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Vocera acusa al PS de ocultar nexos con el narcotráfico y saca ronchas en la oposición

Por Jonathan Flores
Con información de Oscar Cáceres.

20 agosto 2019 | 03:54

Sin mediar preguntas, la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, inició ayer lunes su vocería en el Palacio de La Moneda acusando al Partido Socialista de querer generar una cortina de humo para esconder sus vínculos con el narcotráfico, al insistir con una eventual acusación constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cubillos, cuyo libelo acusatorio podría ser ingresado esta semana a trámite en la Cámara de Diputados.

“Ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico”, disparó de entrada la secretaria de Estado.

“¿Por qué se han hecho los lesos durante tanto tiempo? ¿Por qué buscan con cortinas de humo no dar cuenta ante la ciudadanía lo peligroso que puede ser la relación del narcotráfico y el crimen organizado cuando se introduce en el sistema de partidos políticos?”, añadió.

Las declaraciones de la vocera fueron analizadas en el almuerzo del comité de senadores socialistas. El jefe de la bancada, Carlos Montes, acusó un “insulto gratuito” y anunció la decisión de congelar relaciones con el Gobierno hasta que la ministra Pérez aclare sus dichos o, en su defecto, presente los antecedentes de esta denuncia ante la justicia.

Los senadores PS resolvieron la medida por unanimidad, incluyendo a su timonel, Álvaro Elizalde.

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Más tarde, el jefe de la bancada de diputados del PS, Manuel Monsalve, acusó una operación del Gobierno para inhibir a los diputados frente a la posibilidad de iniciar un juicio político contra la ministra de Educación.

Monsalve agregó que no permitirán el ingreso a la Sala o a las comisiones de ningún subsecretario y además no descartó presentar acciones judiciales contra la ministra Pérez.

“Como una guerra sucia, propio de la dictadura, no propio de los gobiernos democráticos. Es claro que la ministra vocera de Gobierno encabeza una operación del presidente Piñera que busca intimidar y limitar las facultades que tiene el parlamento”, manifestó.

Desde otras colectividades de la oposición como el Partido Radical y el PPD respaldaron la reclamación socialista y el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, aseguró que los dichos de Pérez desvirtúan los llamados al diálogo y los acuerdos a los que ha querido convocar el Gobierno.

“Quiero acompañar al PS en las acciones que quiera emprender en contra de la vocera y creo que si el Gobierno quiere mantener una política de diálogo, de conversación, lo mínimo que tiene que hacer es que la ministra presente excusas, ofrezca disculpas por un ataque que es absolutamente sin criterio”, subrayó el falangista.

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“No existe ningún fundamento ni justificación para que una autoridad de gobierno ministro use un lenguaje ofensivo, descalificatorio y calumnioso en contra de una colectividad política. Sus declaraciones dañan nuestra democracia”
- Partido Radical.

Más duro aún fue el Partido Radical, que mediante una declaración pública manifestó su rechazo categórico a las expresiones utilizadas por Cecilia Pérez, por las cuales derechamente exigieron su salida del Gobierno.

“No existe ningún fundamento ni justificación para que una autoridad de gobierno ministro use un lenguaje ofensivo, descalificatorio y calumnioso en contra de una colectividad política. Sus declaraciones dañan nuestra democracia”, remarcó el texto.

“La Mesa Directiva Nacional del Partido Radical exige la renuncia de la ministra Cecilia Pérez, por cuanto consideramos que, con sus declaraciones, se ha inhabilitado para el ejercicio del cargo”, apuntaron.

Más tarde, el ministro Segpres Gonzalo Blumel se reunió con el senador Alfonso de Urresti para coordinar la agenda legislativa de esta semana en el Senado, instancia en la que el legislador del PS, como reconoció el propio Blumel, le representó la molestia socialista por las declaraciones de la minitra Pérez.

Con todo, la decisión se mantendrá hasta que la secretaria de Estado presente los antecedentes ante los tribunales de justicia y, además, para que ésta investigue los dichos.