Con ocasión del seminario sobre falsas denuncias que se realizará el jueves 2 de octubre a las 18:30 horas en la Universidad del Desarrollo —y al que está invitado, junto a otros tres expositores, el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue—, la Asociación de Magistradas Chilenas (Machi) y la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem) están haciendo gestiones para impedir su participación, con el fin de boicotear la actividad.

La presidenta de Machi, María Geraldine Aguirre Belmar, envió el 25 de septiembre una carta al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, solicitando que el Pleno evalúe si corresponde autorizar su asistencia, argumentando que el foro “promueve la idea de que los niños, niñas y adolescentes que denuncian delitos contra su indemnidad sexual, en un porcentaje importante formulan denuncias falsas”, lo que —según afirma— es falso y contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por su parte, Bárbara Sepúlveda, de Abofem, publicó una columna en este medio con un planteamiento similar, señalando que se ha intentado instalar la existencia de una “epidemia” de denuncias falsas por violencia de género, tesis que considera falsa.

Ambas organizaciones aluden directa o indirectamente a mi libro Falsas Denuncias: Una investigación sobre padres acusados de abuso sexual, acusándolo de invisibilizar a las verdaderas víctimas. Aunque reconocen no conocer su base científica, citan cifras de la Fundación para la Confianza y ONU Mujeres, que sostienen que las denuncias falsas en casos de delitos sexuales “no alcanzan al 1 %”.

¿Por qué detener el debate antes de que comience?

Antes de introducir algo de honestidad en esta discusión, me pregunto por qué se asume que el ministro considera que las falsas denuncias son una realidad preocupante. También llama la atención que se intente impedir una actividad antes de conocer sus planteamientos, más aún tratándose de una instancia universitaria, que debiera ser cuna del pensamiento crítico y base de todo avance científico y filosófico. ¿Por qué detener el debate antes de que comience?

Respecto de las cifras, el cantinfleo ha sido —y seguirá siendo— enorme mientras no se acepte la verdad. Y la verdad es que no saben: no tienen idea del fenómeno que rechazan, manoseando los derechos de niños y niñas que, en el fondo, no les interesan, como tampoco su realidad. Para que lo sepa la gente —y también las señoras Aguirre y Sepúlveda—, la cifra reconocida por la Fundación para la Confianza sobre falsas denuncias de abuso sexual llega al 10 % y tiene base científica, pero se refiere a mujeres, principalmente adultas.

Al parecer no entienden que el libro —y el tema que critican sin haber leído— trata sobre padres acusados de abusar sexualmente de sus hijos, es decir, de niños y niñas. Probablemente ni Aníbal Lecter en la ficción, ni en la realidad El Tila o el Destripador de Boston, cargan con un crimen tan atroz como el que se atribuye a los padres de forma masiva sospechosamente en medio de separaciones complejas, demandas de dinero y disputas que se arrastran durante años en Tribunales de Familia antes de llegar a ese punto.

¿Entienden esto, que se ha explicado tantas veces, o seguirán equivocándose por aferrarse a lo que quieren creer? ¿Conocen los daños que viven estos niños cuando son adultos o son solo cifras marginales?

Un asunto de infancia, no de género

Entonces, lo primero es que estamos hablando de nuestra infancia. Lo segundo: nunca se ha dicho que la mayoría de las progenitoras incurra en esta práctica. Lo que se ha afirmado es que existe una realidad creciente y preocupante, para la cual no hay cifras confiables porque el sistema carece de herramientas para detectarla. En las estadísticas de Tribunales de Familia y Fiscalía ni siquiera se distingue la relación entre los involucrados. Pero sí se consigna el sexo de los denunciados. Y los hombres son, efectivamente, los principales imputados por abuso sexual infantil. Y las niñas, las principales víctimas.

Según Unicef —en el único estudio cuantitativo y cualitativo serio realizado en seis regiones del país— un porcentaje preocupante de niños reportó haber sido víctima de abuso sexual. Sin embargo, en orden decreciente, los agresores fueron tíos, primos mayores, padrastros y otros vínculos cercanos: no figuran padres ni madres biológicos como cifras significativas. Y eso no significa que no existan casos. Para mí, siguen y seguirán siendo de la mayor gravedad.

Ante la falta de cifras concretas, la Fiscalía entregó datos sobre abuso sexual infantil entre 2018 y 2024, que incluyen los casos de padres acusados de abusar de sus hijos. La gran mayoría de los imputados son hombres —algo más de 100 mil—, con un alza durante la pandemia que no ha dejado de crecer.

Pero hay un dato clave: en casi 50 mil de esos casos se decretó el archivo provisional. Es decir, la investigación ni siquiera fue formalizada por falta de antecedentes básicos, como el relato de la víctima o la inexistencia del delito. En estos casos no puede hablarse de culpabilidad o inocencia, ya que ni siquiera hubo formalización. No existían elementos para iniciar una investigación seria. Sin embargo, el sistema tampoco reconoce a esas personas como inocentes, lo que deja su caso abierto y sin posibilidad de querellarse para limpiar su nombre ni transformar su situación en una cifra que registre la denuncia como falsa.

Esto es lo que ocurre en Chile, especialmente en los Tribunales de Familia, donde un grupo de abogados inescrupulosos, junto a peritos particulares pagados por una de las partes, usan su ventaja económica para hundir a la contraparte.

Lo que se denuncia es real: separaciones traumáticas, devastadoras para niñas y niños, que los despedazan por dentro; conflictos entre cónyuges que se arrastran durante años, marcados por descalificaciones, donde la última carta es acusar al padre de abuso sexual. Por despecho, dinero o poder: se inventa o induce un relato, se consiguen testigos falsos, se presentan peritos de dudosa reputación y se monta una mentira. Basta con subir esa acusación a Internet para que un padre quede alejado de su hijo durante tres años, en promedio.

¿Tanto cuesta entender que no hablamos de violencia contra la mujer, sino contra niños y niñas? ¿Cómo afecta esto a los casos verdaderos? Horriblemente, pero a quienes pretenden borrar esta arista no les interesa.

Un negocio enorme y lucrativo

Y si de cifras se trata —como las que Machi invoca para orientar el criterio de la Corte Suprema—, conviene recordar que, en medio de esta polémica marcada por la ceguera voluntaria, la Fundación para la Confianza llegó a afirmar en El Mercurio que el 20 % de los padres biológicos abusa sexualmente de sus hijos. Sin respaldo estadístico alguno, sin universo ni muestra.

Lo dije entonces y lo repito ahora: esa afirmación es una mentira cuyo único fin es ocultar una verdad. Existe un negocio enorme y lucrativo basado en destruir personas, y debe terminar. Todos lo saben: jueces, peritos, abogados, consejeros, curadores… porque lo ven cada día.

Y ojo con las cifras, le digo a la abogada de Abofem, que entendió este tema como uno de género y no de infancia, y considera irrelevante que el 10 % de las denuncias sean falsas. Le recuerdo que las sentencias condenatorias por abuso sexual infantil apenas superan el 10 %. ¿También le parece poco relevante? ¿No debería considerarlo gravísimo una mente sana?

Ese criterio es el mismo que usaban los militares en dictadura para decir que las violaciones a los derechos humanos eran “estadísticamente irrelevantes”. Tal vez 1.500 detenidos desaparecidos —un porcentaje menor de la población— le parezcan un “error del sistema”.

Para quienes defendemos los derechos humanos de todos, aunque fuera un solo caso, dedicaríamos todos los esfuerzos a denunciarlo.

Está por verse si la Corte Suprema cederá ante un tema que se intenta presentar como de género, cuando no lo es. Con todo, tanto Abofem como Machi están invitadas este jueves a conversar. Que expongan sus argumentos y debatamos como corresponde, sin volver a tiempos de oscurantismo, donde disentir era un crimen.