 17.336 permite que este organismo fije, de forma unilateral, las tarifas que aplica según el tipo de establecimiento. Si algún recinto no está conforme con el precio, su alternativa es someterse a un proceso de mediación, instancia liderada por un árbitro inscrito en el propio Ministerio de las Culturas.

Juan Carlos Lara, director de Investigación y Políticas Públicas de la ONG Derechos Digitales, afirma que “eso ha sido objeto de controversia a propósito de la regulación de monopolios ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Si se entiende que la SCD es un actor monopólico, o a lo menos dominante, su capacidad de fijar unívocamente el precio de las tarifas que están cobrando se vuelve, por sí sola, una condición de abuso”.

Según el tipo de local, la SCD establece distintos métodos de cobro: de acuerdo a los metros cuadrados que posee el recinto (como supermercados, malls y hospitales), por el número de personas que recibe (como instalaciones deportivas) o como un porcentaje de las ganancias brutas mensuales (karaokes, discos, bares, entre otros). En este último caso, los establecimientos comerciales pueden llegar a pagar hasta el 4,5% de sus ingresos totales por derechos musicales.

Cuánto pagan a la SCD los locales comerciales
Fuente: SCD

La SCD es una de las 232 organizaciones que conforman la CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores). No solo cobra los derechos de autores nacionales, sino también de artistas extranjeros. Es decir, aunque una disco solo utilice música anglosajona para ambientar su espacio, pagará igualmente el porcentaje correspondiente de sus ganancias mensuales.

“La ley presume que tienen el repertorio mundial. La SCD no tiene que demostrarle a cada restaurante que representa a Stevie Wonder; ellos le dan (al establecimiento) una licencia para usar lo que quieran”, señala Rodrigo Velasco, director de Tecnología y Propiedad Intelectual de Alessandri Abogados y miembro del Consejo de la Música del CNCA entre 2012 y 2016.

Según el artículo 93 de la Ley 17.336, la SCD puede utilizar hasta un 30% de lo que recauda mensualmente para gastos administrativos (sueldos de trabajadores, mantenimiento de salas de música, realización de ceremonias de premios y otros). Por ejemplo, el organismo recolectó cerca de 23 mil millones de pesos durante 2019 (según cifras del Ministerio de las Culturas), por lo que pudo haber destinado un máximo (aproximado) de 7 mil millones de pesos para el funcionamiento de la institución. Al realizar una comparación con entidades afines de otros países, hay casos en donde se ocupa un menor porcentaje de los ingresos para este tipo de gastos.

Álvaro Scaramelli, presidente de la organización entre 2015 y 2017, asegura que “dentro de estas gestiones administrativas hay que contar las ayudas sociales. Entre ellas, brindamos jubilaciones a ciertos artistas mayores de 70 años y aportamos dinero a músicos que hayan sufrido enfermedades complejas”. En medio de la actual crisis sanitaria, la SCD repartió bonos de entre 150 mil y 300 mil pesos a 4.118 compositores chilenos que se vieron afectados en sus labores creativas.

Lo que se deja cada entidad de gestión de derechos
Fuente: sitio web de cada entidad

Otra porción de la torta

Después de restar los gastos administrativos, la SCD distribuye el dinero recaudado entre los distintos actores de la industria musical. Para ello, hay que diferenciar entre derechos de autores (creadores de una canción), derechos conexos de intérpretes (no crearon la canción, pero la tocan o la cantan) y derechos de productores de fonogramas (sellos discográficos, quienes pagan la grabación de las canciones).

Cómo se reparte la recaudación
Fuente: Ley 17.336 sobre propiedad intelectual

En 2006, los cuatro sellos más grandes de la industria (Sony, EMI, Warner y Universal) se aliaron en una nueva organización: la Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile (PROFOVI). Desde aquel instante, este gremio realiza un segundo cobro a los establecimientos comerciales que utilizan música. Ya no solo se paga por comunicar públicamente canciones, sino también un derecho de reproducción o almacenamiento de las obras (ocupar computadores, listas de Spotify o realizar imitaciones de discos originales).

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“Los cantantes siempre han puesto piedras para que los productores no cobren lo que les corresponde. Es casi una guerra, porque ellos creen que el derecho autoral es lo supremo, pero se olvidan de un pequeño detalle: si a ellos no los grabáramos, su obra quedaría ahí per saecula seculorum (por los siglos de los siglos)”
- Francisco Nieto, director general de PROFOVI desde su creación

No solo los sellos se han agrupado, sino también los actores, los guionistas, los directores de cine y los productores audiovisuales. Esto es posible gracias al artículo 94 de la Ley 17.336, que autoriza la creación de entidades de gestión colectiva de derechos intelectuales bajo la autorización del Ministerio de las Culturas. Este tipo de organismos concentran a trabajadores de un mismo rubro y poseen la libertad de fijar tarifas para cobrar por el uso de sus obras. Actualmente, existen ocho instituciones de este tipo en Chile (incluyendo a la SCD y PROFOVI) y todas podrían demandar un porcentaje de las ganancias de un local comercial.

Por ejemplo, si un restaurante tiene una televisión encendida, podrían presentarse diversas entidades a exigir el pago de sus derechos. “Podría cobrar EGEDA, que representa al canal del fútbol, a Hollywood y a los productores de películas; Chile Actores, que tiene a los actores; PROFOVI, que tiene los videos musicales; la SCD, que tiene la música, y ahora va a llegar ATN y DYGA (…) y podría llegar al 20% de los ingresos brutos del local”, explica Rodrigo Velasco.

Los requisitos que deben cumplir estas entidades para conformarse son: presentar sus estatutos y representar, como mínimo, a un 20% de los chilenos (o extranjeros domiciliados en el país) que causen derechos en un mismo género de obras o producciones. Según Juan Carlos Lara, estos múltiples cobros se producen “por falta de organización, por falta de optimización, por falta de lo que en otros países se denomina ventanilla única, que es esta noción de que puedo pagar una vez y olvidarme de a cuánta gente más puedo deberle por derechos de autor”.

El caso de Colombia sirve para ejemplificar esto último, ya que el país cafetero estableció la Ventanilla Única de Recaudo de Derechos de Autor y Conexos (VID) en 2012. A través de este método, los establecimientos comerciales pueden realizar un solo pago por la utilización de música, películas, teleseries, partidos de fútbol u otros programas de televisión.

Bares vs Sociedades de Gestión Colectiva

El barman realiza acrobacias con dos botellas, mezcla ambos licores y, hundiendo una bombilla en la copa, pone término a su obra. El garzón toma el relevo, posa el trago sobre su bandeja y se pone en marcha hacia aquel cliente que no aguanta la sed. Este refrescante ritual es acompañado por los sonidos de Despacito, canción que se detiene abruptamente cuando la policía irrumpe en el bar: la reproducción de la obra, según las entidades que administran derechos musicales, es ilegal.

De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos (SII), el subrubro de restaurantes, bares y cantinas se componía de 40.629 empresas y brindaba 240.483 puestos de trabajo en 2015. Hasta hoy, diversos locales de este tipo han sufrido la detención de sus dueños y la incautación de sus pertenencias por enfrentarse a entidades de gestión colectiva. La relación entre algunos establecimientos comerciales y los protagonistas de la industria sonora ha vivido ciertos cobros discutibles y malas experiencias con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

El cuestionable “alto al fuego”

Dos tipos de recintos que han mantenido alguna disputa con la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales son los bares y los restaurantes. Estos conflictos, se deben a condiciones como la capacidad unívoca de la SCD para fijar sus tarifas (que les pide un porcentaje de sus ganancias brutas) y la escasa medición de las canciones que utilizan (el organismo desconoce la lista de temas que suena en cada local, ya que la ley no los obliga a presentar una planilla de ejecución de obras).

Estos desacuerdos pueden resolverse en un proceso de mediación, el cual se encuentra establecido en el artículo 100 bis de la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual. “Solo aplica para asociaciones que representan a usuarios; no para usuarios directos. Es decir, no para el locatario que tiene una zapatería, sino para la asociación de locatarios de zapaterías”, explica Claudio Ruiz, director de Estrategia de Ecosistemas de Creative Commons, organización que promueve el acceso a obras sujetas a derechos de autor.

Además de esta condición, que obliga a pactar de forma colectiva, el árbitro que dirime las controversias proviene de un registro público manejado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, organismo que patrocina a la SCD y a todas las otras Entidades de Gestión Colectiva.

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La vigilancia de estas entidades no puede recaer en los mismos artistas. Debería ser (una atribución) del Tribunal de Libre Competencia
- Rodrigo Velasco, director de Tecnología y Propiedad Intelectual de Alessandri Abogados

Desde 2010 a la fecha, año en que se incluyó este mecanismo, no han habido negociaciones. La ley explicita que tiene que haber 1 mediador y 3 árbitros; sin embargo, hasta 2017 sólo habían 3 árbitros inscritos, de los cuales 2 estaban inhabilitados por tener directa relación con la SCD.

En un intento por introducir mayor competitividad a la normativa vigente, Anatel, la asociación gremial que reúne a los canales de televisión de señal abierta junto a la Asociación Gremial de empresarios Hoteleros de Chile y la Asociación de Radiodifusores llevaron a juicio a las Entidades de Gestión Colectiva frente al Tribunal de Libre Competencia. Argumentaron que el mecanismo actual para negociar con ellas no considera elementos básicos, como negociar en torno a la intensidad con la que se usa el repertorio, la conformación de un tribunal independiente y técnico para seleccionar a los árbitros y que se negocie colectivamente con todas las Entidades de Gestión Colectiva. De otra manera, se seguiría teniendo un problema de “multiplicidad de cobros que están todos fijados sobre los ingresos brutos”, se detalla en los alegatos.

En la práctica, la falta de instancias de mediación hacen que los dueños de establecimientos comerciales pacten directamente con la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales bajo la amenaza de demandas civiles. Erich Ulriksen, propietario del bar La Pinta CCP de Concepción, afirma que “llegaron a los dos meses de abrir (recaudadores de la SCD) a cobrarme 60 y tantas lucas. ‘Lo único que van a lograr es que yo quiebre; denme la posibilidad de que me cobren menos al principio’ (les dijo)”.

Según el empresario, la organización no volvió a presentarse en el lugar hasta un año y medio después, instancia en que le cobraron $800.000 por derechos musicales que se habían acumulado durante aquel período.

“En ese tiempo nunca se comunicaron ni me dieron alguna propuesta, pero les pagué 600 mil pesos para ahorrarme el cacho de ir a un juicio. A partir de eso, que fue en 2018, no me han vuelto a pedir nada”. Rodrigo Osorio, actual vicepresidente de la SCD, explica que “se revisan las facturas de cada local y se hace un estudio periódico, por ende, a nadie se le cobra algo que no tengan la capacidad de pagar”.

Sobre los acuerdos individuales que se realizan con cada establecimiento, Álvaro Scaramelli, presidente de la institución entre 2015 y 2017, afirma que “las tarifas son estándares y desconozco que existan negociaciones particulares con bares. Puede que otras organizaciones lo hagan así, pero sería muy raro que pasara en esta”.

Se acabó la fiesta

Los sellos discográficos, quienes graban los temas de los artistas, también realizan visitas mensuales a bares, discotecas y restaurantes para cobrar derechos de autor. Agrupados en la Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile (PROFOVI), demandan una tarifa por el almacenamiento de obras musicales. Es decir, los locales comerciales deben pagar si reproducen canciones guardadas en un computador, si utilizan algún sistema de streaming (como Spotify) o si realizan copias de un disco original.

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Cuando uno compraba un CD antes, este decía ‘prohibida su reproducción’ en el centro. Esto es justamente lo que pasa hoy en pubs o discotecas, ya que la música que ponen sale de una laptop o un teléfono en donde se hizo una base de datos. Es decir, se copiaron fonogramas sin autorización
- Francisco Nieto, director general de PROFOVI desde su creación en 2006

Esta entidad, que agrupa a 4 empresas extranjeras y 3 nacionales, define diferentes métodos de cobro (por ejemplo, por metros cuadrados del recinto y por cantidad de personas). Recaudadores del organismo realizan fiscalizaciones aleatorias para saber si los establecimientos han pagado por guardar canciones en algún dispositivo. Si no lo han hecho, PROFOVI se acoge a la figura de delito flagrante (que se está llevando a cabo en el preciso instante) y acuden a la PDI para que requise los aparatos de los que procede la música.

Cristian Catalán, dueño del bar Madriguera de Concepción, asegura que la SCD se presenta de forma previa a los locales para explicar el sistema de cobros, pero que PROFOVI no efectúa este proceso de instrucción. “Nuestra postura era ‘si no los tenemos pagados (los derechos), díganos cómo hay que hacerlo, formalicemos el asunto’, pero estos tipos confiscaron computadores y se llevaron detenido al encargado del local”, explica el propietario sobre su primera experiencia con esta entidad.

“No se cuestiona el fondo, pero sí la forma que tienen de cobrar, haciendo lobby con la Policía de Investigaciones para que fiscalice esto (almacenamiento de música) como delito flagrante”, considera el abogado Rodrigo Velasco. Además, explica que el origen de la figura legal que utiliza PROFOVI (que permite arrestos por infracciones a la Ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual) “fue pensada para sacar los CD piratas del Paseo Ahumada y no para detener a los jefes de restaurantes”.

Otro conflicto entre los sellos discográficos y el comercio se dio en el bar La Cocina de Concepción en noviembre de 2018. En aquella oportunidad, la PDI arrestó a Cristian Ovalle, administrador del local, por reproducir música a través de Spotify. “Me dijeron que tenía que acompañarlos a la comisaría para firmar un trámite y, cuando llegamos, me informaron que estaba detenido. Me pasaron a control de detención y el juez determinó que no había motivo para estar ahí”, comenta el locatario.

“Pasé la noche en el calabozo”: Testimonio de una fiscalización de Profovi
Cristián Ovalle, dueño de La Cocina Restobar de Concepción

“Es mentira que no informamos previamente a los locales que deben pagar. Vamos mucho a Concepción; recuerdo algunas visitas a locales del Barrio Estación”, comenta Francisco Nieto, timonel de PROFOVI. Además, sobre las polémicas intervenciones de la PDI, la autoridad aclara que “no existe ningún tipo de cohecho o manejo arbitrario de la policía. Nosotros solo fiscalizamos y les avisamos si un local está almacenando música de manera ilegal”.

A pesar de la defensa que hace PROFOVI a su forma de relacionarse con los establecimientos comerciales, esta situación no ha dejado indiferentes a otras Entidades de Gestión Colectiva.

“Hemos tenido algunas diferencias por su manera de cobrar. Nosotros somos muy cordiales con nuestros usuarios”, afirma Rodrigo Osorio, vicepresidente de la SCD.

No todas las notas son festivas

“Esta es una industria que se basa en el éxito. Por ejemplo, Jorge González lleva muchos años parado, pero estoy seguro que él vive de derechos de autor”, afirma Álvaro Scaramelli, presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) entre 2015 y 2017. Este es el panorama de la música nacional: mientras el célebre autor de La voz de los 80 no se mueve de su sillón (tras sufrir un infarto cerebrovascular en 2015), artistas emergentes deben combinar diferentes labores para llegar a fin de mes.

Actualmente, son más de 10 mil músicos los que se encuentran afiliados a la SCD, quienes reciben dinero por los conciertos que realizan, por el uso de sus canciones en locales comerciales, por su reproducción en radio y televisión, etc. Sin embargo, en ciertas ocasiones, algunos artistas de géneros alternativos se podrían ver perjudicados.

La pauta la marcan las radios

Las radios chilenas poseen un registro de los temas que tocan mensualmente; sin embargo, por dificultades técnicas, es poco factible que los locales comerciales confeccionen un listado similar. Según el artículo 100 de la Ley 17.336, sólo estarán obligadas a confeccionar planillas de ejecución “las empresas de entretenimiento que basan su actividad en la utilización de obras musicales y los organismos de radiodifusión”. Es decir, la SCD cobra derechos musicales a bares, restaurantes y otros recintos sin saber qué canciones utilizan.

Esta situación es un factor decisivo al momento de repartir el dinero que recauda la SCD. Para entender esto hay que distinguir dos escenarios: cuando los músicos tocan en vivo en un local y cuando sus temas son reproducidos para ambientar el recinto.

Si un cantante realiza un concierto en un bar, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales le paga por cada obra que interpreta. “Tienes que llenar una planilla con tus canciones cuando tocas en vivo. Eso se manda a la SCD y ellos te abonan por todas las presentaciones que hiciste en el semestre”, aclara Feliciano Saldías, exlíder de Machuca, emblemática banda penquista. Sin embargo, el problema se origina en el segundo caso.

Al tocar música envasada (no es ejecutada en tiempo real), el bar no posee los medios técnicos para registrar cada obra que suena en el mes. Por ende, cuando la SCD vaya a cobrar los derechos correspondientes a ese establecimiento, no sabrá a qué artistas debe reembolsar el dinero recaudado. Ante este apuro, la entidad propone una solución: si un local no toma nota de las canciones que reprodujo, se dará por entendido que utilizó los temas más populares de las radios chilenas.

Si se toma en cuenta que géneros como el reggaeton y el pop dominan en las emisoras nacionales (destacan estrellas como Bad Bunny, Ozuna y Karol G), los artistas que se valen de otros estilos musicales se verán perjudicados al momento de distribuir los fondos de la SCD.

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Nos afecta totalmente, sobre todo si se revisa la estadística que pone a Santiago como la ciudad que más escucha reggaeton en el mundo. Por poner un ejemplo, no creo que exista ninguna banda en este país que viva de tocar rock
- Edgardo Sánchez, destacado jazzista de Concepción

Otra experiencia agrega Bastián Grañas, vocalista de Mantarraya, conjunto de la Región del Bío Bío que nació en 2011. “Esto no solo pasa en bares, sino también cuando ponen nuestra música en festivales. He ido al Rock en Conce y han puesto canciones del grupo de fondo, pero de eso (recibir un pago) nada”, asegura.

En defensa de este controvertido método de reparto, Rodrigo Osorio, actual vicepresidente de la SCD, afirma que “no hacemos un monitoreo directo de la música que es difundida a través de los locales, porque no tenemos la capacidad y porque el costo de hacerlo es más caro que lo que se recauda”. Además, como gran parte de la recaudación se logra por medio de obras de artistas extranjeros, la autoridad explica que “cerca de un 80% de lo que recaudamos se va fuera del país”.

Como respuesta a este sistema, un grupo de compositores quiso crear una entidad paralela a la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales en 2014. Liderados por el bajista Christian Gálvez, esta nueva organización pretendía brindar mayores oportunidades a quienes trabajan con géneros alternativos como el jazz.

“Esta idea no prosperó. Yo creo que fue porque es muy difícil empezar, gestionar una cobranza, sostener una oficina y detectar las obras que se tocan”, sostiene Álvaro Scaramelli, expresidente de la SCD.

Sin pasajes a la capital

En 2015, cerca de un 73% de los cantantes afiliados a la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales provenía de la Región Metropolitana. Esta situación podría ser una consecuencia del método de inscripción que propone la entidad: debe ser de forma presencial en la capital. La única alternativa para ello es esperar una reunión anual que se lleva a cabo en distintas regiones, donde la SCD instala un punto de inscripción para los artistas locales.

Un viaje a Santiago representa desafíos para múltiples compositores, sobre todo si viven en lugares extremos del país. En el caso del Bío Bío, no son pocos los músicos que retrasan su filiación a la SCD por la distancia que deben recorrer (hasta 2015, solo un 2,4% de los socios pertenecía a esta región). Bastián Grañas, líder de la banda penquista Mantarraya, comenta que “cuando formamos el grupo también estudiábamos y hacíamos muchas cosas acá (en Concepción), por lo que teníamos el tiempo justo. La inscripción se dilató alrededor de un año”.

Rocío Contreras, cantante de Tomé que comenzó su carrera en 2018, asegura que esta barrera geográfica representa mayores desafíos para los artistas emergentes. “Tener que viajar es una limitante para muchos que recién empezamos. Por otra parte, tengo amigos que pertenecen a sellos y ellos realizan las gestiones para inscribir sus canciones”. Actualmente, ante la grave crisis sanitaria que atraviesan diferentes países, la compositora reconoce que “la SCD se ha abierto más a realizar diligencias online”.

Cantidad de estudios de grabación según región
Directorio de Agentes de la Música 2014, CNCA

Una variable importante para comprender la centralización de este tipo de entidades es la infraestructura musical que existe en Santiago. Según el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, hasta 2014 existían 69 estudios de grabación en la Región Metropolitana, superando a Valparaíso (20), Biobío (10) y La Araucanía (8). En cuanto a salas de ensayo para la industria sonora, la capital albergaba un 24,2% de estos espacios en aquel año.

Si un músico no está afiliado a la SCD, no recibirá ningún pago por los derechos de autor que genera. Ante este problema, Rodrigo Osorio, vicepresidente de la organización, explica que “la inscripción se realiza de esta forma porque el artista debe firmar un mandato que nos permita gestionar sus temas. De ahí para adelante, todos los otros trámites pueden hacerse de manera remota”.

Porcentaje de músicos asociados a la SCD por Región de Chile
Fuente: Informe SCD

SCD: Evolución y perspectiva internacional

Un escritorio, una agenda y un teléfono eran las únicas armas del encargado del Departamento del Pequeño Derecho de Autor, oficina que administraba las obras musicales de los chilenos hasta 1987. Este “cuartito”, como lo nombran algunos de sus exintegrantes, se encontraba bajo el alero de la Universidad de Chile y no recolectaba los miles de millones de pesos que percibe en la actualidad. Todos los meses, como emprendiendo un viaje hacia El Dorado, cientos de compositores golpeaban las puertas del recinto para preguntar si sus obras habían sido utilizadas públicamente.

Esta entidad primitiva, que poseía un limitado sistema de repartición, tuvo que recorrer un largo camino hasta convertirse en la SCD. Hoy, dentro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), Latinoamérica y el Caribe poseen un 21% de los afiliados a nivel mundial. Países como Brasil, Argentina, México y Colombia lideran la industria musical del continente, pero Chile arremete desde atrás en cuanto a sus recaudaciones anuales.

El Nacimiento de los Acordes

Antes de la creación de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) en 1987, la gestión de derechos sonoros estuvo a cargo del Estado por cerca de 50 años. El organismo que realizaba esta labor era el Departamento del Pequeño Derecho de Autor, emplazado en un despacho de la Universidad de Chile. Su ubicación se debía al estrecho vínculo que mantenía con el Ministerio de Educación, ya que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (hoy Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio) se fundó recién en 2003.

“En ese tiempo no se hacía una persecución de los derechos. Uno recibía algo de dinero si lo habían tocado en la radio, en la televisión o en alguna película (…), pero la organización no iba a cobrar a bares, discotecas o restaurantes”, expone Joakín Bello, destacado músico chileno y uno de los 14 fundadores de la SCD. Este punto marca una gran diferencia con la realidad actual de la institución, dado que la recaudación que se concreta en locales comerciales es su mayor fuente de ingresos.

Cuando Santiago Schuster, timonel del Departamento del Pequeño Derecho de Autor, quiso crear una entidad autónoma, tuvo diferencias con algunos miembros de la institución. Joakín Bello asegura que “él tenía a cerca de 2.000 músicos en carpeta, pero yo creía que se debía seleccionar a los compositores que tuvieran un título y que supieran leer música de verdad. De no ser así, iba a ser una sociedad algo inflada”. Finalmente, se decidió que la SCD se podría en marcha con una condición: se crearían talleres para que los autores aprendieran nociones básicas del arte acústico.

Tras el nacimiento de la SCD, comenzaron las visitas mensuales a establecimientos del comercio (pubs, hoteles, supermercados y otros) para cobrar los derechos de las canciones que utilizaban. En aquel instante irrumpieron nuevos actores: los sellos discográficos, empresas que grababan y distribuían los temas de los compositores. De lo que recauda la SCD por cada obra, un 25% se va a las disqueras por poseer los derechos conexos.

Esta dualidad entre ambos protagonistas aún genera discusiones en la industria chilena. “La ley se estructuró para un mercado analógico, basado en un formato de intercambio de ejemplares físicos. Los sellos hacían una tremenda inversión en los años 70, porque era muy caro grabar y distribuir un disco. Sin embargo, hoy la situación es muy diferente y ha costado adaptar este tipo de normas”, explica Rodrigo Velasco, director de Tecnología y Propiedad Intelectual de Alessandri Abogados.

Actualmente, con el auge de Spotify, Deezer, YouTube Music y otros canales de streaming, hay músicos que no establecen vínculos comerciales con productores de fonogramas o acuden a ellos para que realicen tareas puntuales. Gustavo Bustos, fundador del sello penquista Beast Records, asegura que “muchos cantantes llegan y nos piden que realicemos solo la promoción de sus discos. Además, hoy pueden hacer tratos directos con plataformas digitales para que suban sus temas”.

Si se compara la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales con el anticuado organismo que funcionó hasta 1987, existe una mayor recaudación de dinero y los artistas reciben sus pagos de forma más ordenada; sin embargo, también se evidencian discordias con algunos establecimientos comerciales y cuestionamientos por las grandes libertades que la ley le otorga a la SCD (como fijar tarifas de manera unilateral).

“Las condiciones en que trabajamos hoy son muy distintas. Hay más radios y plataformas digitales, por lo que se ha diversificado la repartición entre los músicos. Además, está el tema de la pandemia y la disminución de conciertos en vivo, que son la principal fuente de ingresos para los artistas”, comenta Rodrigo Osorio, actual vicepresidente de la SCD, sobre el presente de la industria chilena.

Los sonidos del vecindario

Al igual que en el fútbol, Brasil y Argentina lideran la escena musical del continente, tanto en número de artistas como en volumen de ingresos anuales. Una característica que comparten estos dos países es la prematura fundación de entidades encargadas de cobrar derechos sonoros: la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) fue creada en 1936 y la Sociedad Brasileña de Autores, Compositores y Escritores de Música (SBACEM) nació una década más tarde. Estas organizaciones le sacan más de 40 años de ventaja a la SCD, entidad que se constituyó en 1987.

En cuanto a las recaudaciones de derechos musicales, Chile ocupa el 5° lugar en Latinoamérica y se ubica en la 32° posición a nivel global, según la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC). Si se traduce esto en dinero, la SCD recolecta cerca de 29 millones de euros (más de 20.000 millones de pesos) al año por conceptos de propiedad intelectual. En el caso de Brasil, país que lidera el ranking de ingresos a nivel continental, la SBACEM se lleva cerca de 194 millones de euros anuales (más de 170.000 millones de pesos).

A pesar de la tardía aparición de la SCD en relación a otros países del continente, Álvaro Scaramelli, presidente de la institución entre 2015 y 2017, asegura que “el crecimiento que experimentó fue inusual; en poco tiempo comenzó a recaudar muy buen dinero”. Además, el autor de Déjenme plantea una de las deudas que aún persisten en nuestro país.

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En lugares como México existen nichos de rock o de electrónica, y los artistas de estos géneros pueden vivir de sus derechos. Por el contrario, en Chile sólo pueden vivir de estos los cantes que tienen o tuvieron un éxito muy grande
- Álvaro Scaramelli

No solo los músicos se agrupan en entidades que gestionan derechos de autor, sino también los actores, los guionistas, los directores de cine y los productores audiovisuales. Cada uno de los organismos que se crean pueden realizar cobros a locales comerciales por la utilización de sus obras, lo que hace más difícil la negociación. En Chile existen 8 de estas instituciones y, según cifras de la CISAC, Latinoamérica y el Caribe poseen 47 sociedades distintas (21% de los afiliados del mundo).

“Es una situación muy complicada que se da en diferentes escenarios artísticos. Por ejemplo, durante la misma semana, una sala de teatro puede presentar la obra de un autor afiliado a una sociedad, de un autor afiliado a otra sociedad y de un autor no afiliado a ninguna sociedad. Unos cobran por otros y no se sabe a quién pagar”, explica Juan Carlos Lara, director de Investigación y Políticas Públicas de la ONG Derechos Digitales.

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