Este lunes, diputados de Renovación Nacional ingresaron un oficio ante Contraloría para solicitar una investigación sobre la legalidad y el fundamento del Decreto N°352, que otorga una garantía estatal para financiar la compra del Instituto Profesional Arcos por parte de la Universidad de Santiago de Chile (Usach).
Los parlamentarios, Eduardo Durán y Hugo Rey, advierten sobre “un patrón de decisiones con sello ideológico” y falta de control presupuestario, por lo que buscan que Contraloría se pronuncie sobre la participación de autoridades del Ejecutivo, la correcta aplicación de recursos públicos y el cumplimiento de la Ley de Presupuestos.
En concreto, el oficio solicita revisar la participación del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), con el fin de determinar si se cumplieron los procedimientos que exige la ley para el otorgamiento de la garantía fiscal por $32.100 millones.
Millonaria compra
El diputado Eduardo Durán señaló que solicitó investigar la legalidad del decreto ante la posible ilegalidad advertida incluso por académicos de la Usach: “Originalmente se solicitaban $11.000 millones para la compra de Arcos y luego se tramita una garantía por cerca de $40.000 millones asociados a infraestructura, quedando la adquisición sin mención explícita en el decreto“.
En esa línea, dijo “queremos que se aclare si Hacienda y Dipres visaron todo el proceso y si los recursos se están destinando al objeto autorizado”.
Una de las principales irregularidades apuntadas radica en la discordancia entre el destino formal de la garantía estatal y el uso real de fondos.
El Decreto N.º 352, que otorga la caución fiscal, solo hace mención explícita al financiamiento de “infraestructura” en el plan de crecimiento de la Usach. Sin embargo, los antecedentes indican que una parte de los recursos -que corresponden a los $11.500 millones del empréstito– se destinó a la adquisición del Instituto Arcos, operación que se había concretado antes de que se dictara el decreto.
Los diputados argumentan que esta inconsistencia podría infringir el principio de legalidad del gasto público, considerando que la Ley de Presupuestos no faculta al Ejecutivo a garantizar pasivos derivados de operaciones comerciales de adquisición de activos.
Asimismo, el diputado Hugo Rey sostuvo que este acto del Gobierno genera “demasiadas dudas”, con modificación de montos y omisión de la participación de Hacienda.
“Acá no se trata de estar a favor o en contra de una universidad, sino de resguardar el uso correcto de los recursos públicos. Este decreto 352 genera demasiadas dudas: se modifican montos, se omite la participación del Ministerio de Hacienda y se actúa como si la Contraloría no existiera”, señaló.
A juicio del parlamentario, este “es el mismo patrón que vimos en otros casos donde la ideología se impone sobre la legalidad, por eso pedimos que se investigue a fondo este acto de gobierno y se determinen responsabilidades”.
Acusan “favoritismo político”
Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza, criticó el actuar de las autoridades, diciendo que mientras se discute el presupuesto, “vemos un Gobierno que sigue actuando como movimiento y no como Estado” y agregó que detrás de la operación con la Usach hay una “señal política” que se impone sobre la responsabilidad, lo que se replica en el uso del presupuesto y la falta de prioridades.
El legislador apuntó a que, según informes internos, la situación financiera de la Usach ya era delicada antes de concretar la operación. “La integración del Instituto Arcos además puede alterar la misión pública, la acreditación y la estabilidad de la Usach. Lo que ocurrió no es solo una operación financiera, está en riesgo la probabilidad, la legalidad y el uso correcto de los recursos públicos”, concluyó.
La diputada Marcia Raphael acusó que en esta situación “hay favoritismo político, falta de transparencia y una improvisación que ya le ha hecho demasiado daño a la educación chilena”.
El oficio de la UDI
Por otro lado, de acuerdo a un comunicado, los diputados Felipe Donoso, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo (UDI), anunciaron, además de la denuncia ingresada ante Contraloría, que solicitarán una sesión especial en la Comisión de Educación de la Cámara Baja y presentarán una Comisión Investigadora en el Congreso.
El requerimiento de la UDI no solo cuestiona la millonaria compra, sino que busca que Contraloría se pronuncie y detenga el proceso que lleva adelante la Usach.
Los diputados también cuestionan los vínculos políticos que existirían entre las autoridades, mencionando que el rector del Instituto Arcos, José Sanfuentes, fue militante del PC y además fue socio y vicerrector de la Universidad Arcis, que “durante décadas estuvo en manos del Partido Comunista y que terminó quebrando”.
Mientras que, el rector de la Usach, Rodrigo Vidal, “es hermano del exdiputado y actual presidente de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), Pablo Vidal, quien fue uno de los fundadores de Revolución Democrática (RD), uno de los tres partidos que hoy forman parte del Frente Amplio”, sostuvieron los parlamentarios.
Finalmente, la UDI llama a la Contraloría a instruir medidas para frenar el proceso de compra si se detectaran irregularidades graves.
“Los antecedentes que hemos conocido hasta ahora son de tal gravedad que no vamos a descansar hasta que se transparenten cada uno de los detalles de esta oscura operación, donde ha existido un descarado intervencionismo por parte del Gobierno y existe un evidente vínculo político entre los distintos actores que están involucrados en este proceso”, reiteraron.