El exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Javier Etcheverry, advirtió recientemente que hubo casos en que funcionarios accedieron a información de contribuyentes que no les correspondía.
Imaginemos lo que podría ocurrir si esa práctica se amplifica sin el contrapeso de una validación judicial. La orden de un juez no es un trámite burocrático: es una garantía, tanto para el investigado como para la institución que solicita la información, de que el levantamiento responde a fines legítimos y no a intereses indeterminados.
El secreto bancario ya puede levantarse
Digamos lo obvio: la legislación vigente ya permite levantar el secreto bancario. Tres organismos administrativos –el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF)– cuentan con la facultad legal para solicitar, mediante autorización judicial previa, acceso a información bancaria. En otras palabras: en Chile, el levantamiento del secreto bancario ya existe.
Desde el 2017, año en que se le otorgó la facultad y hasta julio de 2024, la CMF ha requerido 11 solicitudes de alzamiento de secreto bancario mediante autorización judicial. Esto da un promedio aproximado de 1,5 solicitudes por año.
Por su parte, la UAF, que cuenta con la facultad desde el año 2006, realizó este mismo requerimiento en 62 oportunidades – considerando hasta enero del 2025-, lo cual arroja un promedio de algo así como 3,4 solicitudes por año.
Los datos evidencian que no existe un problema de colapso o burocracia desmedida. Al contrario, las solicitudes siempre han sido autorizadas, sin dilación alguna. Entonces, ¿qué sentido tiene pretender que organismos administrativos puedan acceder directamente a información bancaria sin orden judicial, cuando ni siquiera el Ministerio Público –encargado de la persecución penal– tiene esa facultad?
Una fijación política antes que técnica
Sorprende la inconsistencia de la izquierda en este tema. El Partido Comunista y el Frente Amplio defienden el acceso administrativo directo a los datos bancarios bajo el argumento de “seguir la ruta del dinero”. Sin embargo, se opusieron a dotar al Ministerio Público de herramientas tecnológicas como el IMSI Catcher, que, con autorización judicial, permite interceptar metadatos y ubicar dispositivos.
El recurso del secreto bancario a estas alturas es una fijación retórica de la izquierda radical para intentar empatar el costo de haber votado sistemáticamente en contra de leyes de seguridad sustanciales como la Ley Nain-Retamal, la ley que fortalece la responsabilidad penal adolescente o la Ley Antiterrorista.
Un Estado de Derecho no radica en obviar garantías para facilitar el trabajo administrativo, sino en asegurar que las herramientas más delicadas estén siempre a disposición, pero dentro de un marco de control judicial y con resguardo de los derechos fundamentales de las personas.