Fotografía: ARCHIVO | Cristobal Escobar | Agencia UNO

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  • El encausamiento dictado el pasado 11 de diciembre de 2018 por la Fiscalía Militar de Concepción en contra del exjefe de la sección Haití del Comando de Operaciones Terrestres, Óscar Munizaga, era hasta ahora un secreto bien guardado en el Ejército. El ahora exoficial está inculpado de haberse quedado con más de 6.000 dólares destinados al pago de los los traslados al interior del país insular de una serie de efectivos. Los hechos materia de la investigación fueron analizados por la Corte Marcial el 18 de enero pasado, cuando le otorgó la libertad a Munizaga, quien estuvo preso por casi un mes en el regimiento Arica de La Serena. El dictamen del tribunal de alzada castrense le ordenó al perseguidor militar Fernando Grandón evaluar su continuidad en la indagatoria, ya que los hechos son similares a los que investiga la ministra en visita del caso Milicogate, Romy Rutherford. La magistrada, que ya posee una copia íntegra del expediente, asumirá la competencia en los próximos días y sumará esta causa al cuaderno separado conocido como “misiones de paz”. En el proceso consta también la investigación interna del Ejército y cómo Grandón intentó en 2018 -sin éxito- sobreseer la causa pese a las pruebas que tenía a la vista. Esta misión de paz le costó al Estado de Chile más de 170 millones de dólares. La historia la revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    Casi 6 mil 500 dólares se embolsó para fines personales el comandante (r) de Operaciones Internacionales, Óscar Felipe Munizaga Donoso, pertenecientes el ítem pasajes que debían recibir -entre 2013 y 2015- una serie de efectivos que participaron de las Misiones de Paz de la ONU en Haití.

    La información consta en el auto de procesamiento que dictó el pasado 11 de diciembre de 2018 el fiscal militar de Concepción, Fernando Grandón, por el delito de fraude al Fisco en contra de Munizaga, donde se detalla la operatoria usada para apropiarse de los fondos, tal como lo revela el expediente al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    “Se encuentra legalmente justificado (…) que entre los meses de junio y diciembre de 2013, un funcionario público integrante del Ejército de Chile fue designado por el Comando de Operaciones Terrestres (…) con la misión de recibir el dinero para compra de pasajes internos (…) derivados de las Comisiones a Haití (…) desde la agencia privada Viajes Andina del Sud, dineros que anteriormente eran entregados (…) por el Ejército de Chile”, se lee en la resolución.

    Agrega el dictamen judicial: “Que, en efecto, dentro de los dineros que recibió se cuentan los correspondientes a “excesos de equipaje” los que sumaron en dólares a la fecha de 21 de junio de 2013, la cantidad de 1.980 dólares y al nueve de diciembre la cantidad de 4.500 dólares, todo según recibos de dinero firmados y reconocidos por (el) funcionario, dineros que además nunca fueron entregados por él a los (…) destinatarios causándole al Estado una pérdida y perjuicio en su patrimonio”.

    De acuerdo al expediente, la agencia de viajes Andina del Sud hacía una cotización de cuánto costarían los pasajes para los traslados dentro de Haití y se le enviaba al Ejército, que a su vez emitía la orden de compra por el valor correspondiente.

    La fórmula se utilizaba por entonces, ya que no existía otra posibilidad de adquirir esos tickets desde Chile. Ello se debía a que los sistemas informáticos con los que operaban las firmas del rubro a nivel mundial, no existían por esos años en el país de América Insular.

    Hay que recordar que esta misión de paz movilizó a 12 mil uniformados y el desembolso para el Estado de más de 170 millones de dólares durante 13 años.

    Detención

    Luego de procesar a Munizaga y atendida la gravedad del delito, el fiscal castrense Fernando Grandón ordenó su inmediata prisión preventiva. Acto seguido exhortó a su par de La Serena (IV Región) para que exoficial quedara detenido en el regimiento Arica de esa ciudad.

    Aún cuando Munizaga solicitó la libertad al perseguidor, este último la negó. Luego apeló de la determinación a la Corte Marcial en Santiago, pero al no contar con abogado defensor, se mantuvo su detención.

    Munizaga insistió semanas más tarde en su petición ante el tribunal de alzada castrense que el 15 de enero de 2019 le concedió el beneficio procesal.

    Sin embargo, en la determinación judicial se le ordenó al fiscal Grandón evaluar su competencia para seguir conociendo la causa. Y esto, porque la ministra en visita Romy Rutherford, quien sustancia el caso Milicogate, mantiene abierta una investigación, respecto a delitos cometidos por militares con las misiones de paz en Haití.

    Hace algunos días, la magistrada recibió de parte de la Corte Marcial una copia íntegra de la causa donde está procesado Munizaga y en los próximos días, asumirá la competencia del caso. Lo anterior, porque Munizaga logró apropiarse del dinero a través de la empresa viajes Andina de Sud.

    Se trata de la misma firma que aparece en otra de las aristas que indaga la magistrada conocida como “agencias de turismo”. En esta cuerda separada la ministra tiene acreditado que altos oficiales del Ejército cambiaban pasajes institucionales en las empresas Turavión, Cocha, entre otras, por unos de menor valor, lo que les permitió a varios realizar periplos por Europa, Disney y Punta Cana, como también recibir miles de dólares en efectivo.

    Por estos últimos hechos, actualmente se encuentran encausados varios generales en retiro, entre ellos el exjefe del Estado Mayor del Ejército John Griffit.

    Rutherford es la misma jueza que sometió a proceso y mantiene detenido al excomandante en jefe del Ejército, Juan Manuel Fuente-Alba, por el delito de malversación de caudales públicos por más de 3.000 millones de pesos mientras estuvo en el cargo, con los que se dio una vida de lujos.

    Sin éxito

    Los hechos que deberá indagar la ministra Rutherford quedaron al descubierto a mediados de 2015, luego que un militar comprobó que el dinero para los pasajes dentro de Haití nunca se entregó.

    Por esa razón, el general Luis Farías Gallardo, comandante de Operaciones Terrestres, ordenó una investigación sumaria que concluyó en octubre del mismo año con una dura sanción administrativa para Munizaga y su posterior retiro del Ejército.

    El caso quedó posteriormente en manos del fiscal Grandón que mantuvo durante casi tres años abierta la causa, dictando en mayo de 2018 el sobreseimiento temporal, dejando a Munizaga fuera de toda sospecha, pese a tener pruebas para inculparlo.

    La determinación llegó hasta el juez militar con asiento en Valdivia que revocó la resolución y ordenó a Grandón realizar una serie de diligencias y procesar a Munizaga por fraude al Fisco.

    No son las primeras anomalías relativas a la misión de Chile en Haití descubiertas en el último tiempo. Varias de ellas fueron acreditadas por la Contraloría en ocho indagatorias, tal como lo reveló este medio en junio de 2017, hecho que demostró falta de control en el uso de los recursos públicos.

    El azar

    El teniente coronel Juan Pablo Díaz Parada, participó en la Misión de Paz de Chile en Haití entre el 23 de abril al 3 de mayo de 2015, como oficial delegado del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF) en el rubro inventario, habitabilidad y bienestar.

    El 4 de mayo del mismo año, Díaz Parada se presentó a trabajar en su oficina del CAF. A los pocos minutos se dirigió al café del Edificio Bicentenario del Ejército y se encontró con camaradas del Comando de Personal (COP) a cargo de la Sección de Pasajes y Fletes (SPF) y de la Dirección de Finanzas (DIFE). De comentario en comentario, supo que la institución había destinado recursos para que los militares que estaban en Haití pudieran pagar los vuelos dentro de ese país.

    El oficial notó que algo no encajaba, porque semanas antes de partir a Puerto Príncipe, el comandante Munizaga le informó que dichos traslados debían cancelarse con el viático que cada uno de los efectivos recibía y que el gasto les sería devuelto a su regreso.

    Díaz Parada se dirigió de inmediato a la SPF y con la agencia de viajes Andina del Sud confirmó lo que a esas alturas ya sospechaba. De inmediato dio aviso a sus superiores y encaró a Munizaga. Este último, de acuerdo al expediente, le entregó una “versión poco creíble”, señalándole que el dinero lo había retirado un suboficial y que poco y nada sabía de la situación.

    Acto seguido conversó con la capitana Carolina Ramadanovich, quien fungió como la oficial de finanzas para esa misma misión en Haití, pero la mujer también carecía de información.

    Con las primeras sospechas, el general Luis Farías Gallardo, comandante de Operaciones Terrestres ordenó realizar una investigación sumaria administrativa y designó como “fiscal en comisión” al coronel Carlos Ricotti Velásquez.

    El oficial inició de inmediato los interrogatorios. Por su despacho pasaron varios oficiales, entre ellos Díaz Parada y Ramadanovich. Los dichos de todos fueron un coro: el comandante Munizaga nunca les entregó el dinero para los pasajes internos en Haití.

    El 31 de julio de 2015 le tocó el turno a Munizaga, quien dijo desconocer los hechos y que nunca recibió dinero de la agencia de turismo.

    El coronel Ricotti le mostró los recibos emanados de la empresa donde se acreditaba la entrega de dinero, pero Munizaga indicó que “la señora que me atendió, me solicitó actualizar, para un tema interno de la agencia, que le pusiera una constancia a los recibos entregados al Ejército, debido a que todo se encontraba sin novedad”.

    Ricotti no creyó un ápice los dichos de Munizaga y el 24 de septiembre de 2015 emitió su dictamen de 20 páginas, donde lo sancionó con -1.50 puntos en el ítem conducta, por su actuar “negligente”, recomendando separarlo de sus funciones como jefe de la Sección Haití del Departamento V de Operaciones Internacionales. A lo anterior, el fiscal administrativo dio por acreditado: “Que, en consecuencia, esta Fiscalía en Comisión, puede establecer que por los dos recibos firmados con medias firmas, se le habría entregado dinero al teniente coronel Munizaga por concepto de exceso de equipaje, por un monto total de 6.400 dólares (…) sin tener antecedentes sobre el destino de estos”.

    El 9 de octubre del mismo año el jefe del COT, general Luis Farías Gallardo confirmó el demérito y agregó tres días de arresto. Asimismo, ordenó reencuadrar a Munizaga “en otro puesto (…) el cual no represente relación con la administración directa de recursos financieros”. A las pocas semanas, Munizaga pasó a retiro.

    Asimismo, ordenó que la realización de un estudio de los procesos financieros a las misiones de paz “que permitan establecer, elaborar y desarrollar procedimientos claros y de rendición de cuentas que se ajusten a las disposiciones estatales e institucionales existentes”. En otras palabras, al interior del Ejército existía desorden y falta de fiscalización con los fondos destinados a las operaciones internacionales.

    Lo particular de la resolución dictada por el general Farías Gallardo, es que a su juicio no se pudo establecer que los recibos emitidos por la Agencia Andina del Sud por 6.400 dólares, estuvieran firmados por Munizaga.

    De todos modos, el alto oficial resolvió enviar los antecedentes a la Fiscalía Militar de Concepción que a las pocas semanas inició una indagatoria criminal para establecer los posibles delitos.

    Obviando pruebas

    El fiscal castrense Fernando Grandón ordenó de inmediato una serie de diligencias a la PDI.

    Los detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) interrogaron en tres oportunidades a Munizaga en la Serena.

    En su primera declaración, que se llevó a cabo el 25 de abril de 2016 lo negó todo. El 16 de agosto mantuvo su versión, pero agregó que no recordaba el nombre de la agencia de viajes. Y respecto del destino del dinero indicó: “No tengo conocimiento de su destino porque no me lo entregó la institución”.

    “No he recibido plata de sobre-equipaje por lo tanto no he hecho ningún tipo de gestión administrativa, documentos, oficios o similar para solicitar dineros (…) situación que no estaba a mi alcance debido a que dichas solicitudes de traslado eran firmados por superiores”, insistió.

    Y el 4 de noviembre del mismo año su declaración varió y le aseguró a los policías que efectivamente recibió dinero de Andina del Sud, pero que había sido utilizado correctamente. “Afirmo categóricamente no haberme apropiado de tales dineros”, declaró.

    Lo que Munizaga no sabía, es que días antes la ejecutiva de la agencia de viajes, Marinita Mincone, había testimoniado ante la PDI.

    La mujer indicó que a Munizaga “se le entregó dinero en efectivo tanto por concepto de pago de tramo aéreo como por concepto de equipaje y su exceso, siendo la facultad de ellos el destinatario (…) lo que le interesaba a la agencia era que recibieran el dinero”.

    Al mismo tiempo Mincone le agregó un nuevo detalle a la policía civil: Munizaga había firmado para recibir la plata y no como un trámite interno de la empresa, como había declarado en varias oportunidades el ahora exoficial del Ejército. “Es absolutamente falso”, explicó la mujer.

    Lo propio dijo Claudia Naveas López, colega de Mincone: “Sí, efectivamente hubo un acuerdo con el Ejército en el sentido de pagar en dinero en efectivo en dólares americanos el equivalente del pasaje aéreo en el tramo interno de Haití de Puerto Príncipe a Cabo Haitiano o bien pago por exceso de equipaje (…) Munizaga siempre actuó como nexo (…)”.

    El 29 de noviembre Munizaga debió sentarse frente al fiscal Grandón donde mantuvo su versión.

    Insólitamente con las contradicciones existentes en la causa, el fiscal Grandón resolvió el 8 de mayo de 2018, es decir casi tres años después, dictar el sobreseimiento temporal de la investigación. En otras palabras, Munizaga quedaba libre del delito de apropiación indebida, pese a que tanto la investigación interna del Ejército y de las declaraciones del expediente, revelaban con claridad que 6.400 dólares se habían esfumado y nadie sabía dónde estaban.

    Grandón elevó el expediente al juez militar con asiento en Valdivia y de seguro esperaba que se confirmara el sobreseimiento, pero no fue así. El 10 de agosto la determinación fue revocada en todas sus partes y se le ordenó realizar una serie de diligencias, entre ellas peritajes caligráficos y declaraciones a personal militar que estuvo en Haití que no constaba en el expediente.

    Al mismo tiempo, la autoridad le indicó a Grandón que debía “actuar con celeridad atendido el tiempo de tramitación de esta causa, debiendo estudiar la situación procesal del imputado, respecto del delito previsto en el artículo 239 del Código Penal”. En palabras simples, Grandón debía procesar a Munizaga por fraude al Fisco.

    Grandón cumplió con lo ordenado y encausó al exoficial por el ilícito ya mencionado el 11 de diciembre del año pasado sin informarle, como manda la ley, al Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidad que defiende los intereses del Fisco.

    Munizaga debió enfrentar su detención en el regimiento Arica de la Serena y no fue hasta enero de este año, cuando la Corte Marcial le otorgó la libertad.

    La resolución del tribunal de alzada castrense incluía dos órdenes. La primera informar al CDE y la segunda, evaluar la competencia sobre la investigación, atendido que la ministra en visita Romy Rutherford, sustancia una causa donde los hechos son similares.

    La semana pasada, la magistrada recibió una copia íntegra de la causa y en los próximos días la integrará en la arista “misiones de paz”. Claro está, se abrirá una Caja de Pandora militar de alcances hasta ahora insospechados.

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