Al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado derivó la Contraloría General de la República (CGR) los antecedentes de una auditoría que reveló cuantiosas irregularidades al interior de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Dicha entidad es presidida por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y en su directorio cuenta con reconocidas figuras, como su pares de Puente Alto, German Codina y Valparaíso, Jorge Sharp. Estos últimos, vicepresidente y tesorero respectivamente.
Entre los principales resultados contenidos en el informe de 161 páginas, al que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío, figuran convenios declarados ilegales por más de 613 millones de pesos con las municipalidades de Recoleta, Paillaco y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), contratos inconclusos con la Universidad de Concepción para la fabricación del cuestionado medicamento Interferón y falta de respaldos e información financiera.
A raíz de estos antecedentes, el ente fiscalizador ordenó el inicio de sendos sumarios administrativos en las instituciones recién señaladas.
La auditoría
El objetivo de la investigación tuvo como fin determinar si los recursos que maneja la Achifarp se utilizan en el “cumplimiento de sus finalidades”, junto con conocer la regularidad de las operaciones que realiza dicha institución para el “resguardo de los recursos públicos disponibles”. El periodo auscultado comprendió entre el 1 de enero de 2019 y el 20 de junio de 2021.
Bajo ese escenario, se detectó falta de respaldos e información financiera y falta de información administrativa. Sobre el primer punto, se evidenció que la Asociación no “puso a disposición los antecedentes relativos a los procedimientos establecidos para la adquisición de medicamentos, canalización y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas”.
Al mismo tiempo, la entidad bajo análisis no proporcionó las resoluciones emitidas por ella misma en virtud de sus estatutos, ni “las actas de directorio, de asambleas generales y de comité ejecutivo realizadas desde su constitución a la fecha de revisión, ni directrices formales que regulen los procesos de recepción de cuotas de incorporación y anuales”.
Tampoco se aportó a la auditoría las “conciliaciones bancarias, sus antecedentes de respaldo, los mayores contables, el auxiliar del libro de banco para la cuenta corriente que administra, ni el libro de compra y venta de los años 2019, 2020 y 2021, el procedimiento de contabilización del pago de cuotas sociales, ni sus inventarios valorizados”.
En el mismo ítem financiero, la Achifarp no suministró los estados financieros de los años 2019 y 2020, como tampoco los “‘Informes de rendición de cuenta anual’ previstos en sus estatutos, por lo que no fue posible verificar la situación financiera y patrimonial de la entidad”. Pese a las reiteradas solicitudes de la Contraloría respecto a esta información, la documentación no fue entregada.
La ausencia de dicha información fue una limitante a la auditoría realizada por la institución que dirige Jorge Bermúdez. Esto porque “no fue posible verificar si los recursos que administra -la Achifarp- se utilizan en el cumplimiento de sus finalidades; establecer la regularidad de sus operaciones; ni verificar su dicha entidad mantiene procedimientos de control para velar por el debido resguardo de los recursos disponibles”. La gravedad de esto fue el detonante para que el informe fuera puesto en conocimiento del Ministerio Público y el CDE.
Lea el informe
Pero eso no es todo, dentro de la misma investigación se identificó que la Asociación Chilena de Farmacias Populares no tiene un registro de socios acorde a lo establecido en los estatutos de ella misma. Para el control de los municipios asociados se cuenta “solo con un archivo Excel el cual no contiene la fecha de incorporación de cada entidad edilicia a esa Asociación”.
La Contraloría consultó a las 345 municipalidades sobre su participación en la ACHIFARP. Al respecto, 5 de ellas mencionaron que no se les comunicó su incorporación, pese a que realizaron pagos, entre el año 2019 y 30 de junio de 2021, por montos que alcanzaron casi los 70 millones de pesos. Otras 19 sedes edilicias comunicaron no pertenecer a la Asociación.
En este punto, además, se determinó “falta de certeza de las cuotas aportadas por los socios, pues de las respuestas recibidas, 6 de los municipios oficiados, en su calidad de socios, documentaron pagos por concepto de cuotas sociales por la suma de $78.164.701, que no se encontraban contenidos en los citados ingresos informados por la Achifarp”.
Interferón
A esto se suma el convenio suscrito por la municipalidad de Recoleta para la adquisición de 180 mil dosis de Interferón, acuerdo en el que también participó la Municipalidad de Macul, con un aporte de $10 millones.
El cuestionado medicamento sería utilizado para el tratamiento del covid-19, pese a que el Ministerio de Salud no recomendó su administración en este tipo de casos.
Con todo, Contraloría descubrió que la Achifarp sólo ha transferido a la Universidad de Concepción 25 millones de pesos entre el 25 de julio de 2020 y el 4 de mayo de 2021.
¿El problema? Se advirtió que aún existe un saldo pendiente de más de 215 millones, no obstante la cuenta corriente de la asociación tenía fondos por apenas $29 millones.
Y no sólo eso. También se comprobó que casi 1.300 dosis de Interferón estaban almacenadas en la Municipalidad de Recoleta. Esto, a pesar de que el Instituto de Salud Pública (ISP) determinó la prohibición de fabricar, comercializar y distribuir el medicamento por ser un riesgo para la salud de la población, ordenando su destrucción.
Estos antecedentes serán incorporados a la investigación interna instruida por Contraloría en Recoleta y Macul, donde también se considerará un sumario sanitario abierto por el Minsal a raíz de estos mismos hechos.
Convenios ilegales
Las irregularidades siguen. Según la auditoría, se constató que los convenios celebrados por la Achifarp con los municipios de Recoleta, Paillaco y con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), por 613,6 millones de pesos, no se ajustaron a derecho. Es decir, fueron declarados ilegales.
Esto, puesto que las casas edilicias no se ajustaron al marco legal que regula la eventualidad de que las municipalidades necesiten contratar la adquisición de bienes y servicios, haciéndolo, en este caso, al margen de la ley prevista para ello.
Respecto a SENADIS el convenio fue celebrado con la asociación para la adquisición y asignación de ayudas técnicas para las personas con discapacidad que pertenecen al Programa Regular, lo que no se relaciona con el objetivo de Achifarp.
“Esta Contraloría General iniciará un proceso sumarial en la municipalidad de Recoleta y Paillaco con el objeto de determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos descritos”, reza el documento.
Los $400 millones en Avivafir
Los cuestionamientos no sólo alcanzan a Interferón. El Avivafir, fármaco ruso para combatir el covid-19, impulsado en Chile por Jadue, también fue materia de investigación por Contraloría.
El ente fiscalizador descubrió que las municipalidades de Recoleta y Macul celebraron un convenio con la Achifarp por $240,4 millones y $150 millones, respectivamente, para la implementación de un tratamiento con el medicamento.
Hasta ahí nada fuera de la norma. Sin embargo, se develó que existe un saldo pendiente de ejecución que supera los $15 millones de los que poco y nada se sabe.
Según Contraloría, su disponibilidad no fue acreditada. Por este caso, los antecedentes también fueron remitidos al CDE y el Ministerio Público.
Desde la Achifarp
La Unidad de Investigación de Bío Bío consultó a la Asociación Chilena de Farmacias Populares respecto al informe final de auditoría. Al respecto, Matías Muñoz, secretario ejecutivo de la entidad, señaló que “siempre hemos visto con buenos ojos el trabajo de la Contraloría porque permite mejorar procesos administrativos de nuestra Asociación”.
A renglón seguido, expuso que “nosotros ya estamos trabajando en subsanar cada una de las observaciones emitidas y cumpliremos, sin duda alguna, con el plazo que se establece para el seguimiento”.
Respecto a las irregularidades desde lo financiero, y la no entrega de la documentación, sostuvo que “cuando empieza la auditoría de la Contraloría, nosotros estábamos en pleno proceso de integración, informes contables, contratación de ERP que nos facilita los procesos administrativos contables y documentales”.
Pese a lo anterior, agregó, “entregamos todo lo que teníamos en nuestras manos, de hecho nos pusimos a disposición de la Contraloría para abordar temas contables y procesos internos”.
Sobre las observaciones por el Interferón, explicó que “es un convenio que celebró Achifarp Con la Universidad de Concepción, que aún está en desarrollo”.
“Respecto del almacenamiento del Interferón nosotros cumplimos con el primer paso establecido, la dosis no se ocuparon solo estaban bodegadas, hasta que el ISP hace sus reparos y las dosis fueron trasladadas nuevamente al laboratorio de la Universidad. Pero eso fue subsanado de inmediato”, concluyó Muñoz.
Puente Alto
Desde la Municipalidad de Puente Alto -tras la publicación de este artículo- señalaron que para German Codina la situación financiera y administrativa al interior de la Achifarp era una preocupación.
Lo anterior, sostienen, lo prueba un requerimiento en el que el edil solicitó la “contratación de una auditoría externa” al interior del organismo, la cual fue aprobada por el directorio de la entidad en diciembre de 2021.
Y agregaron que “a la luz de los antecedentes, en el próximo Concejo Municipal el alcalde Codina va a solicitar aprobación para que Puente Alto se retire de la Achifarp”.
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