Señor director:
Si alguien hasta ayer aún pensaba que la justicia chilena era imparcial, el caso Antonio Ulloa se encargó de desmentirlo con lujo de detalle. La Corte Suprema se encargó de demostrar que sus miembros no se guían por la ética ni por la transparencia, sino por la comodidad de sus redes y favores cruzados.
Ulloa, atrapado en chats con Luis Hermosilla, coordinando nombramientos y agradeciendo favores con poemas, podría haber sido expulsado por cualquier tribunal que respete la ley. Pero la Suprema decidió protegerlo. Y no solo eso: varios de sus miembros, los que debían abstenerse para no contaminar la votación, miraron hacia otro lado.
Mario Carroza y Jean Pierre Matus, finalmente se inhabilitaron… pero solo después de sentir la presión pública. ¡Bravo! Mejor tarde que nunca, aunque su demora demuestra que la ética no siempre es voluntaria, sino condicionada por la opinión de terceros.
María Angélica Repetto, que debería haberse apartado, decidió inhabilitarse solo para el caso de Sabaj. Ulloa estaba fuera de su radar, aparentemente, como si la integridad judicial tuviera días de descanso.
María Teresa Letelier directamente ignoró la advertencia: se quedó en la votación, quizá pensando que la sospecha es para los demás y que los favores no se cuestionan. Su decisión contribuyó a blindar un juez que actúa como si las reglas no fueran para él.
Y luego están los siete ministros que votaron para mantener a Ulloa:
Manuel Valderrama Martínez, Arturo Prado Puga, Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto García, Adelita Ravanales Arriagada, María Teresa Letelier Ramírez y Diego Simpertigue Limare. Cada uno, con su voto, eligió proteger a un amigo cuestionado en lugar de proteger la confianza pública. Sus nombres quedan marcados en la historia: no por fallos valientes, sino por complicidad.
El espectáculo fue completo: favores, poemas, redes de influencia, inhabilidades parciales y votos que parecen susurrar “la justicia es de los nuestros”. Chile no necesita tribunales corporativos disfrazados de independientes. Necesita jueces que pongan la ley por encima de sus vínculos personales.
Que Antonio Ulloa siga en su cargo es una burla; que la Corte Suprema lo haya protegido es un insulto histórico. Cada uno de estos ministros ahora carga con la marca de la vergüenza, una mancha que ninguna toga puede cubrir. La ciudadanía no olvida, y este episodio quedará como el día en que la Corte Suprema eligió sus favores sobre la justicia.
En resumen: la justicia chilena tiene un tribunal tuerto. Con un ojo abierto para proteger a sus amigos y el otro cerrado para no ver la indignación de todos los demás. Eso es lo que hoy marca la Suprema vergüenza.
Por Jorge Ravanales A.
Santiago