La Contraloría solicitó a la Municipalidad de Recoleta un informe por la adquisición de un antiviral para ser utilizado en el combate contra la covid-19.
Se trata del Avifavir, medicamento fabricado en Rusia y que ha estado en la polémica ya que, si bien fue autorizado por el Instituto de Salud Pública (ISP), han surgido dudas sobre su eficacia.
La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, señaló a Radio Bío Bío que la utilización del antiviral debería realizarse “con fines experimentales, y en esa línea la invitación al municipio de Recoleta es utilizar este fármaco dentro de algún protocolo de estudio, con una universidad, pero no promover su utilización masiva hasta que contemos con más información”.
Por su parte, el ministro de Salud, Enrique Paris, declaró que “si la comuna quiere hacer un experimento (estudio clínico), que es lo que está proponiendo para demostrar que es útil, se autorizó. No es un medicamento que nosotros queramos usar en forma masiva”.
Al respecto, el alcalde Daniel Jadue defendió el proceso y dijo que actualmente hay 300 tratamientos disponibles de forma gratuita para vecinos de Recoleta.
“El primer caso, que fue entregado el lunes, la persona estaba en situación de ser hospitalizada. Al tercer día la carga viral ha bajado tanto que hoy ya está comiendo”, aseguró.
El ISP, en tanto, confirmó que el uso del Avifavir es experimental y que “que esta autoridad de salud, puede suspender la distribución si observa una inadecuada administración, o reacciones adversas serias, como por ejemplo una hospitalización”.
Contraloría
La II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago recibió denuncias respecto a la adquisición y uso del antiviral, por lo que se solicitó un informe al respecto a la Municipalidad de Recoleta.
“Por lo que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley N° 10.336, se solicita sirva informar a esta Contraloría Regional del aludido proceso, adjuntando los antecedentes de respaldo que fundamentan dicha adquisición, así como del pago, recepción de los productos y distribución según corresponda, en el plazo de diez días hábiles administrativos, contado desde la recepción del presente oficio”, se indicó.
Además, se solicitó que el informe sea preparado por el asesor jurídico del municipio, “a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias. Además, deben remitirse, de manera digital, todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente lo que se trata”.