En el inicio del año legislativo, el Gobierno comenzó presentando indicaciones al proyecto de Uso de la Fuerza (RUF) que nos toca revisar en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad.
Bien por partir con un tema importante que es la principal preocupación de la ciudadanía: la seguridad. Sin embargo, tanto para nosotros como diputados de oposición y para los del oficialismo, queda un manto de dudas acerca si la nueva propuesta irá en desmedro de la aplicación de la Ley Naín Retamal (la línea roja en esta discusión).
Todo liderado por la ministra Tohá –quien a ratos muestra una actitud displicente frente a la magnitud de la discusión-, se propone una lógica parecida a lo que se vio en la fracasada primera Convención Constituyente: justicia diferenciada para algunos, frente al resto.
Chile ya dijo que no quiere tener ciudadanos de primera y segunda línea, sino que un trato por igual para todos, especialmente en temas de seguridad.
El Gobierno debe enmendar el rumbo, y aquí lo que necesitamos es que las Policías y Fuerzas Armadas puedan sentirse respaldadas para combatir la delincuencia y el orden público. El proyecto de Uso de la Fuerza tiene que tener normas muy claras y precisas, de tal manera que después no vayan a terminar tras las rejas quienes nos protegen, y no quienes deben estar: los delincuentes.