La discusión sobre el nuevo Fondo de Financiamiento de la Educación Superior (FES) abre una oportunidad que el país no puede desaprovechar: dejar atrás un modelo que convirtió el acceso a la educación en un negocio bancario y avanzar hacia un sistema justo, solidario y administrado por el Estado.
Hoy miles de familias chilenas soportan una carga desproporcionada para costear los estudios de sus hijos. Un ejemplo lo grafica con claridad: una persona que recibe un millón de pesos mensuales destina actualmente $140.000 al pago de su deuda educativa, es decir, el 14% de su ingreso. Con el nuevo mecanismo, esa misma persona pagará $40.000, apenas un 4%. La diferencia no es solo un alivio en el presupuesto del hogar; es también una señal de dignidad y de justicia social.
Lo que está en juego no es únicamente un cálculo financiero, sino la definición de la educación como un derecho. Que sea el Estado y no los bancos quien administre el financiamiento implica poner fin a un modelo basado en el lucro. La banca no entregaba recursos sin costos adicionales; lo hacía cobrando intereses y utilidades que pesaban sobre las familias durante años. Con el FES se elimina esa carga y se restituye la educación como un bien público, accesible para todos y todas.
El proyecto contempla, además, que quienes perciban ingresos de hasta $500.000 mensuales queden exentos de pago. Esa disposición es fundamental porque reconoce la realidad de miles de familias que no pueden destinar parte de su sueldo a saldar deudas, y que requieren que el Estado asuma su rol protector.
Algunos han planteado dudas sobre la viabilidad de este sistema. Frente a ello, lo importante es subrayar que se trata de una política de responsabilidad social: aliviar la deuda educativa es fortalecer a la clase media y trabajadora, ampliar oportunidades y reducir desigualdades. Es un paso indispensable en un país que aún arrastra brechas estructurales en el acceso a la educación superior.
En el Senado, los votos oficialistas están comprometidos. Falta persuadir a algunos senadores de oposición para que respalden un proyecto que no distingue entre colores políticos, porque su impacto beneficiará a millones de chilenos. La pregunta que deben responder es simple: ¿vamos a seguir defendiendo el lucro de la banca o vamos a ponernos del lado de las familias?
La educación es la herramienta más poderosa de movilidad social y progreso colectivo. No puede seguir siendo una deuda interminable ni una trampa financiera. El FES es un avance en la dirección correcta, porque reafirma que estudiar no es un privilegio: es un derecho que el Estado debe garantizar.