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  • El documento de 54 páginas refiere a las acciones que ha tomado el gobierno para evitar las violaciones a los derechos fundamentales. No obstante, al referirse a las municiones antidisturbios usadas por la policía uniformada, evitó referirse a que estas últimas tienen un 20 % de goma y el otro 80% estaban compuestas por bario, plomo -dañino para la salud- y silicio, tal como estableció un informe de la Universidad de Chile, reconocido por el general director Mario Rozas. El documento llegó el 3 de enero a Ginebra y que revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    El pasado 3 de enero, el Estado chileno ingresó la respuesta a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, luego del “llamamiento urgente” que hiciera el organismo el 5 de noviembre de 2019, atendidas actuaciones cometidos por miembros de miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros en contra de la población civil.

    En 54 páginas el gobierno refiere con detalle todas las medidas adoptadas -en ministerios y servicios- para evitar violaciones de derechos fundamentales entre otros. Sin embargo, en el acápite referido a la munición antidisturbios de Carabineros, se indica que los perdigones usados en escopetas calibre 12 son “de goma”.

    Lea el documento a la ONU

    De esta manera, olvidó entregar un detalle clave que fue revelado en un estudio preparado por los doctores del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, Rodrigo Palma y Patricio Jorquera: las bolas que portan los cartuchos solo contienen un 20 % de goma y el resto se compone de plomo -dañino para la salud- silicio y sulfato de bario.

    Lea el informe de la Universidad de Chile.

    Los cartuchos, señala el documento, son vendidos desde 2005 por la empresa Tec Harseim.

    La respuesta chilena también obvió que el general director de Carabineros, el 19 de noviembre reconoció que la composición de los perdigones se alejaba de los protocolos institucionales. Eso sin contar que desde 2012 la policía uniformada, a través de un informe preparado por el Laboratorio de Criminalística (Labocar)- tenía perfecta claridad que estos balines podrían producir daños oculares severos e incluso la muerte, como reveló Ciper Chile.

    Lea el informe del Labocar.

    Las víctimas

    El informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) lanzado hace pocas semanas, estableció que hasta ahora son más de 16 han sufrido “estallido ocular” por acción de esta munición “no letal”; Más de cinco con pérdida la visión en uno o dos de sus ojos, lo que da una cifra total de una cifra cercana a las 300 víctimas.

    Lea el informe del INDH

    Hay que recordar que la solicitud de responder a la ONU se debió a las conclusiones que informó la expresidenta Michelle Bachelet a cargo de la sección de Derechos Humanos del organismo internacional a mediados de diciembre, luego de una visita inspectiva previa de profesionales del mismo.

    Independencia

    En síntesis, La Moneda sostuvo en el “informe respuesta” que las instituciones encargadas de perseguir y sancionar los delitos -Ministerio Público y Poder Judicial- han actuado con la independencia de un Estado democrático.

    Asimismo, indica la presentación, los programas del Ministerio de la Mujer para evitar de abusos policiales se han desarrollado conforme a las normas del derecho internacional.

    Se indica que desde el 18 de octubre, cuando comenzó el estallido social, el organismo inició una serie de medidas de resguardo para la “integridad de las mujeres”.

    No obstante, de acuerdo a publicaciones de prensa, ello ocurrió en noviembre. De hecho, la titular de la cartera, Isabel Plá, ha sido duramente criticada porque nunca visitó a las afectadas por la violencia policial ya sea en comisarías y hospitales.

    En sus conclusiones, el informe sostuvo que “el gobierno ha garantizado el derecho a reunión y manifestación pacífica”.

    “El gobierno ha tenido una preocupación permanente por el cumplimiento de los protocolos sobre el uso de la fuerza en contextos de control del orden público y por la transparencia de la información en la situación de excepción que ha vivido en país”, se lee en el documento.

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