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Este lunes, vence el plazo para el ingreso de indicaciones a la Ley de Reconstrucción Nacional, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Esto, en medio de un contexto especial: desde la noche de domingo a la madrugada de lunes, los partidos de oposición han estado trabajando de manera coordinada para ingresar 10 indicaciones firmadas por todas las colectividades contrarias al gobierno.

Este numero de indicaciones -puesto en el escrutinio tanto o más que el contenido de éstas- no contempla las que cada parlamentario o bancada pueda ingresar por decisión propia, pese al escándalo que generó la posición del diputado Jaime Araya (IND-PPD), el pasado viernes.

¿”Tsunami” de indicaciones al Plan de Reconstrucción Nacional?

El “tsunami” de indicaciones, el uso de la palabra “diabólico”, el “sufrimiento” de la secretaría. Todas esas ideas que comentó el parlamentario, en un programa de Youtube, le valió la condena del oficialismo y el Gobierno, y llegó hasta las amenazas de muerte en su contra.

La bancada del PPD, que en las primeras horas se distanció del llamado de Araya, salió el domingo con un comunicado condenando la “campaña de hostigamiento y amenazas” que llegaron a ser de muerte, revelando que no fueron solo por redes sociales, si no que por “mensajes a su teléfono personal”.

Por su parte, Jaime Araya relacionó los dichos del Presidente José Antonio Kast -que dijo que la ciudadanía sufriría con la estrategia- con las amenazas, pero declaró que ese momento ya pasó.

Además, el diputado de Antofagasta comentó algunas de las propuestas que ingresará: mecanismo de rebaja y contención del impuesto específico a los combustibles, devolución del IVA al pie del crédito hipotecario, entre otras.

Obstruccionismo, mezquindad, bajeza. Todos éstos calificativos y más fueron los empleados por las derechas, que encontraron oxígeno en la revelación de Araya, justo cuando se conocía un informe de la Corte Suprema que volvió a instalar dudas en el proyecto.

El presidente de la comisión de hacienda, Agustín Romero -que ya fue tratado de ‘dictador’ por su manejo del trámite del proyecto-, dijo que sería firme, aunque también reconoció que las indicaciones son una facultad de los parlamentarios.

En tanto, la oposición ya considera que este es un trámite “a la rápida” y que no se han dado todas las garantías.

Cabe mencionar que la rechazada reforma tributaria del expresidente Gabriel Boric se tramitó durante seis meses en la Comisión de Hacienda y la reforma de pensiones durante dos años. Por el contrario, la ley de reconstrucción se despachará de Hacienda en tres semanas.

Ante esta situación, el diputado Boris Barrera (PC) reflexionó que la naturaleza “miscelánea” del proyecto les da una ventaja: buscarán usar a su favor la amplitud de la idea matriz.

Por su parte, la bancada de la Democracia Cristiana trabaja una decena de propuestas y uno de sus diputados, Patricio Pinilla, comentó que hasta el momento no ha habido “reciprocidad” en el diálogo que ya comenzaron con La Moneda.

Por un camino paralelo va el Partido de la Gente. Fuentes consultadas hablan de “un buen acuerdo” que, preliminarmente, tendrá un costo de 100 millones de dólares, incluyendo a los recién nacidos hasta los 24 meses para el uso de pañales y no habrían “mayores restricciones” para los mayores de 65 años que deban usarlos.

La iniciativa contemplará un “precio estándar” para los pañales, mientras que para los medicamentos contemplaría al 80 por ciento más vulnerable del Registro Social de Hogares, para remedios con receta médica y adquiridos en el comercio establecido.