El Ministerio Público solicitó la extradición de Sebastián Vanella Muñoz, empresario que se hizo conocido por su cuestionado paso como gerente de La Piccola Italia y que está acusado de causar un perjuicio al Estado de más de $3.200 millones a través de facturas falsas.
Según información recabada por la Unidad de Investigación de Bío Bío, Vanella y su hermano Lucciano forman parte de un entramado que incluyó el traspaso de 829 facturas ideológicamente falsas mediante cinco empresas fantasmas.
Antecedentes contenidos en el expediente judicial apuntan a que Sebastián creó sociedades para evadir impuestos y, con esos dineros —dice la fiscalía— adquirir millonarios bienes e inversiones en el extranjero. Entre ellas, un restaurante en Orlando, Estados Unidos.
Vanella fue formalizado este 19 de diciembre, luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querellara en su contra por su participación en la denominada Operación Tributos. Se trata del fraude fiscal más grande de la historia: varios clanes familiares se unieron para causar pérdidas totales avaluadas en más de $240 mil millones.
LAS EMPRESAS FANTASMAS
El contexto es el siguiente. La indagatoria que lidera la Fiscalía Metropolitana Occidente detalla que —a lo menos entre 2014 y 2020— operó el Clan Canessa: una asociación ilícita liderada —de acuerdo con la investigación— por José Antonio Pávez Canessa. Este último se dedicó a dirigir las operaciones de una red societaria compuesta por 16 empresas que emitían facturas falsas a cambio de una comisión económica. Adicionalmente, la organización se autoemitía esta documentación para dar una apariencia de legalidad a las operaciones comerciales que consignaban sus facturas.
De acuerdo con la indagatoria, entre junio de 2015 y diciembre de 2017, Sebastián Vanella y Lucciano Vanella —su hermano, quien ya fue formalizado—, aumentaron su crédito fiscal con 829 facturas ideológicamente falsas mediante cinco empresas “de papel”.
Estas entidades actuaban como proveedoras y compartían una serie de características comunes: no tenían ubicación física y no podían acreditar la existencia de trabajadores necesarios para realizar las operaciones que declaraban en sus facturas.
Las sindicadas son Votnik Spa, Inversiones Distrito Cincuenta y Seis Spa, Sociedad de Inversiones Soosann Spa, Sociedad de Inversiones Ornifex Spa y Sociedad de Servicios Industriales Sintac Limitada.
Entre las facturas de Vanella, se pudo constatar que 782 fueron emitidas por cuatro empresas, todas administradas por una sola persona: José Antonio Pávez Canessa, el líder del “Clan Canessa”. Las maniobras ilícitas causaron un daño fiscal de más de $900 millones. El monto representó el 80,95% del crédito fiscal declarado en el periodo tributario. Es decir, casi la totalidad del beneficio que la empresa reclamó al fisco estaba basado en facturas falsas.
El impuesto a la renta
La Unidad de Investigación de Bío Bío revisó antecedentes contenidos en el expediente del Ministerio Público. Allí también se establece que los hermanos Vanella redujeron de manera indebida el impuesto a la renta que les correspondía pagar. Los hechos habrían ocurrido durante los años tributarios 2016, 2017 y 2018.
Para estos fines, presentaron formularios falsos para incorporar los montos de 829 facturas tramitadas y, de esta manera, reducir considerablemente la cifra total a pagar en impuestos. Esta maniobra generó un perjuicio fiscal adicional de más de $2.273 millones de pesos.
En total, por la reducción artificial del impuesto a la renta y al aumento fraudulento del crédito fiscal, la empresa Constructora SLV S.A., representada por Sebastián Vanella Muñoz, logró provocar un perjuicio fiscal que asciende a $3.259 millones.
LAVADO DE ACTIVOS
El dinero que Vanella se ahorró de manera ilegal en impuestos —sostiene el organismo persecutor— fue “lavado” a través de la adquisición de bienes para sí mismo. Todo esto se tradujo —asegura la fiscalía— en un aumento injustificado de su patrimonio, teniendo en consideración los ingresos que percibía.
En octubre de 2019, por ejemplo, se compró una propiedad en la región Metropolitana, específicamente en Conchalí, por un valor de 7.200 UF (unos $200 millones a la época).
Además, entre 2015 y 2022 invirtió más de $200 millones en moneda extranjera a través de los bancos Itaú y Santander. De igual manera, entre los años tributarios 2018 y 2019, decidió invertir la suma total de $200 millones en fondos mutuos.
En la misma línea, Vanella también utilizó el dinero para abrir un restaurante en Estados Unidos. El expediente señala que invirtió más de $700 millones en “The Famous Flame Steakhouse, Italian & American Food Restaurant” ubicado en Orlando, Florida.
Los documentos analizados por este medio sostienen también que, con el objetivo de simular legalidad, entre 2014 y 2022, percibió remuneraciones por un monto total de $81,5 millones desde empresas de su propiedad: SLV Rent a Car, Sociedad Comercial de Publicidad SVM y Los Manzanos S.A.
CONTRADICCIONES EN LA DECLARACIÓN
La formalización de Vanella se da luego de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) detectara inconsistencias en la declaración jurada que le tomó al imputado. Prestó testimonio el 19 de julio de 2019. Según consta en una querella del organismo fiscalizador —a la que accedió este medio— el empresario realizó una serie de afirmaciones contradictorias entre sí.
Declaró lo siguiente: que no sabía dónde operaban sus proveedores, que todos los pedidos se hacían telefónicamente, que los pagos se realizaban en efectivo y que no contaba con documentos de respaldo como correos u órdenes de compra.
“Estas afirmaciones resultan comercialmente inverosímiles, dado que las compras a estos proveedores totalizaron $2.322.915.481 en solo dos años, 2015 y 2016”, señala el documento.
De ahí que tal magnitud de operaciones —se desprende del libelo— no podrían haber quedado en el olvido para Vanella. Ni menos que —de ser reales— no existieran respaldos.
EXTRADICIÓN
En la audiencia del miércoles recién pasado, la fiscalía no sólo le comunicó cargos a Vanella por asociación ilícita, lavado de activos y delitos tributarios, sino también solicitó su extradición desde EEUU.
De acuerdo con documentos policiales, el imputado se mantiene en Orlando. De ahí que exista un evidente peligro de fuga, considerando que abandonó el país el 13 de febrero de 2021. Además cuenta con medios suficientes para quedarse en el extranjero y no tiene arraigo familiar en Chile, dado que la mayor parte de su familia está en EEUU.
Según consta en archivos judiciales, Vanella además registra otras dos órdenes de detención por imposiciones impagas.
Por esta razón, el Primer Juzgado de Garantía de Santiago accedió a la solicitud de extradición del Ministerio Público y los querellantes. La petición deberá ahora ser revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Bío Bío Investiga intentó obtener una versión de la defensa de Vanella, sin resultados hasta el cierre de esta edición. El empresario dejó su cargo en La Piccola Italia en 2019. Desde la compañía declinaron referirse a la situación del exejecutivo.