La justicia amplió en tres meses el plazo de la investigación en el llamado Caso Puerto Coronel, cuya causa indaga delitos económicos, tributarios y de corrupción, siendo uno de los imputados el alcalde Boris Chamorro, quien cumple arresto domiciliario nocturno.

La Fiscalía indicó que existen “indicios” ante una eventual vinculación entre la Dirección de Obras Municipales y la empresa portuaria, y por ello el levantamiento del secreto bancario para funcionarios y arquitectos de esa repartición edilicia.

Son “múltiples las diligencias con resultados pendientes” y que son “esenciales” para la investigación. Con esa premisa, la fiscal Glenda Lagos solicitó al tribunal ampliar el plazo para investigar en el caso Puerto Coronel.

En la audiencia, la persecutora señaló que existen “indicios” ante una eventual vinculación entre la Dirección de Obras Municipales y la compañía, y que podría explicar el pago de coimas.

Por ello, la incautación de tres expedientes que fueron remitidos al Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, a fin de analizar la regularidad de los permisos de edificación otorgados por el municipio a la portuaria.

A ello se suma que el empresario Víctor Olivares, imputado por soborno, junto con ser visitante en distintas ocasiones a la DOM, según lo consignado por el Ministerio Público, hay mensajes de WhatsApp entre quien fuera contratista del puerto y funcionarios de dicha dirección.

Ante eventuales irregularidades en los permisos de edificación otorgados, es que se procedió a la incautación, a fines de septiembre, de cuatro celulares, siete computadores y documentación de la DOM, donde ya prestaron declaraciones su director Luis Cortés y quien fuera subrogante, Mireya Oyarzún.

A ello se suma el levantamiento del secreto bancario para altos funcionarios de esa dirección, así como también para aquellos arquitectos revisores de dicho procesos entre 2021 y 2023.

Dentro de las incongruencias, dicen relación con la edificación de un galpón en la Ruta 160 y no en Carlos Prats, como se indicaba en un principio.

Si bien la Fiscalía y los querellantes solicitaban ampliar el plazo para investigar en seis meses, lo anterior fue calificado como “excesivo” por el juez Jorge Henríquez.

De ahí que el magistrado fijó extender las indagatorias en 90 días, donde el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Georgy Schubert, manifestó su confianza en que los antecedentes recopilados en la investigación permitan llevar a los imputados a juicio oral.

La mayoría de las defensas se opusieron para extender el periodo de las indagatorias, siendo el único en no sumarse, el abogado Waldo Ortega, quien representa al alcalde Boris Chamorro.

Cabe recordar que para el próximo 15 de diciembre se agendó la formalización por administración desleal para la exgerenta general interina de Puerto Coronel, la ciudadana norteamericana, Michelle Prater, además de la reformalización para algunos de los imputados.