Antes de desbaratar el mayor fraude tributario en la historia de Chile, el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, y la PDI llegaron a una conclusión: “El imputado José Pávez Canessa mantiene un estilo de vida que no se condice con sus ingresos lícitos. En efecto, no registra ningún tipo de remuneración durante el período investigado”.
Se trata —según la indagatoria— de uno de los líderes de los seis clanes que esta semana enfrentaron a la justicia, por delitos que causaron un perjuicio fiscal estimado en $240 mil millones. Sobre su figura convergen conexiones con al menos cuatro de las agrupaciones investigadas y se estima que emitió más de 100 mil facturas con operaciones “fantasmas”. A él, por sí sólo, se le acusa de provocar un desfalco de $56 mil millones.
Arriendos en un acomodado hotel, un departamento de lujo en el sector oriente de Santiago y el uso continúo de vehículos de alta gama, incluido un Maserati, marcaron el auge y caída de uno de los peces gordos del megafraude.
Pávez Canessa: el clan proveedor
Tal como destapó la Unidad de Investigación de BioBioChile, el operativo concretado el jueves recién pasado concluyó con la detención de 55 imputados y el allanamiento de casi un centenar de domicilios en todo Chile. Los arrestos dieron paso a una formalización a la que se sumaron otros 10 involucrados. En el listado final hay de todo: líderes, socios, familiares y testaferros que pusieron su nombre para crear sociedades y lavar el dinero de origen ilícito. Dentro del primer escalafón, destaca justamente Pávez Canessa.
Según antecedentes contenidos en el expediente judicial, el Clan Canessa operó por al menos seis años. Entre 2014 y 2020, el imputado administró “de facto” una “sofisticada red de sociedades”. Todo ello, para emitir y facilitar facturas falsas a otras empresas. Éstas, a su vez, eran registradas en la contabilidad de las firmas receptoras e incorporadas en sus declaraciones de impuestos.
Es así como el Clan Canessa figura como proveedor de facturas falsas de otros cuatro grupos caídos en el procedimiento: Los Barraza, Los Croxatto, Los Nexus y Los Barriga. El único no vinculado corresponde a Los Galaz.
Entre sus colaboradores más estrechos figura Felipe Andrés Pávez Canessa, su hermano. De acuerdo al Ministerio Público, fungió como palo blanco dentro de la asociación ilícita para inscribir bienes a su nombre. Todo ello, mientras ejercía como abogado del Servicio Electoral (Servel).
La fiscalía incluso debió solicitar una orden de entrada, registro e incautación para las oficinas de la institución pública, en Esmeralda 611.
Información revisada por este medio vía Transparencia apunta a que se desempeñaba como profesional de la División del Registro y Funcionamiento de Partidos Políticos en la región Metropolitana. Percibía un sueldo mensual superior a los $3 millones.
Sector oriente
Pávez Canessa, en su periplo delictual, logró constituir, al menos, 16 empresas. Para ello, proporcionó datos personales de terceros y aportó maliciosamente antecedentes falsos en la declaración inicial de actividades. Ya sea información de sus representantes legales, de los giros comerciales e incluso de sus domicilios.
De este modo no sólo obtuvo autorización para la emisión de documentos tributarios, para luego facilitarlos a terceros contribuyentes con fines ilícitos (se estima en más de 100 mil), sino también amasó una fortuna que lo llevó a tener una vida de lujos. Los mismos que intentó ocultar de la acción de la justicia.
Según descubrió el fiscal Baeza, el imputado se hizo de cuatro vehículos de lujo avaluados en $155 millones. A saber: un BMW que inscribió a nombre su madre; un Maserati, a nombre de una de sus sociedades; un Jeep Wrangler Sport, también a nombre de una de sus empresas; y un Mercedes Benz, a nombre de un tercero.
A juicio del Ministerio Público, la maniobra desplegada por Pávez Canessa configura una tipología clásica del lavado de activos denominada “testaferrato”. Es decir, inscribir bienes a nombre de terceros que no son sus legítimos dueños, pero aparentan serlo, con el fin de ocultar su origen.
Hay más. La indagatoria también concluyó que, al menos hasta agosto de 2023, el investigado arrendó un lujoso departamento en el Hotel W de Las Condes, “pagando con dineros de origen ilícito un canon de arriendo que fluctúa entre los $2 y $2,8 millones”.
Y, nuevamente a nombre de su madre, el formalizado también pago arriendos mensuales por 1,8 millones para un departamento, también en Las Condes, con dos estacionamientos y una bodega.
“No se condice”
Pese a sus intentos por encubrir las acciones ilícitas, todo se vino a pique. Un error básico delató a Pávez Canessa ante fiscalía y la Policía de Investigaciones. Y es que durante el periodo investigado (2015 a 2021), el hombre no registra ningún tipo de remuneración. Es decir, no existen antecedentes que respalden el ingreso lícito de recursos por parte del cabecilla del clan.
Lo anterior dista de 2022, año tributario en que declaró rentas por $250 millones. Este 2023, en tanto, informó $270 millones.
“Estas rentas presuntas suponen una declaración del imputado mediante la cual señala que percibió esa cantidad de dinero, sin embargo, no detalla ningún empleador ni el origen de estos dineros”, argumentó el fiscal jefe de Pudahuel.
En esa línea, acotó que “no se puede comprobar la veracidad de las declaraciones ni la legalidad de los ingresos”. Con esto, apuntó a una precaria maniobra por parte del imputado para justificar de forma “legal” sus ingresos irregulares.
Pávez Canessa “mantiene un estilo de vida que no se condice con sus ingresos lícitos”, sentenció.
Tras una maratónica formalización que se extendió por cinco días, el Primer Juzgado de Garantía de Santiago lo dejó en prisión preventiva.
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