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  • Ayer el tribunal de alzada acogió una orden de no innovar presentada por el asesor y el fiscal del Ministerio Público Sur, Roberto Contreras y Patricio Rosas, respectivamente. Ambos enfrentan cargos en una investigación interna, luego que fueran descubiertos junto al secretario del Senado, Raúl Guzmán, comiendo en un restaurante de mariscos en medio de la cuarentena. El padre de Contreras es Roberto Contreras, quien funge como ministro de esa instancia judicial. Nueve de sus colegas, un abogado integrante y una fiscal judicial se inhabilitaron para conocer de un recurso de protección y hubo otros que modificaron sus votos con los mismos antecedentes. Contreras hijo y Rosas argumentaron que tenían muy poco plazo para responder al sumario, lo que afectaba el debido proceso, como también que tenían mala conexión a internet en los barrios donde viven. La historia llena de particularidades, la revela la Unidad de Investigación de radio Bío Bío.

    Roberto Contreras y Patricio Rosas, asesor y fiscal del Ministerio Público Sur, respectivamente, se encuentran suspendidos de sus funciones por una investigación disciplinaria, luego que fueran descubiertos junto al secretario del senado Raúl Guzmán, almorzando en un restaurante de mariscos en plena cuarentena a mediados de año.

    A raíz de este hecho serían formalizados por la Fiscalía Regional de Concepción por violar las normas sanitarias. Sin embargo, el pasado miércoles 11, los tres lograron que el Tribunal Constitucional (TC) paralizara el trámite hasta nuevo aviso. Hasta allí, es historia conocida.

    Roberto Contreras es, al mismo tiempo, hijo de Roberto Contreras, quien funge como ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel y quien ha figurado en varias quinas para llegar a la Suprema. En ese tribunal de alzada, el pasado 2 de noviembre, Contreras junior interpuso junto a Rosas un recurso de protección para suspender el plazo de contestación de cargos, decretado por el fiscal del sumario interno, Christian Toledo. A diferencia de la arista penal, donde contrataron a destacados penalistas del foro, en la Corte de San Miguel se autorepresentan.

    La tramitación del escrito tuvo una serie de particularidades. La primera es que fue declarado inadmisible el 3 de noviembre con los votos de mayoría la ministra María Teresa Díaz y Adriana Sottovia, mientras que el voto disidente fue del la magistrado Luis Sepúlveda, quien estimó que podía existir una vulneración de derechos constitucionales.

    El 4 de noviembre, Contreras y Rosas presentaron una reposición para que el recurso de protección fuera admitido y al mismo tiempo solicitaron una Orden de No Innovar (ONI) para detener la tramitación del proceso administrativo que sustancia Toledo.

    El 5 de noviembre, en tanto, Sepúlveda y el abogado integrante Carlos Castro, resolvieron en una nueva revisión que el recurso de protección debía ser tramitado, nuevamente con el voto en contra de Sottovia, quien estimó que este último escrito no modificaba la inadmisibilidad decretada previamente.

    Sin embargo, el 6 de noviembre, se inhabilitaron para conocer la presentación las ministras Sylvia Pizarro, Claudia Lazen, Carmen Gloria Escanilla, Ana Cienfuegos Barros, María Soledad Espina y la fiscal judicial Tita Aránguiz, quienes estimaron que el abogado de la Fiscalía Sur Roberto Contreras “es hijo de un Ministro que ejerce funciones en esta Corte (…), circunstancia que (…) afecta la debida imparcialidad que se requiere”.

    Ese mismo día el presidente del tribunal de alzada sanmiguelino, Carlos Farías, envió la ONI a la Cuarta Sala.

    El 7 de noviembre las ministras, Carolina Catepillán, Liliana Mera y el abogado integrante Adelio Misseroni Raddatz, también se inhibieron de participar en la vista del recurso de Contreras hijo.

    A los anteriores se sumaron las juezas Díaz y Sottovía porque habían revisado la admisibilidad del caso. En total, nueve de los 17 ministros en ejercicio evitaban analizar la presentación.

    El caso siguió su curso y el 9 de noviembre, las magistradas de la Segunda Sala no inhabilitadas, María Teresa Letelier, María Pizarro y Dora Mondaca rechazaron la ONI.

    El 11 de noviembre Contreras y Rosas volvieron a la carga e ingresaron un nuevo recurso de reposición para que la Orden de no Innovar fuera vista por otros magistrados.

    Pues bien, el 17 de noviembre las juezas Letelier y Pizarro cambiaron el voto emitido ocho días antes y junto al abogado integrante Carlos Castro -quien había emitido opinión previa a favor de los recurrentes- esta vez dieron luz verde a la ONI.

    En los próximos días la Fiscalía Sur deberá evacuar un informe a la Corte de San Miguel y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) patrocinaría al Ministerio Público en los alegatos.

    Mala conexión

    Parte de los argumentos que Contreras y Rojas esgrimieron en su presentación, es que la compañía proveedora de internet ha presentado problemas “cuestión que nos ha impedido mantener comunicación con terceros adecuadamente por los medios actualmente disponible como zoom”.

    “Lo anterior se traduce en una conectividad débil, especialmente en reuniones telemáticas, situación que nos expone a no poder buscar o elegir abogado o abogada para nuestra adecuada defensa y preparar de manera pertinente nuestros descargos, redundando en una afectación al derecho”.

    Arguyeron también que la indagatoria administrativa que el fiscal Toledo tiene 29 tomos, alegando que este último no les había entregado una copia material. “En efecto (en) nuestros hogares carecemos de medios adecuados para imprimir un expediente de esta envergadura”, concluyen.

    Rosas vive en la comuna de Ñuñoa, tal como lo informó en el recurso de protección, en una calle de casas tradicionales con patio y entrada de auto. Su sueldo asciende a casi $6 millones, de acuerdo a la tabla de sueldos que publica la Fiscalía Nacional.

    Contreras en tanto, reside en un barrio acomodado de la comuna de Providencia. Gana mensualmente una cifra que supera los $5 millones.

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