La Fiscalía Regional de Los Lagos, ha instruido el inicio de un sumario administrativo para tres funcionarios del Ministerio Público de Osorno para esclarecer eventuales incumplimientos de protocolos institucionales respecto a la recepción de denuncia y manejo de evidencias por el caso torturas en el Hospital de Osorno.
Esto, luego de las declaraciones cruzadas entre la dirección del recinto asistencial y la Fiscalía de la capital provincial, quienes difieren con las fechas de presentación de denuncia y el conocimiento de los videos.
El primero de ellos -correspondiente a la dirección del Hospital de Osorno-, confirmó la presentación de denuncia el año pasado, con todos los antecedentes y un dispositivo de almacenamiento digital entregado como evidencia, el que no habría sido ingresado ni resguardado conforme a los protocolos del Ministerio Público.
En ese sentido, el director (s) del recinto asistencial, Julio Vargas, precisó que “el Ministerio Público da por tomado los antecedentes el 5 de junio del 2024”, asegurando que en esa carpeta iban todos los registros que se conocieron.
Por su parte, la fiscal María Angélica de Miguel sostuvo que “Fiscalía tomó conocimiento de estos videos recién el mismo día que aparecieron en la prensa y que fueron difundidos y publicados”.
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Además, la fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, designó a la fiscal Jefa de Río Negro, Ana María Díaz, como fiscal preferente para que continúe liderando las diligencias investigativas respecto a la causa.
A través de un comunicado del Ministerio Público, se informó que la medida “permitirá agilizar las diligencias que restan por desarrollar en este caso y fortalecer las realizadas por el Fiscal Jorge Münzenmayer y funcionarios de la PDI”.
En lo referido al sumario que involucra a los 3 funcionarios de la Fiscalía de Osorno, la misiva precisa que esta investigación interna tiene como propósito “esclarecer sus eventuales responsabilidades por el incumplimiento de los protocolos institucionales sobre la recepción de denuncia y resguardo de evidencia, acciones que impidieron que los fiscales conocieran la existencia del dispositivo”.
El procedimiento administrativo se origina por hechos ocurridos en mayo de 2024, cuando el Hospital de Osorno ingresó una denuncia por tratos degradantes que habrían afectado a un funcionario del recinto.
Según los antecedentes disponibles, un dispositivo de almacenamiento digital entregado como evidencia no habría sido ingresado ni resguardado conforme a los protocolos del Ministerio Público, situación que impidió que los fiscales tomaran conocimiento oportuno del ingreso del aparato.
Eso sí, la investigación administrativa no afecta ni altera el curso de la causa penal, en la cual el pasado 5 de septiembre se formalizó a cuatro imputados por delitos de tortura.
En la audiencia, el Juzgado de Garantía de Osorno dio por acreditada la existencia de los delitos, decretando prisión preventiva para dos imputados y arresto domiciliario total para los otros dos, cautelares que fueron confirmadas por la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Actualmente, la víctima se encuentra recibiendo atención y acompañamiento por parte de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, conforme a los estándares de atención integral del Ministerio Público.