La discusión sobre bajar la edad de responsabilidad penal, hoy fijada en 14 años, está en el Congreso y en alguna medida en la carrera presidencial, como parte de eventuales soluciones frente a la delincuencia y la inseguridad.

Se trata, sin embargo, de medidas ineficaces, que crean falsas sensaciones de seguridad y no apuntan a las raíces de los problemas que se buscan solucionar.

Como Comisión Verdad y Niñez estamos recibiendo los testimonios de muchas personas que, al haber estado en su infancia bajo la custodia del Estado, en una residencia o centro juvenil, no sólo no fueron protegidos ni reparados, sino que, por el contrario, sus derechos más fundamentales fueron brutalmente violados.

No podemos repetir esa historia. La experiencia nos demuestra que respecto de la infancia, cuando el Estado responde con castigo en vez de cuidado, reproduce las violencias en lugar de repararlas.

La evidencia nos entrega alertas claras: bajar la edad penal no mejora la seguridad pública ni garantiza justicia a las víctimas.

La solución no es encarcelar antes, sino investigar mejor y desarticular al crimen organizado que recluta a jóvenes como piezas de recambio. Endurecer las penas y encarcelar personas de 12 o 13 años no afecta a esas redes: solo promueve la captación de niños y niñas cada vez más pequeños.

El propio perfil de los adolescentes infractores nos revela otra verdad dolorosa: la mayoría viene de trayectorias marcadas por pobreza, violencia intrafamiliar, abandono escolar y ausencia de adultos protectores.

¿No somos acaso los adultos los primeros responsables?

Lo que necesitamos es un Estado que proteja y sepa que la preadolescencia es una ventana de oportunidad para cambiar trayectorias de vida, siempre que existan políticas socioeducativas y una comunidad que acompañe. Apostar por el castigo temprano no solo es ineficaz: es renunciar a todo ese potencial.

Recientemente, luego de 12 años, terminamos de tramitar una nueva ley de adopción para Chile, que corrige varias fallas de la burocracia incorporada en la gestión de medidas de protección. El hecho de apostar por más castigo en lugar de más oportunidades constituye un retroceso grave, del cual los adultos somos los responsables.

La seguridad no se logra encarcelando más temprano. Se construye con un sistema educacional que acoge desde la primera infancia, con robustos sistemas de prevención y coordinación interinstitucional, desarticulando el crimen organizado y con una sociedad que se compromete en ofrecer a los niños y jóvenes caminos de futuro.

En este contexto, la Comisión Verdad y Niñez hará aportes en el esclarecimiento de la verdad, identificando errores del pasado y construyendo propuestas de reparación y no repetición.

En lugar de criminalizar a más personas menores de edad, construyamos un camino en que los cuidados, la justicia y la seguridad sean la base de nuestra convivencia.