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CDE se querella por la desaparición de $1.100 millones desde la Municipalidad de Coronel

Por Manuel Cabrera
La información es de Fabián Polanco

27 julio 2020 | 15:26

El Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en la investigación que el Ministerio Público lleva adelante por la pérdida de más de mil millones de pesos desde la Municipalidad de Coronel, durante la administración del hoy diputado Leonidas Romero.

En específico, la querella del organismo va contra quienes resulten responsables del delito de malversación de caudales públicos.

Fue luego de asumir hace cuatro años que el alcalde, Boris Chamorro, ordenó una auditoría interna que dio cuenta de recursos que ingresaron al municipio entre 2012 y 2016 y que no llegaron a los proyectos municipales para los cuales habían sido entregados por la Subdere.

El antecedente fue corroborado luego por la Contraloría a través de un informe que fue incluido por el jefe comunal en una querella presentada el año pasado en contra de su antecesor, el hoy diputado RN, Leonidas Romero, además de quienes fueron el administrador municipal y el encargado del programa pro empleo.

Ahora, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la investigación a cargo de la Fiscalía de Coronel, pidiendo determinar el paradero y el uso de más de 1.100 millones de pesos para el Programa de Mejoramiento Urbano, querella que va contra quienes resulten responsables, a diferencia de la acción legal del alcalde Chamorro, que apunta al hoy parlamentario y dos exasesores.

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Sobre la presentación del Consejo de Defensa, el diputado Romero admitió tener conocimiento, pero descartando categóricamente responsabilidad alguna de él o su equipo de trabajo cuando fue alcalde de Coronel.

Por eso, agregó, y no obstante no haber sido citado a declarar, entregará voluntariamente su testimonio, y si es necesario -se comprometió- renunciará al fuero parlamentario, de manera de facilitar la investigación del Ministerio Público.

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En la presentación del Consejo, se pide una serie de diligencias, entre ellas identificar a los funcionarios municipales relacionados con los fondos PMU entre los años 2012 y 2016, y tomarles declaración, sólo mencionando a algunos, pero no a quien fuera el alcalde en ese período.