El diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, reveló que la exministra del Interior, Carolina Tohá, sí estaba en la obligación de conocer los informes de los gastos reservados del exsubsecretario Manuel Monsalve.
Esto, luego de obtener el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, el que -acusa- contradice lo señalado ante la Comisión Especial Investigadora por la ahora precandidata presidencial.
El parlamentario -quien forma parte de la CEI- dijo que Tohá “indicó que ella no estaba obligada a conocer los gastos reservados, informarse o verificar que dichos gastos del exsubsecretario del Monsalve hubieran sido adecuadamente utilizados, de acuerdo a los criterios de nuestro ordenamiento jurídico”.
Ante ello, dice que solicitó “en diciembre un pronunciamiento de Contraloría que conocimos en los últimos días, (…) y que dice que la ministra del Interior está en la obligación de conocer los informes de gastos reservados del subsecretario del Interior y todos los antecedentes necesarios y suficientes para verificar que estén en cumplimiento del ordenamiento jurídico”.
“Creo que este pronunciamiento es contundente, es claro, y no deja ni un milímetro para la duda de que no existía la obligación de conocer en qué y cómo estaba usando los gastos reservados el exsubsecretario del Interior por parte de quién fuera ministra del Interior al momento de dichos gastos”, acusó.
La respuesta de Contraloría a Lagomarsino
En concreto, la respuesta de ente contralor señala que “corresponde al Subsecretario/a del Interior en su calidad de jefe/a del servicio y al mismo tiempo jefe/a de la unidad operativa respectiva, “informar por escrito” del uso de los mencionados egresos al Ministro/a del Interior y Seguridad Pública”
“En cuanto al alcance del deber de información, se aprecia que este consiste en la entrega de los informes sobre la utilización de los gastos reservados y de los antecedentes suficientes -atendida la naturaleza de esos desembolsos- que permitan a la autoridad ministerial verificar que los recursos han sido utilizados conforme a ordenamiento jurídico, en el cumplimiento de la finalidad pública para la cual fueron otorgados”, precisa el escrito.