Los estados latinoamericanos tienen importantes desafíos de cara al corto plazo pensando en la modernización de los servicios y atención a usuarios con el propósito de avanzar hacia un Estado Digital.

Chile está bastante avanzado en varios temas de digitalización en el plano regional. A nivel de reparticiones públicas, cuenta con una plataforma de servicios como Chile Atiende, además de los destacados avances en el Registro Civil y el Servicio de Impuestos Internos. También podemos nombrar experiencias positivas como la implementación de la Clave Única y la Ventanilla Única, políticas que han sido clave para la agilización de servicios y que han contribuido en fortalecer la transparencia.

Sin embargo, hay un desbalance importante en los avances en aspectos clave del desarrollo de una estrategia de Gobernanza Digital, que el Estado debe considerar al momento de pensar en el desarrollo y proyección de una arquitectura digital, y de políticas públicas para una gobernanza de datos.

En la práctica, un caso que pone de manifiesto las brechas existentes son los municipios. En general, no es complejo acceder a facilidades de pago y otras transacciones con herramientas digitales, sin embargo, poder contar con un plano u algún documento social, es complicado; es decir hay un desbalance importante en los avances digitales, en especial en los gobiernos locales y también en las zonas rurales.

Otro aspecto para considerar son las cifras. De acuerdo con la Subtel, el 93% de los hogares en Chile declara tener acceso propio y pagado a internet (fijo, móvil o satelital). Pese a lo alentador que podría ser este número, existen profundas desigualdades, debido a que en zonas rurales el acceso a tecnologías móviles es tan solo de un 50%. Si comparamos entre grupos etarios, el uso de internet en los adultos mayores alcanza un 42% aproximadamente. Asimismo, un 32% de los quintiles más pobres tienen acceso a banda ancha fija.

A nivel de Gobernanza, uno de los principales desafíos es la fragmentación institucional. A pesar de la existencia de una División de Gobierno Digital, hay una dispersión en el traspaso de competencias, lo que puede llevar a dos problemas: duplicidad de funciones o visiones duales sobre cómo enfrentar el desafío de la digitalización en desmedro de un desarrollo armónico. A modo de ejemplo, organismos como el Sernac asumen roles que debieran ser competencia de una institucionalidad pública específica de lo digital, como lo es la Agencia de Protección de Datos.

Interoperabilidad

En este sentido, aun cuando en los distintos sectores Chile tiene logros notables en materia de desarrollo digital, tanto para mejoras de gestión como para entrega de servicios, la interoperación y la generación de una estructura capaz de asegurar implementaciones efectivas de políticas digitales, tanto en regulaciones como medidas administrativas, parece ser el gran desafío hoy.

La arquitectura institucional para lo digital se ha ido construyendo de manera poco coordinada, y en donde surgen servicios como la Agencia Nacional de Ciberseguridad, o la próxima Agencia de Protección de Datos, con poca claridad respecto a su presupuesto, y con una agenda de trabajo de implementación con más trabas que facilidades. Más incierto es todavía el escenario ante la incertidumbre fiscal que tendremos a partir del ejercicio presupuestario 2026.

Un desafío importante para avanzar en buenas estrategias de diseño y gobernanza tiene que ser el de la interoperabilidad. Que todos los servicios dispongan de información sobre la ciudadanía que recurre a los servicios públicos, es una ganancia importante en eficiencia y reducción de burocracia.

Además, la necesaria creación de Servicios como la Agencia de Ciberseguridad o la Agencia de Protección de Datos, requieren que sea acompañada de un presupuesto que permita su adecuada implementación y puesta en marcha. En efecto, el compromiso institucional es clave en esta materia. En un año de elecciones presidenciales y parlamentarias es necesario que tanto el próximo gobierno como el Congreso puedan asumir una política de fortalecimiento con el fin de transformar la digitalización en una política de Estado sin ser sometida a la voluntad de quienes gobiernan.

Todo este tipo de estrategias resulta crucial para mejorar la percepción ciudadana respecto del funcionamiento del aparato público, contribuyendo a la recuperación de la confianza en la democracia como forma de organización social que garantiza libertades, respeta derechos y asegura una adecuada provisión de servicios a la población, la cual se percibe cada vez más distante y postergada en sus necesidades.

No obstante, un desafío pendiente se vincula con las competencias digitales de los funcionarios públicos: la digitalización del Estado difícilmente puede avanzar si quienes integran la burocracia no cuentan con las destrezas y el conocimiento necesarios.

Por ello, los avances no pueden limitarse al desarrollo tecnológico, sino que deben pensarse desde una perspectiva integral, que combine innovación digital con formación y capacitación de los funcionarios, al tiempo que se aborden las brechas de acceso tanto etarias como territoriales, entre zonas urbanas y rurales.

Rodrigo Espinoza Troncoso
Director Escuela de Administración Pública
Universidad Diego Portales

Ricardo Mena Burgos
Profesor Escuela de Administración Pública
Universidad Diego Portales