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El gobierno de José Antonio Kast enfrenta críticas por la megarreforma fiscal, con el Consejo Fiscal Autónomo alertando sobre un impacto negativo en las finanzas públicas. El Crédito Tributario al Empleo genera preocupación por su alto costo y limitado alcance. El FMI advierte sobre la deuda pública y la incertidumbre del crecimiento económico. Expertos cuestionan la sustentabilidad de la reforma y la dependencia en el crecimiento.
El gobierno de José Antonio Kast ha debido enfrentar una gran encrucijada en los últimos días, luego de que varios organismos especializados expresaran sus criticas a la megarreforma impulsada por la actual administración.
Y es que un informe del Consejo Fiscal Autónomo puso entre la espada y la pared al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, ya que — según recogiera esta entidad — un mayor crecimiento económico no sería suficiente para compensar una baja en los ingresos generada por esta misma iniciativa.
La advertencia del CFA
Según el documento del CFA, “la iniciativa legal genera un impacto fiscal neto negativo, por lo que para lograr la neutralidad fiscal en ese periodo se requerirán fuentes de financiamiento adicionales de magnitud relevante, no contenidas en el proyecto”.
Entre los nueve riesgos fiscales que enumeró la entidad presidida por Paula Benavides estaba la rebaja de impuestos de primera categoría y los mayores costos del Crédito Tributario al Empleo.
Pero, ¿Qué es el Crédito Tributario al Empleo? Es un beneficio económico donde el Estado permite que las empresas descuenten parte de lo que pagan en sueldos directamente de sus impuestos mensuales (como el IVA). Su objetivo es aliviar los costos de las empresas que tienen trabajadores con sueldos medios-bajos (entre $545.000 y $838.000 aproximadamente), otorgándoles un ahorro de hasta el 15% por cada empleado para evitar despidos y fomentar la formalidad.
Ante esta situación, para varios expertos en economía, este punto por sí solo podría tener un costo aproximado para el Estado de 1.400 millones de dólares por año, con un limitado alcance a las nuevas contrataciones, sin tener una base segura en el costo para el fisco.
En este sentido, el economista Alejandro Urzúa calificó como razonable la alerta del Consejo Fiscal Autónomo.
Alerta del FMI
Por otro lado, otro organismo que también expresó su preocupación fue el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde varios de sus técnicos explicaron que el precio internacional del petróleo continuará siendo relevante en el próximo tiempo, incidiendo directamente en el estado de las arcas fiscales.
Además, respecto a la deuda fiscal, plantearon que para mantenerla debajo del 45% es necesario realizar esfuerzos de recortes que se acerquen a dos o tres puntos porcentuales del PIB, meta que parece lejana si tomamos en cuenta que el Estado chileno se ha endeudado sostenidamente desde 2008.
En caso de que no se alcance este objetivo, la deuda publica llegaría en 2028 al 45%, superando el nivel calificado como prudente para el fisco.
A raíz de esto, el también economista, William Díaz, precisó que estas advertencias solo tienen sentido si se entiende por que se llegó al contexto económico actual.
Por su parte, la también economista, Cecilia Cifuentes, aclaró que el proyecto en su origen es deficitario, por lo que se financia con crecimiento, el que siempre suele ser incierto a pesar de las proyecciones.
Asimismo, el economista de la Universidad de Santiago, René Fernandez, sentenció que respaldarse en el crecimiento es sustentarse en la “curva de la fe”.
De hecho, el FMI proyecta que el PIB real de nuestro país subirá de 2,2% en 2026 a un 2,5% en 2027, 0,2 puntos menor que el informe de Perspectivas Económicas Mundiales.
Sobre esto, el economista Carlos Smith remarcó que las estimaciones siempre pueden equivocarse, lo que no quita que la megarreforma deba ser acompañada de otras medidas para subsanar los ingresos del fisco.
Respecto a la discusión y tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, todo apuntaría a que el proyecto sería aprobado sin grandes contratiempos en la Cámara Baja, aunque la historia podría ser muy diferente en el Senado, donde continúa la interrogante sobre cuan flexible será el ministro Quiroz para introducir mejoras a la iniciativa, la que sigue sin entregar garantías para muchos expertos en materia económica.