La reciente promulgación de la Ley 21.778, que establece 60 minutos diarios de actividad física, juegos o deporte para todos los establecimientos educativos del país, constituye un avance relevante en la promoción del bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

La evidencia internacional y nacional coincide en que aumentar el movimiento cotidiano contribuye no solo a la salud física, sino también al aprendizaje, la convivencia escolar y la salud mental. En ese sentido, el espíritu de la ley es ampliamente valorable.

Sin embargo, más allá de su objetivo, la implementación efectiva de esta norma plantea preguntas legítimas.

La ley establece obligaciones claras: disponer de espacios e instalaciones adecuadas, asegurar recursos didácticos y equipamiento, garantizar la inclusión de estudiantes con discapacidad mediante ajustes necesarios y promover formación para profesores y asistentes de la educación. También establece que los 60 minutos deben ser adicionales a la clase formal de Educación Física, lo que exige reorganizar tiempos, prácticas y prioridades dentro de la jornada escolar.

Pese a estas exigencias, la ley no detalla —al menos en lo actualmente disponible— un presupuesto específico o un mecanismo de financiamiento destinado a garantizar que todos los colegios cuenten con las condiciones necesarias. Tampoco se han difundido lineamientos técnicos o pedagógicos que orienten a los establecimientos en la implementación, más allá de las definiciones generales del texto legal.

Esta ausencia de financiamiento explícito podría generar diferencias significativas entre establecimientos con más recursos y aquellos que ya enfrentan limitaciones estructurales o de infraestructura.

El desafío, por tanto, no es solo cumplir con los 60 minutos, sino hacerlo de manera equitativa, segura e inclusiva. Para muchas comunidades educativas, esto requerirá nuevas formas de organización escolar, espacios más flexibles, equipos docentes capacitados y una mirada pedagógica que ponga en el centro la participación de todos y todas, incluyendo a estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales.

Sin apoyos concretos —técnicos, formativos y financieros— la implementación corre el riesgo de recaer en la buena voluntad de las escuelas, reproduciendo desigualdades ya existentes entre contextos educativos.

La ley abre una oportunidad relevante: incorporar la actividad física como parte estructural de la cultura escolar, no como una actividad periférica. Pero para que su impacto se sienta realmente en la vida cotidiana de los estudiantes, será necesario acompañar este mandato con políticas complementarias, recursos específicos y un plan de seguimiento que permita evaluar su cumplimiento y calidad.

En definitiva, la pregunta no es si los 60 minutos diarios son deseables —la evidencia indica que sí lo son—, sino si contamos con las condiciones para implementarlos de manera justa y sostenible en todo el país. La respuesta dependerá de los próximos pasos que se tomen. La ley ya existe; ahora falta construir el camino para que pueda hacerse realidad.

Belén Fierro Saldaña
Doctora en Educación PUC
Profesora de Educación Física UMCE