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La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia del 24° Juzgado Civil que ordenó indemnizar con más de $11 millones a dos demandantes que presentaron acciones legales por filtraciones de agua en un departamento ubicado en un piso superior de un edificio capitalino, luego de que el propietario acusado se negara a realizar las reparaciones y causara cuantiosos daños en su vivienda.
Se trata de una demanda interpuesta el 2 de febrero de 2024, en la que dos hombres acusaron a un tercero por lo ocurrido en el inmueble situado en calle Zenteno. Estos exigieron más de $19 millones por las consecuencias de la filtración en el sexto piso, que provocó afectaciones en su domicilio.
El fundamento de la acción judicial sostiene que hubo graves perjuicios en la propiedad, además de incomodidades por humedad y hongos. A esto se sumó el daño estructural en el techo, muros y sistema eléctrico, lo que habría puesto en riesgo a la comunidad.
Propietario responsable de la filtración de agua se habría negado a reparar
Los demandantes aseguran que intentaron contactarse con los arrendatarios sin obtener respuesta satisfactoria. Luego acudieron al propietario mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas, sin lograr soluciones concretas. Según señalaron, este último se habría negado a reparar la filtración y respondió de forma amenazante y violenta.
En la sentencia del tribunal civil, se indica que “las filtraciones provienen de artefactos y cañerías ubicadas en el departamento del demandado“.
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Asimismo, en la resolución se concluye: “que siendo efectivas las filtraciones producidas en las cañerías y artefactos del departamento del demandado, debe señalarse que este ha sido negligente y es culpable, por la falta de mantención oportuna de los mismos, siendo responsable de los daños que haya provocado, por tal motivo”, sostiene el tribunal.
Los perjuicios materiales acreditados por los demandantes fueron en el baño principal, clóset y dormitorio principal.
Por último, se aclara que se acoge la demanda, pero solo en cuanto a la condena de pagar $11.693.000 por daño emergente y daño moral. Esta misma sentencia fue confirmada por el tribunal de alzada capitalino.