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  • La fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, hizo una investigación puntillosa para demostrar que el más alto funcionario de la Cámara Alta violó la cuarentena el 25 de junio de 2020, almorzando en un restaurante de San Miguel, cuya especialidad son los locos. Lo hizo sin mascarilla ni respetar el distanciamiento social junto al fiscal y el asesor de la Fiscalía Sur, Patricio Rosas y Roberto Contreras, respectivamente, cuando la Región Metropolitana se encontraba en cuarentena y reportaba más de 236 mil infectados y 5 mil 190 fallecidos. Documentos, una “comanda” desconocida, la incautación de una computadora, fotografías del local, imágenes de varias cámaras de seguridad, constan en la carpeta de investigación a cargo de la perseguidora penal. Órdenes de investigar de la PDI y fotografías inéditas las revela en exclusiva la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    A mediados de julio los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bidema), llegaron hasta el restorán “Loyola”, ubicado en San Miguel, donde el 25 de junio el secretario de la Cámara Alta, Raúl Guzmán, fue fotografiado comiendo sin mascarilla ni guardando la distancia física, junto a dos funcionarios del Ministerio Público Sur. Lo hacía junto al fiscal Patricio Rosas y el asesor Roberto Contreras cuando la comuna se encontraba en cuarentena y la Región Metropolitana reportaba más de 236 mil infectados y 5 mil 190 fallecidos.

    La diligencia derivó de la orden emitida por la fiscal regional penquista, Marcela Cartagena, para fijar el sitio del suceso en la carpeta de investigación bajo el artículo 318 del Código Penal, luego que los mencionados quedaron al descubierto cuando la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reveló la imagen el 7 de julio de este año.


    Pie de foto: Esta es la foto del 25 de junio

    Los policías recorrieron el local de mariscos de punta a cabo y registraron en imágenes el comedor, la cocina, la entrada e incluso la oficina. En medio de documentos, boletas, facturas, un computador y una pantalla, descubrieron una “comanda” escrita a mano que decía: “Secretario Guzman. Senado. Y Roberto Contreras Asesor del Ministerio Público”.


    Pie de foto: Este es el papel descubierto por la PDI

    Los detectives tenían claridad que los asistentes fueron captados a las 13.30 horas del 25 de junio, por lo que pidieron al dueño del Loyola la copia de las cámaras del local.

    Sin embargo, el requerido les indicó que ese día solo grabó a contar de las 20 horas. Acto seguido, los policías incautaron el computador y lo enviaron al Cibercrimen de la PDI para la pericia de rigor. Allí podría estar lo que buscaban.

    “De igual forma, se inspeccionaron las dependencias del local comercial constatando que uno de los salones mantenía características similares a la fotografía publicada en el reportaje, emitido por (…) biobiochile.cl (…)”, se lee en el informe 30061003 del 6 de agosto del presente año.

    “Se hace presente (…) que el sitio del suceso estaba alterado, por cuanto se constató la presencia de personas realizando labores de remodelación”, señala el documento policial firmado por el comisario Héctor Chaura.

    Lea el documento de la PDI

    Suma y sigue

    Pero no eran los únicos aparatos para obtener imágenes de los momentos previos y posteriores al almuerzo de Guzmán, Rosas y Contreras. Los investigadores accedieron a las cámaras de la Municipalidad de San Miguel y las de un edificio cercano, video revelado por TVN hace un par de semanas.

    Al analizar las grabaciones, la PDI estableció que Rosas, Contreras y el secretario del Senado, estuvieron almorzando “1 hora y 45 minutos”. Las características, se acreditó, eran coincidentes con quienes estaban en la fotografía publicada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío. También el Subaru con baliza de propiedad del Senado, en que arribó Guzmán.

    Cartagena requirió información al Senado para conocer si este último contaba con el permiso o una autorización para manejar durante la cuarentena dictada por la autoridad sanitaria.

    A través del oficio SG-107/2020, el prosecretario de la Corporación Roberto Bustos Latorre, respondió que el Poder Legislativo “no ha emitido ninguna regulación especial interna al efecto”. En otras palabras, Guzmán podría moverse -a diferencia del chileno de a pie- a su total arbitrio.

    Y agrega la respuesta: “El secretario del Senado no tiene una agenda pública de sus actividades, ni estas como jefe superior del servicio son registradas formalmente (…)”.

    Hay que recordar que al ser consultado por este medio, Guzmán explicó que concurrió al lugar a buscar productos que había comprado, desplazándose más de 18 kilómetros desde su casa en San Carlos de Apoquindo, pasando por 26 pórticos de la autopista concesionada. El primero a las 12.10 pm, mientras que el último a las 14.56 de la tarde cuando regresó.

    Vea el registro obtenido por la PDI

    “Cada vez que he salido de mi domicilio, lo he hecho con los permisos y comunicaciones pertinentes o en razón de necesidades de mis funciones. También entiendo que los establecimientos de delivery o venta de alimentos pueden funcionar, por tratarse los alimentos de un elemento esencial”, indicó para el reportaje.

    Hay que recordar que en su explicación a los senadores, el 9 de julio, indicó que había concurrido a buscar libros de Derecho Constitucional, pero cuando abandonó el restaurante Loyola junto a Rosas y Contreras ninguno portaba algo en sus manos, de acuerdo a las imágenes obtenidas por la PDI.

    Pie de foto: Guzmán abandona el recinto y mira a una cámara de seguridad

    “Respecto de la sesión del 9 de julio en curso, en relación a los antecedentes publicados en medios de comunicación la Honorable Comisión de Régimen Interior acordó no adoptar medida alguna hasta el término de los procedimientos en curso”, sigue el oficio enviado por el Congreso a la fiscal Cartagena.

    Lea el oficio completo

    ¿Pero qué ocurrió cuando los funcionarios públicos abandonaron el local? Para acreditarlo, la fiscal Cartagena le solicitó al jefe del Ministerio Público Sur, Héctor Barros, copia de los planos del edificio ubicado en Gran Avenida donde funciona el organismo perseguidor.

    Agregados a la carpeta de investigación, la PDI descubrió que Rosas trabaja en el tercer piso, mientras que Contreras en el sexto. A lo anterior, la fiscal regional del Bío Bío requirió una copia de las grabaciones de las cámaras del recinto.

    Según los informes policiales, Contreras y Rosas llegaron desde el Loyola en el Ford hatchback de este último a las 14:53 horas, estacionándose “de manera aculatada”. Subieron a sus respectivas oficinas y se retiraron cada uno en su vehículo pasadas las 19.30 pm.

    Vea las fotografías

    Tanto el fiscal Rosas como el asesor Contreras contaban con un permiso colectivo. El primero para desarrollar trabajo presencial, mientras que el segundo desde su casa, tal como consta en los documentos a los que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío. (341-351)

    Vea los documentos

    Independiente del recorrido que realizó Guzmán, la fiscal Cartagena solicitó nuevamente información al Senado. En el oficio 113-2020 el prosecretario de la Corporación, Roberto Bustos, explicó al Ministerio Público que, respecto del auto institucional, “no existe documento que dé cuenta del recorrido y conductor de dicho vehículo institucional”.

    Lo particular de la respuesta, es que la Contraloría -en dictámenes y auditorías- ha señalado que todo vehículo fiscal debe obligatoriamente contar con una bitácora. El problema es que el organismo de control por ley no puede fiscalizar los recursos del Poder Legislativo.

    Vea el oficio

    Como sea, la fiscal Cartagena ya tendría la convicción de formalizar a Rosas, Contreras y Guzmán por infringir el artículo 318 del Código Penal, que se aplica a quienes violan la cuarentena.

    No será un caso fácil cuando impute cargos ante el Undécimo Juzgado de Garantía de San Miguel donde se encuentra incoada la causa. Como defensa tienen a reputados abogados del foro.

    El pasado 5 de agosto el fiscal Rosas designó a los profesionales Waldo Bown y Christian Bawlitza, mientras que Contreras contrató los servicios del estudio de Juan Domingo Acosta. Guzmán, en tanto, es defendido por Eduardo Camus, un respetado litigante estatal.

    Actualmente los empleados de la fiscalía se encuentran suspendidos de sus funciones, a raíz de una investigación disciplinaria que sustancia el perseguidor Christian Toledo.

    A lo anterior, se suma la resolución dictada por la Seremi de Salud Metropolitana en contra de todos los comensales, que aplicó una multa de 2 millones 500 mil pesos a cada uno, previo sumario sanitario. Lo propio ocurrió con e local que hoy está funcionando.

    Se trata de una historia que comenzó a escribirse en la pandemia del Covid-19 que de seguro ninguno de los imputados olvidará.

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