Avanzar en reformas laborales se ha vuelto un imperativo para el oficialismo, al cual le queda poco tiempo en la conducción del poder Ejecutivo.

Con las elecciones presidenciales de noviembre respirando en la nuca de las distintas tiendas, el proyecto de ley que busca eliminar el tope de indemnización por años de servicio avanzó en su discusión en particular al interior de la Comisión del Trabajo de la Cámara, y se espera por parte de los legisladores oficialistas que avance con prontitud al pleno.

Esto, a pesar de ser una iniciativa que no tiene el apoyo público por parte del Ejecutivo ni tampoco mantiene urgencias legislativas.

Además, son varias las críticas del sector privado donde apuntan a mayores complicaciones para la movilidad laboral, mayor carga para las empresas al financiar desvinculaciones o incluso generaría más incentivos para contratar solo a plazo fijo u honorarios.

Proyecto que elimina topa de indemnización por años de trabajo

Recordemos que, actualmente, la legislación establece que, al momento de despedir a un trabajador, el empleador debe pagar un mes de sueldo por cada año trabajado, con un límite máximo de once años.

Así, el proyecto propone eliminar dicho tope, de modo que el cálculo considere la totalidad de los años de servicio prestados por el trabajador.

En este sentido, distintos gremios de pymes y economistas han sido críticos con la iniciativa y advierten de consecuencias que podrían afectar directamente al mercado laboral. Las consideraciones apuntan a que muchas pequeñas y medianas empresas no podrán financiar el despido de trabajadores.

La presidenta de la Unión Nacional de Organizaciones Gremiales UNAPYME, Gianina Figueroa, afirmó que el proyecto podría afectar la movilidad laboral.

Una visión similar mantiene el vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (CONAPYME) Héctor Sandoval, quien apunta a que esta iniciativa no solo afecta la contratación de personas, sino también la productividad de muchas pequeñas y medianas empresas.

El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Máximo Picallo, sostuvo que este proyecto podría resultar en el quiebre de muchas empresas que no serán capaces de financiar la desvinculación de trabajadores.

Por su parte, el economista de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, afirmó que los principales afectados serán quienes comienzan a reintegrarse al mercado laboral, ya que las empresas podrían optar por contratos a honorarios y así evitar grandes gastos en indemnizaciones por años de servicio.

Finalmente, el analista económico de Open BBK y la Universidad Andrés Bello, Alejandro Urzúa, señaló que esta medida podría impactar negativamente al desempleo.

El oficialismo, por su parte, celebró el avance en la Comisión con cinco votos a favor y tres abstenciones. Todo esto en un escenario en donde la tasa de desempleo en el trimestre móvil febrero-abril llegó al 8,8%, con un ascenso de 0,3 puntos de aumento en doce meses.