Se tratará de un encuentro de líderes “progresistas” que -según lo anunciado por La Moneda- articulará un “posicionamiento compartido en favor del multilateralismo, la democracia y la cooperación global basada en la justicia social”.
Ello, en la óptica de preparar una suerte de frente común para la próxima Asamblea General de Naciones Unidas en materia de “lineamientos y acciones conjuntas para el fortalecimiento de la democracia, el multilateralismo y la gobernanza global ante los desafíos desencadenados de un contexto de alta fragmentación y polarización política, profundización de la desigualdad y proliferación de la desinformación”.
En concreto: Un popurrí de expresiones de deseo que -desde una “plataforma anti-Trump” – serviría para lanzar la precandidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Si fuera así ¿cuánto vale el apoyo de la “España progresista” de Pedro Sánchez?
Pedro Sánchez en Chile
Sánchez llegará a Chile afectado por el estrés político derivado de diversas causas judiciales por corrupción y denuncias por “conductas reñidas con la moral”, que afectan a su gobierno, a él mismo, a compañeros de partido, a su hermano, a su esposa y a la familia de esta última.
Uno de esos casos tiene en la cárcel a Santos Cerdán, alto cargo del Partido Socialista (PSOE) que, hasta hace pocas semanas, era miembro del círculo personal de Sánchez. Cerdán está procesado por asociación ilícita y acusado de intervenir licitaciones de obras públicas, exigir “mordidas” a grandes empresas, y beneficiar a una constructora de su propiedad.
Los tribunales ya singularizaron a otros altos cargos “progresistas” involucrados en la trama. Entre ellos se incluyen el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y el “operador político” Koldo García, exchofer de Ábalos y conocido del propio Sánchez. La prensa española refiere al asunto como “el caso Koldo”, ironizando que, en las elecciones generales de 2017, Sánchez, Ábalos y Koldo, viajaron juntos por España haciendo campaña en un automóvil de propiedad del primero.
El exministro Ábalos es parte principal del escándalo y, no obstante su “feminismo”, también se ha revelado ser consumidor recurrente del comercio sexual. En este plano -por denuncia de algunas “compañeras”- varios otros dirigentes sanchiztas ya están siendo investigados por acoso sexual.
Por su parte, la esposa de Sánchez habría aprovechado su condición de cónyuge del Jefe de Gobierno para gestionar la captación de “empresas donantes” a favor de una cátedra de posgrado que ella misma dirige en la Universidad Complutense de Madrid. Esto, a pesar de no contar con la trayectoria profesional que normalmente se exige a cualquier académico sin sus vínculos personales. Más allá de que la justicia investiga posibles delitos económicos y tráfico de influencias, el debate público ya ha impactado negativamente en el prestigio nacional e internacional de la universidad.
Respecto de la familia de la esposa de Sánchez, en una reciente sesión de control del Congreso, el líder del Partido Popular recordó que los parientes políticos del Presidente son un conocido clan asturiano dedicado a regentar “saunas sexuales”. Insinuó que el propio Sánchez pudo haberse beneficiado de tal negocio.
A su vez, el hermano del Sánchez está procesado por tráfico de influencias y prevaricación, luego de que en Extremadura se le contratará sin concurso público, y se creara un cargo especialmente para él.
Estas y otras circunstancias han debilitado al Presidente del Gobierno español, quien, de todas formas, ya estableció que no pretende renunciar. Su debilidad lo ha expuesto a nuevas exigencias de sus socios “más progresistas” y, también, del independentismo catalán y vasco, a los que Sánchez hizo concesiones especiales en seguridad (control de la policía) y política fiscal (impuestos). Otras comunidades autónomas han reclamado que tales privilegios rompen los equilibrios y la solidaridad territorial y, en perspectiva, amenazan la unidad del Estado español.
Pedro Sánchez, Donald Trump y la OTAN
Otro frente para Sánchez está en las relaciones con la administración de Donald Trump, tanto en el ámbito de la disputa comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos (con emblemáticos productos españoles amenazados con sobretasas), como en el de las obligaciones pactadas en el ámbito de la OTAN para asegurar la defensa de Europa.
Como lo ilustró la foto de familia en la última cumbre de la alianza en La Haya —con Sánchez aislado en uno de los extremos, lejos del resto de los mandatarios—, el gobierno español logró “singularizarse” al afirmar que cumpliría sus compromisos, aunque sin aumentar su gasto militar al 5% del PIB. A pesar del aplauso de sus socios en España -que se oponen al gasto en defensa y/o exigen la retirada de la OTAN-, incluso en la izquierda europea, esa afirmación generó sorna y escepticismo. El hecho, además, motivó que el propio Trump amenazara a España con pagar el doble.
La corrupción como factor de debilidad
Pese a las vicisitudes, Pedro Sánchez no adelantará las elecciones generales, prefiriendo continuar intercambiando acusaciones con la oposición, especialmente con el Partido Popular.
En este ámbito, Sánchez ha recordado gravísimos casos de corrupción protagonizados por líderes de dicho partido de centroderecha, varios de los cuales fueron condenados a penas de cárcel. Otros son actualmente investigados por la justicia.
Desde lejos se observa una aguda crisis político-institucional protagonizada por los dos principales partidos españoles, ninguno de los cuales posee apoyos suficientes para gobernar en solitario. Esta situación los obliga —para acceder al poder— a negociar respaldos, especialmente con partidos autonómicos minoritarios, como los catalanes y los vascos.
Para mantenerse en el poder, el “PSOE de Sánchez” —distinto al de Felipe González— ha sido presionado con exigencias orientadas a profundizar el Estado social, que en el caso catalán incluyen incluso un referéndum de independencia. Esto, a pesar de que el independentismo catalán sigue tan fraccionado como en los “sucesos de mayo de 1937”, cuando, en plena Guerra Civil, el enfrentamiento entre anarquistas, comunistas y socialistas terminó con represión mutua y cientos de muertos en ambos bandos.
No resulta arriesgado pensar que, en el hipotético caso de que el ultranacionalismo catalán —ya sea “progresista” o “liberal”— tenga éxito, el ultranacionalismo vasco “progresista”, vinculado al entorno ex-ETA, exija seguir el mismo camino. Si eso ocurriera, el mapa de España “progresaría hacia atrás”, asemejándose al de fines de la Edad Media. Ese es uno de los riesgos latentes del llamado “éxito del progresismo español” representado por Sánchez, cuyo último escollo es la Monarquía Constitucional, que desde 1975 ha servido como equilibrio para mantener la unidad del país y consolidar el progreso económico y social alcanzado por España.
En parte no menor, el desgaste del modelo político hispano se origina -como indico- en la corrupción en la que reiteradamente han incurrido altos cargos populares y socialistas. Hoy el rechazo a la corrupción es un factor que les resta el porcentaje de “sufragios extra” para no relativizar sus idearios. Ello también explica el surgimiento de partidos alternativos como VOX, que agrupa a sectores conservadores y a un creciente número de desencantados con de la centroderecha, a la que consideran corresponsable de la amenaza que sobrevuela la unidad de España.
La esperable declaración progresista de Santiago 2025
En Chile, Pedro Sánchez encontrará al Presidente Lula, a su vez inserto en una pugna ideológica y geopolítica con la administración Trump. Con los acuerdos de la reunión BRICS de Brasilia frescos en la memoria, es probable que Lula intente capitalizar nuevos apoyos para su gobierno, quizás a cambio del endoso brasilero a la candidatura de Bachelet a la ONU.
En contexto, sin embargo, mientras esperamos el resultado de las negociaciones sobre los aranceles que se aplicarían a nuestras exportaciones al mercado norteamericano, insistir en ese relato no parece ni prudente, ni necesario. Esto, a menos que un objetivo de La Moneda sea gatillar sanciones norteamericanas, que no beneficiarían el interés del país, pero que -hipotéticamente- estimularían el “sentimiento anti-imperialista” y aportarían votos a la campaña de la candidata comunista (que ofrece “profundizar el progresismo en Chile”).
Lo concreto es que, con la presencia de Pedro Sánchez representando a un “progresismo” infectado por la corrupción, la próxima semana el gobierno Boric tendrá la oportunidad de terminar de incluir a Chile en el grupo de países hostiles a Estados Unidos. Esto, sin que -a menos de ocho meses del fin de su período- más allá de su “progresismo” exhiba ni ideario de política exterior legible, ni medidas verificables para morigerar potenciales sanciones norteamericanas.
Quizás por esto, comentando la situación española con un amigo abogado madrileño (que conoce bien Chile), me preguntan: ¿Cómo andamos por casa?