En fecha reciente el Congreso aprobó el presupuesto para el funcionamiento del Estado en 2026, incluidas las partidas correspondientes a la Cancillería.

En total, el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores asciende a 310.260.846.000 de pesos (1,5% inferior al presupuesto 2025), y a 184.110.000 de dólares (aumento del 6%). 

Sumadas, ambas cifras equivalen al 0,3% del presupuesto del sector público y, en principio, parecerían suficientes. Sin embargo, no lo son. 
 
No para el funcionamiento de las instalaciones en Santiago, 81 misiones diplomáticas, 48 consulados generales, 200 propiedades (fiscales y arrendadas). Asimismo, para “sueldos” de cerca de 397 diplomáticos, profesionales de planta y/o de confianza política destinados en el exterior, 866 colaboradores de “contrato local” (embajadas y consulados), y unos 770 funcionarios que prestan servicios en Santiago.

Desde ya puede decirse que las cifras aprobadas comprometen al menos 2.033 “salarios” en Chile y en el extranjero y, también, las bonificaciones a los diplomáticos por concepto de destinación al exterior/adscripción a Chile, traslado de sede, fletes, pasajes aéreos, ascensos, etc..

En general, la simple revisión del presupuesto de la Cancillería indica que, en un escenario global crispado, en 2026 “el frente externo” será sometido a estrés presupuestario que puede afectar de manera imprevisible al país. Por lo mismo, llama la atención que las “actas” del debate ocurrido en la Comisión Mixta respectiva revelen un examen “epidérmico” pues, sin duda, la materia merecía mucha mayor atención.

Recursos mermados y áreas grises

 
Lo que quedó “en actas” permite apreciar (y concluir) que ni las actuales autoridades de la Cancillería, ni sus asesores, ni los parlamentarios intervinientes, lograron establecer las razones concretas y/o de fondo de por qué, exactamente, dicho presupuesto es inferior al de 2024 (comparativamente la mitad del previsto en 2020, cuando la Subsecretaría de Relaciones Exteriores representaba el 0,43 de presupuesto total del sector público).

“Todo el mundo da por hecho” de que “la razón de fondo” es que -como 2023 y 2024- “el país creció menos de lo esperado”, mientras que la deuda pública aumentó.

 
Bajo esas premisas queda la impresión de que el criterio general fue aquel de que, a fin de cuentas, “se trata de un problema del próximo gobierno”.

Si en principio la reducción corresponde al “aporte” de la Cancillería al “ahorro fiscal”, en la Comisión Mixta tampoco se explicó ni la lógica de la distribución de los recursos aprobados, ni tampoco se calculó que los recortes significarán que -muy probablemente- los montos disponibles se agoten antes del último trimestre de 2026 (de allí la anotada amenaza sobre “los salarios).
 
Tampoco quedó establecido con claridad cómo se financiará (al menos hasta marzo) la “candidatura Bachelet a la ONU”.
 
En materia del financiamiento del personal diplomático en el exterior, el presupuesto 2026 anota una variación real de 0,0% que, en la práctica, obligará al próximo gobierno a intervenir el llamado “plan de destinaciones”.
 
Entre otras cosas porque -además de una “deuda de arrastre” y a diferencia de los gobiernos anteriores- la Cancillería van Klaveren-de la Fuente no solo cargará a la próxima administración el costo del “cambio de mando”, sino también el costo de regresar al país a los embajadores y a más una treintena de “agregados” (“políticos”). No puede descartarse que, en los hechos, los recursos para el citado “plan” estén desde ya complicados en su ejecución.

Si eso ocurre, es seguro que la circunstancia generará la reacción de los afectados, especialmente de grupos de “funcionarios de carrera” que, se sabe, serán “opositores” a un eventual gobierno de derecha.

Parecería que la intención de este “fait accompli” es que el “costo político” de los recortes sea “de cargo del próximo gobierno” y, a la vez, habilitar a “funcionarios disidentes” para generar una “oposición desde adentro” (conste que “ya se dijo”).
 
Volviendo a la asignación de recursos, la excepción a la norma la constituyen aquellos asignados al ítem “establecimiento y desarrollo de política cultural con perspectiva de género”, y al ítem “procesos internacionales” (¿costo de los “servicios jurídicos” en nuestra demanda contra Israel en la Corte Internacional de Justicia?). En cada caso se trata de aproximadamente 1,5 millón de dólares, o una cifra equivalente a 126 veces al monto asignado al ítem “fortalecimiento de la política consular y migración” (123 mil dólares, solamente).
 
Mucho más allá del financiamiento del “bono de escolaridad” para hijos de funcionarios en el extranjero (que acaparó gran parte del debate en el Congreso), sin considerar ni el financiamiento del mencionado “personal a contrata” en embajadas y consulados, ni la mantención de inmuebles en el exterior (propios y arrendados), ni tampoco otros gastos administrativos básicos, lo que quedó comprometido es la gestión de los intereses de Chile en el mundo. Como se sabe, algunos de nuestros consulados en Argentina ya tuvieron dificultades para “pagar sus cuentas”…
 
En cuanto al presupuesto en “moneda nacional”, la situación es semejante. Aquí el recorte en “personal” corresponde al -3%, a lo cual se agrega una reducción del 5,2% para “soporte administrativo” (348 millones de pesos menos), y una merma de 15,3% en materia de transferencias a otros organismos. 
 
Esta última no afectaría, sin embargo, contribuciones a iniciativas como el “Congreso Futuro” (gestionado por un conocido exsenador concertacionista), ni la Fundación Dignitem (derechos humanos). En cambio, si afectará las partidas “mobiliario y otros” y “maquinarias y otros”, en las que la reducción es total (recursos “iguales a cero coma cero pesos”).
 
Un asunto que sí generó diálogo en la Comisión Mixta fue aquel de la “candidatura Bachelet a la Secretaría General de la ONU”.  

Mientras que, con el apoyo de parlamentarios oficialistas, las autoridades de la Cancillería insistieron en resaltar “las virtudes de la candidata”, los parlamentaros de oposición intentaron transparentar el mecanismo de financiación (campaña internacional). El resultado final fue una opacidad que despierta más dudas que certezas.

 
 
Esto es así porque, con su fraseología acostumbrada, el ministro Alberto van Klaveren dijo que se trataba de una campaña “austera” que se financiaría con “fondos normales del Ministerio”, agregando que para ello “no hay un ítem especial”.  

En contexto, esto puede significar que la “campaña Bachelet” se financiará con cargo a ítems diversos, por ejemplo, “pasajes y viáticos” para la candidata, las propias autoridades del ministerio, personeros de otros organismos y/o “de los asesores de la candidata”. En ningún momento se mencionó si “la campaña”, recibió o recibirá, “gastos reservados” de la Cancillería, cuyo monto no es público.
 
Subsiste la duda de si, como es posible, la candidatura Bachelet se financiará, al menos “hasta marzo”, con gastos reservados que, proporcionalmente, entre el 11 de marzo y el 31 de diciembre, corresponden a las próximas autoridades. En su ya conocido estilo, el Canciller van Klaveren “explicó sin explicar” el asunto, obligando enseguida al Consejo para la Transparencia a intervenir en el problema.

Aviso a los navegantes

 
Es claro que en 2026 la gestión de la Cancillería enfrentará “cuellos de botella” financieros y administrativos que obligarán a las próximas autoridades a adoptar “medidas excepcionales”.
 
Esas limitaciones ya se observan antes del fin de 2025.

Expertos estiman que las restricciones se agravaron porque durante los últimos años la Cancillería absorbió gastos como giras presidenciales y “cumbres internacionales” que, como la reunión (progresista) “Democracia Siempre”, no contaban con asignaciones específicas. 

“El método” de cubrir tales gastos con un presupuesto de antemano reducido, obligó a desviar recursos desde áreas operacionales (personal, tecnología, insumos) a “eventos internacionales”, provocando que el mes de diciembre en curso tenga que ser costeado con fondos de 2026. La Cancillería terminará el año con un déficit aun por conocerse.
 
Conocedores del problema agregan que al dúo van Klaveren-de la Fuente le ha faltado voluntad (o poder político) para preparar la transición conforme con la tradición democrática, pues, como se señala, los embajadores y los “agregados” del actual gobierno se mantendrán en sus puestos “hasta el último día”. Eso generará un problema administrativo y una carga financiera que, habida cuenta de los recortes, harán muy complejo el ejercicio de las facultades constitucionales del futuro Presidente de la República para designar a embajadores y otros funcionarios de su propia confianza.
 
En resumen, por anticipado se percibe que, a menos de que se adopten medidas de reajuste financiero, el riesgo de una crisis financiera en la Cancillería no es una mera hipótesis.

Si eso ocurre, no solo será necesaria una redistribución de recursos, sino que un esfuerzo “con cargo al personal”. Serán los funcionarios quienes, comenzando por el servicio diplomático, deberán “subsidiar el ahorro”. Estos deberían darse por notificados de que, por las condiciones en que la administración Boric entregará la Cancillería, habrá espacio muy reducido para nombramientos, ascensos, destinaciones al extranjero y otros “beneficios”.

Tampoco debe descartarse que, en el uso de sus potestades constitucionales, el próximo Presidente de la Republica instruya una reducción del número de misiones en el exterior, además de una revisión completa de los derechos, beneficios y obligaciones de los funcionarios (comenzando por el Servicio Exterior).