Fotografía: Hans Scott | Agencia UNO

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  • La determinación de Martínez se basó en dos documentos “reservados” y que fueron allegados hoy al Ministerio de Defensa. Ello en el marco una política en contra de prácticas ilegales al interior de órgano castrense, que hoy soy investigadas por la ministra en visita Romy Rutherford, donde hay una serie de exaltos oficiales sometidos a proceso por fraude al fisco. “Si producto de las infracciones administrativas detectadas, funcionarios de la institución han percibido indebidamente o en exceso beneficios pecuniarios correspondientes a sus derechos de pasajes y fletes, (...) ellos se encontrarían en la obligación de restituir tales excesos”, se lee en el informe reservado del Estado Mayor General del Ejército (EMGE), fechado el 26 de abril pasado. Otro, emanado el 8 de mayo, establece que deben crearse cuentas bancarias para que los dineros sean depositados. Ambos documentos los revela Radio Bío Bío.

    El comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, ordenó que todos los militares que hayan recibido dinero de forma ilegal, ya sea en compra de pasajes al extranjero como uso de fletes, sean devueltos a la institución.

    La determinación de Martínez se basó en dos documentos “reservados” a los que tuvo acceso exclusivo Radio Bío Bío y que fueron allegados hoy al Ministerio de Defensa. Ello en el marco una política en contra de prácticas ilegales al interior de órgano castrense, que hoy soy investigadas por la ministra en visita Romy Rutherford, donde hay una serie de exaltos oficiales sometidos a proceso por fraude al fisco.

    “Si producto de las infracciones administrativas detectadas, funcionarios de la institución han percibido indebidamente o en exceso beneficios pecuniarios correspondientes a sus derechos de pasajes y fletes, no encontrándose actualmente sujetos a proceso o medidas cautelares, ellos se encontrarían en la obligación de restituir tales excesos”, se lee en el documento del Estado Mayor General del Ejército (EMGE), fechado el 26 de abril pasado.

    La conclusión anterior, dijeron fuentes castrenses, va en la línea del discuro pronunciado por Martínez el pasado 9 de abril en el regimiento Buin. En la oportunidad, el alto oficial resalto conceptos como el “honor militar”, el que se ve mellado gravemente cuando existen actos de corrupción.

    Y destaco: “A partir de esta condición intransable, asumimos que todos nuestros actos, públicos y privados, tienen efectos en la imagen institucional y en la confianza que el país ha depositado en su Ejército, lo que nos obliga a observar estrictos estándares de austeridad, probidad y transparencia”, dijo.

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    Sin mencionarlo de forma directa, el informe preparado por el coronel José Miguel Alvarado, titular del Departamento de Control Interno del EMGE, responsabiliza a los excomandantes en jefe, a los directores de personal, entre otros, de haber faltado gravemente a su labor de control y así evitar que se produjeran los delitos que hoy indaga la magistrada Rutherford.

    “La presente investigación (interna) ha determinado que el jefe de la Sección Pasajes y Fletes durante 2009, el coronel Luis Podestá, realizó esfuerzos serios y verosímiles para informar al mando de las dificultades críticas que presentaba frente a los principios de probidad y transparencia la forma de pago (…) a los comisionados al extranjero”, sigue el informe.

    Lo particular, comentaron fuentes militares que conocieron del episodio, es que Podestá fue llamado a retiro durante el mando del exgeneral Juan Miguel Fuente-Alba, ya que se no se compartió su criterio en materia de la probidad.

    Actualmente, Fuente-Alba, se encuentra procesado y en prisión preventiva por malversación de caudales públicos por más de 3.000 millones de pesos, ya que mantuvo una vida de lujos con dineros estatales, entre ellos viajes a Europa a los mejores hoteles de París y compras millonarias de su esposa Anita Pinochet. En paralelo, Fuente-Alba será formalizado por lavado de activos por la Fiscalía Centro Norte.

    Los informes establecen, en materia de responsabilidad administrativa, que pudieron existir casos donde militares desconocieran que la práctica de usar parte del valor de los pasajes para viajar -por ejemplo, a Punta Cana con su familia- fuera ilegal.

    Aún cuando lo anterior es poco probable, el Ejército reconoce que hubo “abusos evidentes”, toda vez que existió “connivencia” de las autoridades internas que permitieron que ello sucediera sin siquiera ponerle coto.

    Cuentas bancarias

    El segundo documento, preparado por el auditor general del Ejército, Rodrigo Sandoval, analizó el realizado por el EMGE, apunta en la misma línea, pero recomendó que la Tesorería institucional habilite “cuentas (bancarias) necesarias para recibir las cantidades cuya causa se invoca”.

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    El criterio del Ejército, al menos hasta ahora, es que la devolución por parte de las agencias de viajes que iban al bolsillo de los oficiales, era una práctica que venía de hace muchos años. Y que, al respecto, incluso hubo uniformados que no tenían cómo negarse a devolver la plata a las arcas fiscales, atendido a que no existían mecanismos para ello.

    Como sea, ambos documentos -con esta nueva política que busca implementar Martínez- serán agregados al estudio que prepara la cartera de de Defensa. Ello con el fin de evitar nuevas faltas a la probidad de personal castrense.

    En cualquier caso, el criterio de la ministra Rutherford es distinto. La magistrada, durante el último año ha procesado a coroneles y generales por fraude al fisco por apropiarse del dinero, no pudiendo menos que saber -estos últimos- que se trataba de un delito.

    Entre los que destacan está John Griffiths, exnúmero dos del Ejército, quien renunció a la institución, cuando la magistrada lo encausó en 2018. El dictamen judicial estableció que viajó por Europa con fondos institucionales, donde se reunió incluso con el extitular del Ejército, el general Humberto Oviedo.

    Este último, antes de que Rutherford lo someta a proceso por los mismos delitos que los otros exoficiales, recurrió al Tribunal Constitucional (TC) para evitarlo. La presentación está pendiente y aún cuando el organismo podría paralizar la investigación por un tiempo, todo indica que Rutherford lo encausará, sumando un segundo comandante en jefe a la lista.

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