Las dunas de Concón son uno de los atractivos que diariamente visitan decenas de personas en los límites entre las ciudades de Viña del Mar y Concón, en la región de Valparaíso. Desde el sábado, todas las miradas se han dirigido hacia una de las laderas de la duna que cayó en dirección a la Avenida Borgoño, es decir, hacia el mar.
El asunto es que el martes las alertas se elevaron al evidenciar que a metros del edificio Kandinsky, construido por Besalco, el terreno había cedido generando un mega socavón. Las autoridades de inmediato dieron la orden de evacuar la estructura, sin que los propietarios que pagaron 500 millones de pesos por sus departamentos tengan fecha de retorno a sus inmuebles.
Pero ¿cómo Besalco llegó a construir esa torre en medio de una duna que se supone debería ser una reserva natural?
En un acontecimiento que fue tildado de histórico, ya que marcaba el compromiso con la conservación del medio ambiente, el otrora alcalde de Viña del Mar, Víctor Henríquez (1991-1992), firmó el 14 de abril de 1992 la Orden N° 329, sentando las bases para la protección del Campo Dunar de Concón, según se recogió en la prensa por aquellos años.
Esa medida fue validada por la Cámara de Diputados al emanar el 4 de marzo de 1993 el Oficio N°12.386 en el que se incluyó, según los documentos, el informe técnico elaborado por académicos de Geomorfología de la Escuela de Geografía de la Universidad de Chile que determinaba la importancia historia del lugar.
Con estos pasos se logró establecer apoyos para el resguardo del campo dunar, que según los estudios y análisis exhibidos en ese entonces, datan del periodo cuaternario. En simple, corresponde a 2,59 millones de años atrás.
Por esto y tras gestiones, el resultado final fue el reconocimiento por parte del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) de 50 hectáreas de dunas, parte de las 150 hectáreas que constituían el Campo Dunar de Concón, como “Santuario de la Naturaleza”.
Por aquellos años, en el mundo partía una creciente preocupación por el medio ambiente y los efectos que esto podría traer para la humanidad. Por eso, Patricio Aylwin ordenó a su ministro de Educación de la época redactar un documento que ponga en “buen resguardo” el Campo Dunar de Concón. Hecho que se materializó con la firma de ambos el 5 de agosto de 1993, según se desprende del Decreto Supremo N° 481. De hecho, en el documento se sostuvo que el Campo Dunar de Concón tenía “el valor innegable de la conexión humana con la naturaleza”, según se desprende.
La Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), de aquella época, calificó por oficio que el campo dunar era un “tesoro geológico en vías de extinción”. Sin embargo, esta historia de compromiso ambiental tomó un giro inesperado en pleno proceso de transición a la democracia. Primero el oficio firmado el 5 de agosto de 1993 nunca fue publicado en el Diario Oficial.
Con ese antecedente, el año 1994 trajo consigo una transformación radical de esa decisión cuando, dos días antes del cambio de mando presidencial, las mismas autoridades que habían respaldado el Decreto Supremo anterior firmaron el Decreto Supremo Nº 106. Este decreto, justificado por la necesidad de satisfacer diversas demandas de vivienda, salud, educación, energía y turismo, redujo drásticamente el territorio protegido en el campo dunar, pasando de 50 hectáreas a una pequeña porción de 12.
En la época de inmediato se sospechó que las raíces de dirigentes demócrata cristianos entre la municipalidad, el gobierno y sector empresarial, habían llevado a cursar “gestiones” para evitar la protección de las 50 hectáreas, pensando ya en ese momento en el desarrollo inmobiliario que podría generarse.
Es así como el proceso de desprotección en que quedó la zona se fue transformando rápidamente en el mejor ejemplo de la “interacción entre el mercado inmobiliario y la política”, según han advertido distintas personalidades en extensos documentos redactados sobre Campo Dunar de Concón.
Con ese cambio de criterio de hace 31 años, los agentes del mercado inmobiliario, incluyendo a la empresa Reconsa S.A., aprovecharon la oportunidad de desprotección para desarrollar proyectos de construcción en el área.
Reconsa SA
La empresa Reconsa S.A. sin duda tomó un rol destacado en esta historia del Campo Dunar de Concón. La empresa, que por aquellos años mantenía en la propiedad a demócrata cristianos conocidos como Edmundo Pérez Yoma y otros conspicuos personajes de la dictadura de Pinochet, como Juan Ignacio Soza o empresarios reconocidos como Álvaro Saieh, se encontraba en el centro de una controversia sobre la calificación inicial de “Santuario de la Naturaleza” para las Dunas de Concón.
Es en ese momento en que Edmundo Pérez Yoma y Carlos Figueroa entrarían a jugar un rol clave en las postrimerías del gobierno de Aylwin, ya que habrían sido los principales gestores para realizar el cambio que favoreció a la empresa de la cual tenían relación directa, ejemplificando la interacción de intereses empresariales y políticos, puesto que Pérez Yoma y Figueroa ocuparían cargos políticos claves.
Los esfuerzos iniciales de conservación del Campo Dunar de Concón se vieron eclipsados por la influencia de actores poderosos y los intereses económicos. La historia revela cómo las decisiones políticas pueden cambiar drásticamente el destino de un entorno natural valioso. El contraste entre la protección inicial y la posterior desprotección refleja la constante tensión entre la conservación del medio ambiente y el desarrollo urbano, así como las implicaciones de las relaciones políticas en estos procesos.
1979
La historia del Campo Dunar de Concón es larga. En septiembre de 1979 se concretó un hito importante para poder entender por qué parte de las Dunas de Concón llegaron a ser propiedad de empresas ligadas a políticos. Esto pese a que la escritura pública de esa fecha se habría “extraviado”.
Según un documento redactado por Patricio Herman, y publicado por El Mostrador, señaló que “en septiembre de 1979, el Gobierno, no sabemos si en forma directa o a través de una licitación pública, le vendió derechos, hasta ahora desconocidos, que tenía la ex Caja de Previsión de Empleados Particulares en las Sociedades Constructoras de Viviendas Económicas Uno y Cinco, a las empresas privadas Neut Latour y Edmundo Pérez, Sociedad Colectiva”.
Y agregó en la publicación que “no conocemos el monto de la transacción comercial, pero sí sabemos que los compradores no pagaron el servicio de la deuda por mucho tiempo. En todo caso, la venta se escrituró en cuotas, venciendo la primera en marzo de 1983. Por la morosidad de los privados, la ex entidad previsional interpuso una demanda, embargando los inmuebles de propiedad de Egeco S.A., continuadora de las anteriores”.
Pero, al rastrear los documentos y consultar con personalidades que revisaron en su momento estos procesos judiciales, se identifica que se llegó a un acuerdo entre las partes, y en mayo de 1983 esa empresa privada constituyó una primera hipoteca a favor de la referida Caja de Previsión y se obligó a “no gravar ni enajenar una serie de inmuebles”, correspondientes a unas 500 hectáreas aproximadamente.
Luego, en junio de 1984, como la morosidad continuaba, las partes suscribieron una Transacción Extrajudicial en la que repactaron el plazo y condiciones de pago. Sin embargo, la deudora incumplió nuevamente el pago convenido y el gobierno chileno se allanó a firmar una modificación de la transacción antes indicada.
Según expresó Herman, en julio de 1988 se constituyó la Sociedad Anónima Cerrada Reconsa S.A., a la cual Egeco le aportó la totalidad de los bienes raíces hipotecados, la que asumió la calidad de codeudora solidaria de Egeco para garantizar el pago de los montos fijados en la última transacción.
Ya con Reconsa S.A. constituida, el negocio inmobiliario tomó un perfil que a la fecha se calcula que está en cerca de los 1.000 millones de dólares. Entre compras y ventas de terrenos y construcción, obviamente, de departamentos.
El misterioso camino que enreda a la DC: viaje al pasado para entender crisis por dunas de Concón
