Estima que acortar en un tercio los plazos de tramitación equivale a una reducción de tasa corporativa de impuestos de 3.7 puntos porcentuales, lo que llevaría a que más proyectos fueran rentables, con mayor inversión y empleo, y también aumentaría la recaudación fiscal en US$940 millones por año.
Si todos ganan con mayor eficiencia en trámites y permisos, ¿por qué seguimos despilfarrando tiempo y recursos en burocracia e ineficiencias? Los países desarrollados han diseñado mecanismos regulatorios y procesos periódicos de revisión de los que podemos aprender buenas experiencias.
La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad publicó un informe que profundiza en estos procesos para el sector de telecomunicaciones. El resultado demuestra que la necesidad de revisión y simplificación es aún más relevante en un sector de acelerados ciclos de cambio tecnológico.
Para tramitar una concesión de servicios públicos o intermedios se necesitan 400 días de trámites, y una modificación demanda 263 días, se requieren 286 días para permisos de rotura y reposición de pavimentos, y en instalar una antena se gastan de 154 días en el regulador sectorial y 250 días en las municipalidades.
Plazos que se contraponen al dinamismo de la industria
En sus palabras: “A diferencia de otras legislaciones del área (telecomunicaciones), nuestro sistema está diseñado para otorgar una autorización por servicio: de libre recepción o de radiodifusión, públicos, limitados, de aficionados a las radiocomunicaciones e intermedios. Esto no sólo congestiona el proceso interno de revisión de solicitudes de SUBTEL , sino que también atenta contra la convergencia”.
La reticencia y la demora ante estos problemas impone un costo, tanto al sector público, como a empresas y usuarios. La carga regulatoria, la multiplicidad de actores y la extensión de plazos habían sido identificados en 2018 como barreras al desarrollo digital del país por la OECD. A pesar de esto la tendencia es la contraria, con más dispersión de agencias, más cargas regulatorias y más trámites.
El país y el sector requieren normas claras y expeditas que permitan desplegar redes, acelerar la adopción digital y atraer al capital privado que financia el 99% de las redes del país.
Eficientar la implementación y fiscalización de normas, simplificar los procesos para tramitarlas, y acortar pasos y plazos asociados no implica debilitar la regulación. Por el contrario, una regulación eficiente facilita el cumplimiento y la fiscalización, y es pro inversión, pro empleo, y pro actualización tecnológica.
Y entonces, ¿por qué seguimos despilfarrando tiempo y recursos en burocracia e ineficiencias?
Alfie Ulloa
Presidente Ejecutivo Chile Telcos
Puppy Rojas
Gerenta General Chile Telcos
Asociación Chilena de Telecomunicaciones A.G.