Contratistas del sector forestal reaccionaron indignados ante las medidas de protección ordenadas por la Corte Suprema para los juzgados de Cañete. Afirman que es “un descaro”, pues el Poder Judicial no ha ordenado resguardo para los trabajadores que prácticamente a diario sufren atentados en la zona.

El máximo tribunal del país ofició a Carabineros y la PDI para que se implemente un resguardo especial tanto en e Tribunal Oral en lo Penal como en los juzgados de Garantía y Letras, para dar mayor seguridad a magistrados y funcionarios.

Jueces y empleados del Poder Judicial piden que esta medida se extienda a los otros juzgados de la provincia de Arauco y de Malleco, en la región de la Araucanía.

René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, dijo que esto ya es demasiado, pues a quienes debe proteger la justicia es a los trabajadores que se exponen en su labor a ataques de encapuchados, y que incluso han perdido la vida.

Las medidas dispuestas por la Corte Suprema fueron solicitadas por la Asociación de Magistrados, ya que las instalaciones judiciales que se emplazan en las zonas afectadas por el conflicto indígena han ido blanco de ataques.

Sin embargo, para las empresas forestales es una mala señala que se le da al país y a los habitantes de la zona sur, pues -dicen- el Estado no se ha ocupado de su propio resguardo.

El gremio forestal mencionó que esto se suma a privilegios del Poder Judicial, como haber sido priorizados en la vacunación contra el covid-19, y ahora con el pago de un bono por riesgo y la contratación de seguros para el personal de los juzgados, atropellando al común de los chilenos.