En febrero de 2025, el actor Gonzalo Valenzuela sorprendió al público de los premios Caleuche al irrumpir en el escenario con una declaración inesperada. Su amigo y colega Roberto Farías, recién premiado, había sido ovacionado por un público que, apenas unos años antes, en 2020, intentó cancelarlo tras una denuncia donde posteriormente resultó absuelto.

La acusación, apoyada por un grupo de colegas mujeres, lo había llevado al escarnio público e incluso a recibir amenazas de incendio contra el teatro donde se presentaría. Valenzuela había encontrado el espacio para hablar porque, meses antes, a fines de 2024, el presidente Gabriel Boric también había sido objeto de una denuncia de acoso sexual que su gobierno calificó como falsa. El caso desató un debate nacional sobre la presunción de inocencia y los linchamientos mediáticos, dejando en evidencia el impacto de los juicios populares o “funas” en la vida de los acusados.

Falsas denuncias de abuso sexual

El debate público abrió la puerta también para una investigación y, con ella, esta columna, que aborda un fenómeno aún más silenciado: las denuncias falsas contra padres por abuso sexual a sus hijos. Un tema que, durante demasiado tiempo, ha permanecido oculto bajo la alfombra.

El primer caso que encontré data del año 2000 y tuvo como protagonista al filósofo de la Universidad de Chile Bernardo Subercaseaux, quien, pese a ser declarado inocente, perdió por completo el vínculo con sus hijos. Desde entonces, la lista es larga. Casos como el de Jorge Tocornal, quien pasó diez años en prisión, o Rodrigo Saavedra, encarcelado por tres años y medio, exponen la crudeza de estas acusaciones. Mucho tiempo después sus propios hijos, ya adultos, admitieron que las denuncias eran falsas.

Hoy, jueces, peritos judiciales, abogadas de familia y organizaciones de padres advierten sobre una “pandemia” de denuncias falsas de abuso sexual de padres a sus hijos, difícil de controlar y aún más difícil de visibilizar.

Tras tres años de investigación, he constatado que las falsas denuncias contra padres adoptan dos formas principales:

1. Acusaciones de abuso sexual infantil (ASI)

2. Denuncias de violencia intrafamiliar (VIF) contra hijos y exparejas.

En la mayoría de los casos, el acusado es el progenitor que deja el hogar tras una separación conflictiva, casi siempre el padre. Las denuncias de abuso sexual son las más devastadoras, mientras que las de violencia intrafamiliar son las más frecuentes. Sin embargo, ambas se han convertido en herramientas recurrentes dentro de procesos judiciales marcados por un alto nivel de conflicto previo entre exparejas y, en muchos casos, por un odio implacable.

Esto, por cierto, no quiere decir que no existan denuncias verdaderas, sino que ellas se encuentran, probablemente, sin investigar debidamente, ya que las acusaciones falsas tienen atochado el sistema judicial.

¿Cómo se sabe que una denuncia es falsa y no un caso legítimo de abuso, en cuyo caso sería mejor alejar al posible agresor y luego investigar? Hay tres señales clave.

La primera es que una denuncia falsa rara vez surge de manera aislada; casi siempre forma parte de una larga escalada de conflictos entre adultos, marcada por disputas sobre pensión alimenticia, régimen de visitas y acusaciones de negligencia, hasta que, como último recurso, se alega violencia intrafamiliar o abuso sexual para ganar o paralizar un juicio mediante la separación forzada del padre y sus hijos.

La segunda es que, tras largos y engorrosos procesos judiciales, los padres denunciados no muestran indicios de haber abusado de sus hijos.

Y la tercera es que el sistema legal no les permite querellarse, lo que impide que estos casos sean visibilizados.

¿Por qué los padres que reciben falsas denuncias no pueden querellarse?

Según las expertas consultadas, si un padre es acusado de abuso sexual infantil (ASI), tras la investigación de la Fiscalía y la ausencia de pruebas en su contra, no recibe una absolución definitiva, sino un “sobreseimiento o archivo temporal”. Esto ocurre debido a la Ley de Imprescriptibilidad de los Delitos Sexuales contra Menores, promulgada en 2019, que reconoce que muchas víctimas tardan años en denunciar.

Sin embargo, el efecto colateral es que la mayoría de los acusados inocentes están quedando en un limbo legal: no son declarados culpables, pero tampoco completamente exonerados, manteniéndose bajo sospecha de por vida. Por esta razón, no pueden presentar una querella por denuncia falsa, y si intentan seguir litigando por la custodia de sus hijos, es común —como lo demuestran numerosos casos— que enfrenten una segunda o incluso tercera denuncia.

Ante una denuncia de abuso, la reacción inmediata de los jueces suele ser la misma: alejar al presunto agresor (lo que, en principio, se entiende) y ordenar una evaluación a un organismo colaborador privado. Hasta ese punto, el proceso parece garantista de los derechos de la infancia. Sin embargo, el problema comienza cuando dicho organismo, tras su evaluación, concluye que no hay indicios de abuso, pero recomienda una investigación más profunda. Para ese momento, han pasado al menos seis meses de desvinculación entre el padre y su hija o hijo.

La intervención del PRM: un callejón sin salida

En esta etapa, la judicatura ordena la intervención de un Programa de Reparación de Maltrato Grave y Abuso Sexual (PRM), que debe atender a todo el grupo familiar. Pero aquí surge una traba decisiva: debido a las largas listas de espera, el ingreso al programa puede tardar hasta un año. Cuando finalmente el PRM responde al tribunal, señala que iniciará la intervención, pero que solo trabajará con el menor y su madre, ya que sus lineamientos técnicos —orientados a la “reparación”— le impiden incluir a un “agresor sexual” en el proceso.

Así, sin sentencia alguna, el padre es tratado como un abusador y excluido del tratamiento. El juez lo acepta, consolidando lo que llamo “el secuestro del Estado” del niño o niña. A partir de ese momento, el PRM inicia un proceso de intervención que durará al menos un año, durante el cual reforzará la idea de que el vínculo entre la madre y el hijo es sólido, nutritivo y protector, y que la denuncia—equivocada o no—es prueba del cuidado materno.

Pasado ese año o año y medio, junto al sobreseimiento en sede penal, el PRM da de alta al menor y recomienda la revinculación con el padre, proceso que generalmente se realiza en un centro privado y bajo supervisión. Pero para ese momento, el daño ya está hecho: el padre ha pasado entre dos y tres años completamente separado de su hijo. Si la madre decide no llevar al menor a la revinculación, el tribunal rara vez actúa con celeridad y, cuando lo hace, la sanción es mínima o tardía. Además, el padre sigue cargando con el estigma de haber sido considerado “sospechoso de abuso” o, al menos, de ser una figura potencialmente violenta.

A esto se suma otro factor determinante: después de tanto tiempo sin contacto, no es raro que el propio niño o niña exprese rechazo hacia su padre, argumentando que es “malo” o peligroso, reforzando así el ciclo de alejamiento. Cuando se llega a este punto, muchos padres abandonan la lucha. Y quienes persisten enfrentan un riesgo aún mayor: una segunda denuncia de abuso sexual infantil. El tribunal, sin considerar que ya fueron encontrados inocentes (o al menos “no culpables”), inicia el proceso desde cero, alejándolos nuevamente de sus hijos y perpetuando otro ciclo de alejamiento que durará años.

Lo más insólito es que, en paralelo, suele haber otro proceso judicial en curso: una causa por visitas y otra por pensión de alimentos. En muchos casos, esta disputa antecede a la acusación de abuso y, en la mayoría de las ocasiones, es su origen. Así, un padre catalogado como agresor sexual, privado de ver a su hijo y desgastado por años de litigios, debe seguir trabajando y pagando la manutención, incluso si ha decidido rendirse en su lucha por ver a su hijo.

Un flagelo incontrolable

¿Son conscientes de esto los tribunales de Familia, donde nacen la mayoría de estas denuncias? Por supuesto. Lo saben y lo avalan, quizás por miedo a errar en su fallo. También lo conocen los organismos y funcionarios del sistema judicial, ya que—como mencioné antes—existen patrones claros que permiten identificar las denuncias falsas.

Esta estrategia no es un caso aislado. En mi investigación, encontré al menos treinta casos con la misma estructura y numerosos abogados de familia me confirmaron que este esquema se ha convertido en una vía rápida y efectiva, utilizada por profesionales sin escrúpulos y clientes con las mismas motivaciones. Lo califican como un flagelo incontrolable.

Según la psicóloga y perito judicial Carolina Valenzuela, el verdadero daño de estas denuncias recae en los niños, aunque rara vez se visibiliza. Ella lo denomina “doble duelo”: primero, el menor asume que su padre es un abusador y, para sobrellevarlo, debe “matarlo en vida”, es decir, convencerse de que no lo quiere ni lo necesita. Años después, al descubrir que fue manipulado, se enfrenta a un nuevo quiebre: esta vez, debe “matar” la imagen de su madre. Así, con ambos progenitores vivos, queda huérfano de facto.

Las consecuencias de este trauma son devastadoras. Valenzuela advierte que estos niños, al llegar a la adultez, enfrentan un camino identitario marcado por la confusión y el dolor. La posibilidad de que desarrollen relaciones tóxicas, problemas laborales e incluso conductas suicidas es alta. La rehabilitación, cuando es posible, es larga y difícil.

Falsas denuncias de abuso sexual: sin herramientas legales

El desconcierto aumenta al contrastar estas denuncias con cifras objetivas de organismos como Unicef en Chile, citadas en mi investigación. Según estudios específicos, ni los padres ni las madres figuran estadísticamente como abusadores sexuales relevantes de sus propios hijos, lo que choca frontalmente con la explosión de denuncias que sugieren lo contrario.

Existen datos —o más bien vacíos en los datos— que indican que las denuncias falsas son un fenómeno masivo. Pero más allá de las cifras, hay una pregunta inquietante: si prácticamente todos conocemos a alguien que ha vivido esto, o al menos a alguien que conoce un caso de primera mano, ¿qué es lo que no estamos viendo?

Una de las razones que explican el silencio en torno a este tema es la vergüenza. La acusación de abuso sexual contra los propios hijos es tan devastadora e irreversible en la memoria colectiva que, para estos padres, la “autofuna” y la depresión se vuelven casi inevitables. Luego, cuando se prueba su “no culpabilidad”, se encuentran sin herramientas legales para querellarse y limpiar su nombre. Ante esto, muchos optan por el único camino que les queda: si pueden, intentan revincularse en silencio con sus hijos. Si no, desaparecen en el olvido.

Javier Rebolledo Escobar es el autor del libro “Falsas denuncias. Una investigación sobre padres acusados de abuso sexual”