Por sexagésima primera vez se votó la renovación del Estado de Excepción Constitucional en La Araucanía. Esta cifra, por sí sola, es un monumento al fracaso. Sesenta y una veces hemos declarado que la situación es tan grave que requiere de medidas excepcionales, y sesenta y una veces hemos demostrado que somos incapaces de resolverla.

Es evidente que esto dejo de ser una medida de emergencia y se convirtió en “ruido de fondo”. Se asemeja peligrosamente al cuento de “Pedrito y el Lobo”: tanto se ha repetido la alarma y su gravedad, que la sociedad ha comenzado a acostumbrarse, a normalizar algo que en otro escenario sería inaceptable. Y en esta normalización, perdemos de vista lo más grave: el Estado nos está fallando.

Los Estados de Excepción no fueron concebidos para ser una política de Estado permanente. Por el contrario, son herramientas excepcionales, breves y contundentes. Están diseñadas para desplegar todo el poder del Estado, aplastar una crisis y restaurar el orden de inmediato.

En consecuencia, su uso prolongado -como el que vivimos- no es una muestra de fortaleza, sino que atenta contra los cimientos mismos de nuestra democracia. Y aquí radica el núcleo de nuestra crítica: si se va a recurrir a esta herramienta extrema, debe usarse con todas sus atribuciones. La Constitución entrega poderes especiales al Ejecutivo para estos casos, precisamente para actuar con máxima fuerza y determinación.

El no hacerlo (es decir: el auto-restringirse y no desplegar todo el poder del Estado), constituye un notable abandono de deberes. La prueba más reciente de este abandono, se vivió hace poco en Ercilla. Otro ataque cobarde, terrorista, donde se disparó contra ciudadanos chilenos que simplemente circulaban por una carretera. Este acto de violencia no es una casualidad; es la consecuencia directa de no actuar con toda la fuerza que la ley y la situación exigen. Es el resultado de una estrategia titubeante, que declara la emergencia, pero no la enfrenta con la contundencia que promete.

Es una vergüenza que, teniendo el marco legal para proteger a nuestros compatriotas, elijamos una y otra vez una aplicación timorata que los deja en la misma vulnerabilidad. Cada renovación sin resultados es un mensaje de impunidad para los violentistas y de abandono para las víctimas.

Por lo tanto, en el congreso Nacional, no estamos solo para oponernos a una renovación más. Estamos para denunciar que 61 renovaciones equivalen a 61 (admisiones) de que el Estado ha claudicado en su deber fundamental: garantizar la seguridad y el orden público.

Hace falta una mayor convicción de la clase política y exigir que si se insiste nuevamente en esta medida excepcional, se utilice como debe ser: con toda la fuerza de la ley, de una vez por todas. Si no están dispuestos a hacerlo, deben renunciar y dar un paso al costado, porque el pueblo de La Araucanía ya no puede vivir más en este estado de excepción permanente que se ha convertido en su trágica normalidad.