Este miércoles 28 de mayo entró en vigencia la ley que establece normas para la realización de funerales de alto riesgo, luego de ser promulgada por el presidente Gabriel Boric en diciembre de 2024.
Según detalla la normativa, contenida en la Ley 21.717, el objetivo de esta iniciativa es regular el desarrollo de este tipo de instancias, cuando exista un riesgo para la seguridad y el orden público, establecimiento un procedimiento para que estos se ejecuten, medidas de control y sanciones en caso de que se cometan delitos durante el transcurso de estos.
Qué implica la realización de funerales de alto riesgo según la ley
Según explica la ley, para que los funerales de alto riesgo se lleven a cabo, Carabineros debe elaborar un informe técnico que consigne los antecedentes delictuales de la persona fallecida, las circunstancias que derivaron en su muerte y otros criterios, que deberán ser remitidos al respectivo delegado presidencial regional.
Con estos antecedentes, el delegado deberá notificar personalmente a los familiares directos del fallecido después de la dictación de una resolución que califique dicho funeral como uno de riesgo.
La sepultación o cremación tendrá que efectuarse en un plazo máximo de 24 horas desde que se notifique la resolución. Dentro de este plazo deberán realizarse los respectivos trámites como la inscripción de defunción, así como el traslado del cuerpo hasta el sitio donde tendrá lugar el funeral.
Además, Carabineros tendrá que determinar el trayecto por el cual se trasladará el cuerpo hasta el lugar de sepultación o cremación, para garantizar la seguridad del proceso y controlar la identidad de los participantes.
Otras funciones de los uniformados incluyen la prohibición de ingreso de elementos que puedan causar daños o alterar el orden, rechazar la entrada a personas en estado de ebriedad o drogadas, pudiendo también aplicar pruebas de detección de estas sustancias si fuese necesario.
Qué ocurre si se cometen delitos durante un funeral
La ley también indica que de cometerse un ilícito como interrumpir el tránsito, retener o tomar un vehículo de pasajeros, turbar gravemente la tranquilidad pública, amenazar, robar, matar a una persona, entre otros, las personas serán juzgadas y sancionadas de acuerdo al delito que se trate, pero con penas agravadas.
A la vez, la norma señala que quienes incumplan las otras disposiciones de la ley, arriesgan penas de reclusión menor en su grado medio, es decir, de 541 días a 3 años y 1 día de cárcel, al igual que una multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales ($686.480 a $1.372.960)