En recuperación continúan los 80 animales que hace una semana fueron rescatados desde un criadero ilegal en Providencia, en un operativo que reveló las pésimas condiciones en que se mantenían 73 perros, tres gatos y 7 cacatúas ninfa.

Del total, los perros que se encontraban en peores condiciones se mantienen internados en una clínica en convenio con el municipio, mientras que el resto permanece en fundaciones y hogares temporales de particulares.

A dos días que se realizara el operativo, la fundación Apla en conjunto con la Defensoría de Derechos Animales presentaron una querella contra el único detenido por el momento, Claudio Javier Parra Hidalgo, que tras ser formalizado por maltrato animal quedó en libertad, con las cautelares de arraigo nacional y firma mensual durante los 120 días decretados como plazo de investigación.

Así, a la persecución del Ministerio Público se suma esta querella, que en el texto detalla que “estos animales se hallaban en condiciones de hacinamiento, siendo encerrados en espacios reducidos, además de encontrarse en un estado físico deteriorado, con cuadros de estrés y deshidratación, sin contar con los cuidados mínimos indispensables para cada una de estas especies”.

El abogado que patrocina esta acción es José Binfa Alvárez, quien en conversación con BioBioChile sostuvo que esperan poder reformalizar al imputado, sumando al menos dos delitos más de acreditarse algunas acusaciones que circulan en torno al imputado.

Esto es el delito de recepctación, ya que muchos de los animales mantenían chip; y ejercicio ilegal de la profesión, puesto que hay acusaciones sobre que se haría pasar por veterinario, llegando incluso a practicar cesáreas.

La alcaldesa Evelyn Matthei aseguró que “este tipo se hacía pasar por veterinario” y señaló que “en general los vecinos tenían algún tipo de agradecimiento hacia él porque le trataba a los perros” por lo que no habían realizado ninguna alerta por el olor.

Sin embargo, al llegar un vecino nuevo al sector, denunció el mal olor proveniente del inmueble y se llevó a cabo el operativo.

Si bien el delito de ejercicio ilegal de la profesión no ha sido aún imputado, de reformalizarlo y ser hallado culpable, las penas van de 61 días a 301 días en su tramo mínimo y de 302 a 540 días en su grado máximo.

Por el delito de receptación, la legislación establece penas desde 61 días, por lo que en la práctica por si solo no conllevaría penas privativas de libertad, sino que podría cumplir con arresto domiciliario o libertad vigilada.

Eso sí, el abogado José Binfa explicó que con la modificación de la Ley de Tenencia Responsable, “el legislador cambia el tipo penal, de causar daño al animal individual”, por lo que estaríamos en presencia del delito reiterado de maltrato por cada animal que se acredite con los informes veterinarios que se afectó su integridad.

Por un delito de maltrato arriesga de 61 días a 3 años, en este caso, si se considera la reiteración, se podría ampliar hasta un grado, llegando a penas de cinco años.

Entre las diligencias solicitadas por los querellantes se encuentra “registrar todo dispositivo electrónico que utilizaba el imputado y analizar los mensajes enviados y recibidos, el tráfico de datos en internet, cuentas virtuales, redes sociales y contactos telefónicos, a fin de determinar si existen más animales afectados u otros intervinientes en calidad de autor, cómplice o encubridor de delitos”.

También se solicitó “empadronar y citar a los vecinos del sector donde ocurrieron los hechos”, quienes de acuerdo a la información del municipio, habrían tenido buena relación con el imputado.