Algunas voces de izquierda, entre ellas Elisa Loncón (candidata al senado por el PC) y el senador Jaime Quintana (PPD), pidieron recientemente detener la consulta indígena que el Gobierno ha iniciado sobre las propuestas contenidas en el Informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.
A juicio de Loncón, el proceso carece de legitimidad por haber sido diseñado por una “comisión técnica sin participación mapuche”. Quintana, en tanto, advirtió que la metodología genera “dudas legítimas” y llamó a suspenderla y “reencauzar el diálogo” con autoridades ancestrales.
El Gobierno, sin embargo, ha defendido con firmeza la continuidad de la consulta, recordando que está sujeta al Convenio 169 de la OIT y forma parte de un compromiso institucional de largo aliento. Francisco Huenchumilla, ex copresidente de la Comisión, fue más directo: “No se puede caer en una actitud paternalista. Las comunidades tienen autonomía para pronunciarse”.
A partir de esta controversia, cabe recordar algunos puntos que, al parecer, algunos actores prefieren olvidar.
Un informe mesurado, técnico y realista
El Informe del Comité para la Paz y el Entendimiento, entregado y aprobado por el presidente Boric en mayo de este año, no es fruto de una oficina cerrada ni de un think tank urbano.
Es el resultado de 22 meses de trabajo, más de 5.000 personas consultadas, 58 encuentros presenciales, y una diversidad de actores que incluye víctimas de violencia rural, representantes mapuche y no mapuche, académicos, iglesias, universidades, autoridades regionales y gremios económicos.
Su propuesta central —un nuevo sistema de restitución de tierras— no solo reconoce una deuda histórica del Estado, sino que la enfrenta con herramientas institucionales, presupuestarias y administrativas concretas.
Bajo el sistema actual, el cierre de las demandas tomaría más de un siglo. Con la arquitectura planteada por el informe (fondos, criterios de priorización, acompañamiento productivo y gobernanza regional), ese plazo se acorta sin caer en promesas demagógicas ni maximalismos.
A esto se suma el valor simbólico y práctico de crear una Agencia Nacional para la Paz Intercultural, así como nuevas formas de participación política y representación indígena. No es un salto al vacío, es una hoja de ruta con los pies en la tierra.
La consulta debe ser parte de la solución, no del problema
Las críticas a la consulta que ahora se levantan desde sectores oficialistas suenan, al menos, inoportunas. No se puede rechazar un mecanismo de participación porque no se ajusta “a la medida” de ciertos sectores políticos o representantes tradicionales.
La consulta es —y debe seguir siendo— un instrumento abierto, plural y representativo, que no reduce al pueblo mapuche a un listado de organizaciones afines a una corriente ideológica.
Más aún, la consulta se hace precisamente para saber qué opinan las comunidades, no para ratificar lo que ya piensan los dirigentes visibles. Y aquí surge una pregunta que nadie parece querer responder: ¿qué ocurre con las personas indígenas que no militan, que no participan en organizaciones, que no están “alineadas”? ¿Vamos a negarles el derecho a opinar por no tener estructura formal?
Suspender la consulta es, en los hechos, desconfiar del pueblo mapuche y de su capacidad de deliberación interna. Como si no pudieran decidir por sí mismos qué rechazar y qué respaldar, como si sólo fueran legítimos cuando dicen lo que algunos quieren oír.
No confundamos participación con tutela
Es llamativo que desde sectores que se proclaman defensores del derecho indígena se intente ahora tutelar la participación mapuche, exigiendo que la consulta se realice solo después de validar previamente sus términos con ciertos actores. Ese razonamiento, que parece sensato en la superficie, es en realidad profundamente paternalista, exige que la forma y el fondo estén previamente definidos por quienes ya tienen poder de representación, negando la diversidad interna del mundo indígena.
Francisco Huenchumilla lo dijo con claridad: “No corresponde que los parlamentarios intenten pautear el comportamiento de las comunidades”. Si las comunidades quieren rechazar el informe, están en su derecho. Pero no corresponde anularles la oportunidad de opinar con el pretexto de protegerlas.
Chile necesita avanzar
Este informe —con todas sus limitaciones y desafíos— es el primer instrumento serio, legítimo y viable que se presenta en décadas. Boicotear su implementación por cálculos identitarios o agendas parciales sería una irresponsabilidad histórica.
En resumen, lo que está en juego no es solo la aplicación de una consulta. Es la credibilidad de un proceso largamente trabajado, y la posibilidad de construir una paz duradera basada en diálogo, justicia territorial y reconocimiento mutuo.
Nadie tiene derecho a levantar banderas de inclusión y al mismo tiempo cerrar el paso a la voz plural de los pueblos indígenas.
El informe no necesita que todos estén de acuerdo con él. Lo que necesita es que todos tengan derecho a pronunciarse, sin tutelas ni exclusiones. Y eso, en cualquier democracia digna de ese nombre, debería ser incuestionable.