"Se exponen a responsabilidad penal": Experto advierte el riego detrás de las casas de apuestas
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Gabriela Pulgar

Periodista contenido audiovisual

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Ética y transparencia de BioBioChile

Las casas de apuestas online movieron en 2024 US$3.100 millones, de los cuales no se pagaron impuestos; así lo explicó Claudio Pimentel, abogado y académico de la Universidad Central.

Las cuales siguen funcionando pese a haber sido declaradas ilegales, y a que la Corte Suprema haya ordenado bloquearlas; las plataformas siguen funcionando, cambiando dominios y financiando clubes deportivos.

Pimentel fue enfático: “Cualquier casa de apuesta que opera al margen de la Polla Chilena es una actividad ilegal”, afirmó.

Agregó que, mientras no se apruebe la ley que está en trámite, las plataformas que operen en Chile “se exponen a responsabilidad penal”.

Lo anterior, incluso por delitos como estafa o juego ilícito.

Además, advirtió que podría existir responsabilidad para los clubes que mantienen alianzas con estas empresas y una eventual “responsabilidad política” del Estado.

Lo anterior, por permitir que los espectáculos deportivos se desarrollen con ese auspicio.

Salud mental, dinero fácil y el debate regulación vs. prohibición

En la entrevista se destacó que el fenómeno no es menor, ya que 5.4 millones de chilenos interactuaron con sitios de apuestas en 2024.

El abogado apuntó que las causas son “multidimensionales”. Por un lado, apuntó a un problema de salud mental.

Pimentel apuntó que las apuestas son “una actividad riesgosa” que requiere una sociedad “en orden en materia de salud mental”.

Por otro lado, mencionó la idea del “dinero de fácil obtención”, alimentada por la información disponible sobre partidos y estadísticas.

Incluso planteó la posibilidad de que estas plataformas sean usadas para “blanquear dinero”.

Frente a lo anterior, Pimentel fue categórico: “Lo que se debería hacer acá es el esfuerzo de regular”.

A su juicio, prohibir tendría “un efecto igual a cero”, porque la actividad ya ocurre masivamente.

Afirmó que la señal adecuada sería establecer garantías e impuestos para que quienes participen lo hagan “sabiendo que están haciendo una actividad lícita”.

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